El conflicto de interés en la eventual fusión de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) con Indra estuvo en el punto de mira del Gobierno desde que se comunicó oficialmente en abril de 2025. Cabe recordar que Ángel Escribano, copropietario de EM&E junto a su hermano Javier, asumió la presidencia de Indra en enero de 2025 con una participación entonces del 14,3%, la segunda mayor por detrás de la SEPI (28%).
Así lo reconoció hoy en el Congreso de los Diputados el director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha. “Desde el Gobierno siempre se trasladó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la importancia de asegurar que cualquier conflicto de interés fuera abordado y gestionado de manera rigurosa e impecable”, aseveró.
En este sentido, recordó que, en enero de 2025, el nombramiento de Ángel Escribano como consejero y presidente del consejo fue “por mayoría absoluta” y sin “un solo voto en contra”. Y añadió que no fue hasta abril de 2025 cuando el consejo de administración comunicó oficialmente que estaba estudiando la operación.
SEPI alerta en marzo de 2026
En este contexto, la SEPI, que cuenta con tres consejeros dominicales en Indra, no trasladó hasta marzo de 2026 sus reservas sobre la operación, tal y como expuso su presidenta, Belén Gualda, en la misma Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional.
La presidenta expuso cronológicamente la operación. Recordó que, en diciembre de 2025, el consejo de administración apoyó el encaje estratégico de la potencial operación inorgánica basándose en análisis técnicos de la compañía. Tres meses más tarde el ‘holding’ público trasladó tanto a Indra como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su “preocupación” por el “conflicto de interés” que consideraba que había en la operación, algo que tenía que despejarse “completamente”.
Respecto a la tardanza de la SEPI en mostrar su “preocupación” por el conflicto de interés cuando las circunstancias no habían cambiado, Gualda aclaró que el grupo público se expresó sobre este asunto una vez pudo analizar técnica y jurídicamente la documentación oportuna, tras ser facilitada al consejo de administración. “Les puede parecer tarde, pero es en el momento en el que teníamos elementos para pronunciarnos”, añadió, recordando que el holding “no puede pronunciarse sobre una idea, sino sobre un análisis”.
Ángel Escribano en el punto de mira
Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, rechazó este martes haber ejercido cualquier tipo de presión sobre Ángel Escribano para que abandonara la presidencia de Indra. Durante su comparecencia, aseguró que nunca ha pedido la dimisión de ningún directivo y defendió que “jamás he amenazado a nadie en mi vida”. De la Rocha respondió así a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la salida de la familia Escribano del capital de Indra.
La compañía de defensa EM&E, controlada por los hermanos Escribano, mantenía una participación del 14,3% en la tecnológica y su venta ha generado plusvalías superiores a los 950 millones de euros, de los que se estima alrededor de 200 millones corresponderían a la familia Escribano, informa Europa Press.
En su intervención, el responsable económico de Moncloa subrayó que únicamente mantuvo una conversación con Ángel Escribano y recordó que fue este quien decidió abandonar la presidencia de Indra dos semanas después, una decisión que explicó públicamente mediante una carta. “Jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión, jamás he amenazado ni a él, ni a ningún CEO, ni a nadie en mi vida”, puntualizó.
Unanimidad con Defensa
Manuel de la Rocha negó discrepancias con el Ministerio de Defensa sobre la continuidad del Ángel Escribano al frente de la compañía. “No había discrepancias en los temas importantes, el Gobierno tenía una posición clara en los distintos ministerios involucrados“, señaló. Así, explicó que la posición del Ejecutivo en conjunto “es la que se reflejó” en los órganos de decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), “que es quien traslada la posición del Gobierno en la empresa”.
De este modo, según declaró De la Rocha, el Ejecutivo al completo compartía la visión de que el conflicto de interés existente en la fusión de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) era “determinante” y había que superarlo.
Nombramiento del nuevo CEO
Por otra parte, respecto a la reciente sustitución de José Vicente de los Mozos como consejero delegado de la firma por Josep Maria Recasens, Manuel de la Rocha apuntó que este movimiento “entra dentro del ámbito normal de la empresa”. “Es conocido que llegaba tras tres años a término su mandato y había que tomar una decisión de sustituirle”, recordó.
Asimismo, en cuanto al nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de Indra hace apenas dos meses, De la Rocha declaró que fue propuesto por la comisión de nombramientos “con el visto bueno del Gobierno, y fue nombrado sin ningún voto en contra”. “Yo creo que el señor Simón es una persona con una trayectoria empresarial reconocida y respetada en España”, puntualizó.
Dividendos para SEPI de Indra y Telefónica
Por su parte, Belén Gualda señaló que el ‘holding’ público empresarial ha ingresado 384 millones de euros en dividendos de sus participadas Indra y Telefónica. Así, detalló que, desde 2020, las participaciones minoritarias de SEPI han generado 1.406 millones en dividendos.
En concreto, en Telefónica -10% del capital desde mayo de 2024-, SEPI ha obtenido 340 millones en dividendos. Gualda remarcó que la empresa que preside Marc Murtra desempeña un papel estratégico y constituye un activo “de relevancia sistémica” en sectores críticos como las comunicaciones telefónicas fijas y móviles, Internet, ciberseguridad o Inteligencia Artificial.
Sobre Indra, la presidenta aclaró que en el año 2022 la SEPI elevó del 18% hasta el 28% su peso en la empresa, movimiento que le ha permitido obtener 44 millones en dividendos. Según explicó, esta operación se realizó con el objeto de reforzar la participación pública como accionista de referencia en la compañía.