Belén Gualda pasó en pocos años de dirigir Navantia a controlar el principal holding empresarial del Estado. Ahora, su nombre aparece en el centro del denominado caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz la haya citado como investigada por las actuaciones relacionadas con el rescate público de Tubos Reunidos.
La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales forma parte de un grupo de 25 personas incorporadas a una investigación que analiza presuntas maniobras para influir en ayudas, contratos y decisiones de empresas públicas. Su imputación no supone una condena ni acredita por sí sola que participara en una trama delictiva, pero abre una nueva etapa en un procedimiento que ya afecta a antiguos y actuales responsables de la SEPI.
La paradoja es que Gualda también aparece en la causa como la dirigente cuyo gabinete intentaron controlar colocando a Leire Díez en un puesto de máxima confianza. La maniobra no prosperó, pero muestra el interés que existía alrededor de una institución capaz de decidir sobre miles de millones de euros y empresas estratégicas.
El intento de colocar a Leire Díez en la SEPI
Según los informes incorporados al procedimiento, Santos Cerdán y personas de su entorno intentaron que Leire Díez fuera nombrada jefa de gabinete de la nueva presidenta de la SEPI. El objetivo atribuido a esa operación era “recuperar el control” del holding estatal después del nombramiento de Belén Gualda en marzo de 2021.
El movimiento se produjo en un momento de transición. Vicente Fernández, anterior presidente de la SEPI, había dimitido en 2019 tras quedar investigado en el caso Aznalcóllar. Durante casi dos años, la institución permaneció sin un presidente formal y fue dirigida de facto por el vicepresidente Bartolomé Lora.
La llegada de Gualda alteró ese equilibrio. Las gestiones para situar a Díez en su entorno inmediato no dieron resultado y la futura investigada terminó trabajando en Correos.
Leire Díez nunca llegó a ser jefa de gabinete de Belén Gualda. Ese dato resulta esencial para diferenciar el intento de influencia de un nombramiento que no se materializó.
La investigación sobre el rescate de Tubos Reunidos
La citación judicial de la presidenta de la SEPI no responde directamente a aquel intento de colocar a Díez, sino a las sospechas relacionadas con Tubos Reunidos. La empresa siderúrgica recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La Fiscalía Anticorrupción y la UCO investigan si la presunta trama formada alrededor de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso utilizó contactos políticos y acceso a información interna para favorecer la concesión y las gestiones posteriores del rescate.
También se analiza el posible cobro de comisiones por servicios de intermediación cuya utilidad real está bajo sospecha. Las pesquisas se han ampliado a otras operaciones relacionadas con empresas públicas, contratos y proyectos empresariales.
El Gobierno ha defendido que la citación de Belén Gualda permite que declare con todas las garantías procesales y ha evitado reclamar su dimisión. La presidenta continúa al frente de la institución mientras avanza el procedimiento.
De la Junta de Andalucía a la gran empresa pública
Belén Gualda nació en Granada en 1974 y es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Buena parte de su trayectoria se desarrolló en la Administración andaluza, donde ocupó responsabilidades vinculadas a infraestructuras, transportes, medio ambiente y gestión del agua.
Entre 2011 y 2015 fue directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Junta de Andalucía. Después asumió otros puestos directivos hasta dar el salto a Madrid y al sector público empresarial estatal.
En octubre de 2020 fue nombrada presidenta de Navantia. Permaneció en la compañía naval apenas seis meses, hasta que en marzo de 2021 pasó a dirigir la SEPI.
Su carrera estatal estuvo estrechamente vinculada al Ministerio de Hacienda dirigido entonces por María Jesús Montero. La propia ministra destacó al anunciar el nombramiento su experiencia dentro del sector público empresarial y su paso por la Junta de Andalucía.
La mujer que controla las grandes participaciones del Estado
La SEPI no es una empresa pública más. Actúa como un enorme holding que agrupa participaciones estatales en compañías estratégicas y coordina empresas vinculadas a la industria, la defensa, la energía, las comunicaciones y los servicios públicos.
Desde su presidencia, Belén Gualda ocupa una de las posiciones de mayor poder económico dentro de la Administración. La institución participa o tiene presencia en sociedades como Correos, Navantia, Indra, Enusa y otras compañías decisivas para la política industrial del Gobierno.
Esa responsabilidad explica también su elevada retribución. En 2024 percibió 251.242 euros, una cantidad muy superior a la del presidente del Gobierno o cualquier ministro. Las informaciones publicadas sobre 2025 elevan su remuneración hasta los 258.785 euros.
El salario la convirtió durante meses en una de las altas responsables públicas mejor pagadas de España. Ahora, sin embargo, el foco ya no está únicamente en su nómina, sino en las decisiones adoptadas dentro de la SEPI durante los años investigados.
Una institución cada vez más cercada por los tribunales
El caso de Belén Gualda se suma a los problemas judiciales de otros antiguos responsables del holding. Vicente Fernández está investigado por su posible participación en la trama atribuida a Leire Díez, mientras que el vicepresidente Bartolomé Lora también ha sido citado por otro procedimiento relacionado con el rescate de Air Europa.
La acumulación de causas ha convertido la gestión de la SEPI en uno de los principales frentes judiciales abiertos alrededor del sector público empresarial.
Gualda defendió recientemente en el Congreso que la institución se encuentra “hipercontrolada” y sometida a numerosos filtros administrativos. También sostuvo que no se habían detectado irregularidades en los expedientes examinados.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si esos controles funcionaron realmente y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas investigadas. La presidenta podrá explicar su intervención en el rescate de Tubos Reunidos y responder a las sospechas planteadas por la Fiscalía.
Una dirigente entre dos posiciones dentro del mismo caso
La situación de Belén Gualda presenta una peculiaridad. Por una parte, la investigación recoge que una presunta red trató de introducir a Leire Díez en su gabinete para recuperar influencia sobre la SEPI. Por otra, el juez la incorpora ahora como investigada por decisiones adoptadas bajo su presidencia.
Ambas circunstancias no son incompatibles, pero tampoco permiten anticipar una conclusión. Que alguien intentara controlar su gabinete no demuestra que Gualda participara después en las actuaciones investigadas; del mismo modo, que el nombramiento de Díez fracasara no despeja las dudas sobre el rescate.
La presidenta del gran holding público afronta así el momento más delicado de su carrera. La mujer a cuyo entorno quisieron acceder para controlar la SEPI deberá explicar ante el juez qué ocurrió dentro de una institución que hoy concentra algunas de las mayores sospechas sobre la gestión empresarial del Estado.
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