Opinión

A vueltas con las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos (2)

WASHINGTON (United States), 10/11/2026.- US President Donald J. Trump answers questions from reporters in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, USA, 09 November 2026. President Trump delivered an update following a meeting Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. EFE/EPA/EMILY CURIEL
El presidente de EE. UU., Donald J. Trump, responde a las preguntas de los periodistas en la sala de prensa. EFE
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En mi artículo anterior anuncié que dejaba para otra ocasión varias sugerencias que, en relación con nuestro sistema jurídico-constitucional, derivaban de la práctica estadounidense de las elecciones de medio mandato. Aludía al impeachment, los poderes de investigación de las cámaras, el control de la política exterior y la revisión judicial de los actos de las cámaras o del ejecutivo. Voy a abordarlo en el presente artículo, ya que constituyen elementos de comparación importantes, pese a las diferencias substanciales entre el sistema estadounidense y el nuestro.

Impeachment

Se denomina impeachment al mecanismo constitucional mediante el cual se formaliza la exigencia de responsabilidad política a los altos cargos en Estados Unidos. Como el sistema americano es presidencial y se fundamenta en una división de poderes más estricta que en los sistemas parlamentarios, no es posible allí interponer mociones de censura como en estos últimos. Presidente, vicepresidente y todos los funcionarios federales pueden llegar a ser destituidos si se aprueba el impeachment. Este procedimiento empieza con una acusación en la Cámara de representantes, que tiene que aprobarla por mayoría simple; si se aprueba el asunto pasa al Senado, que es donde realmente se realiza el juicio y se tiene que aprobar por mayoría absoluta. Ambas cámaras tienen importantes poderes de investigación, para acusar en el Congreso y para juzgar en el senado.

Cuando se juzga al Presidente de los Estados Unidos, es el Presidente del Tribunal Supremo quien preside las sesiones en el Senado, para garantizar la limpieza jurídica del proceso. Como ya he manifestado, la decisión de destitución tiene que ser tomada por mayoría absoluta de los senadores presentes. Puede realizarse una segunda votación, por mayoría simple esta vez, para añadir a la destitución inmediata la inhabilitación del afectado para ocupar cargos públicos. Como se puede apreciar, es muy distinta a nuestra moción de censura, en donde lo que se dilucida es de carácter estrictamente político, sin procedimiento jurisdiccional y sin ningún tipo de intervención que pueda compararse a la del Presidente del Tribunal Supremo. Y en nuestro país, la inhabilitación debe conseguirse en un procedimiento penal, totalmente separado de la moción de censura.

WASHINGTON (United States), 02/11/2026.- US President Donald Trump departs after delivering his closing pitch the day before midterm elections at the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington, DC, USA, 02 November 2026. Trump also spoke about his many renovations in DC, some of which, like the reflecting pool, were mired in controversy. (Elecciones) EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Donald Trump.
EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Casos célebres, en los EEUU fueron los de Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump, absueltos en la fase del Senado. Lo cierto es que ningún presidente americano ha sido destituido mediante este procedimiento. Al contrario de lo acaecido en nuestro sistema, donde mediante una moción de censura Mariano Rajoy fue destituido y Pedro Sánchez subió al Gobierno, siendo éste el único caso en que se formó un gobierno mediante una moción de censura. Y, al contrario de EEUU, la moción de censura sólo se ha previsto para el cese del Gobierno, también en los estatutos de autonomía o en los ayuntamientos, es decir, contra quienes presiden el ejecutivo en estas instituciones, pero no contra cualquier alto funcionario como sí es posible en el país americano. En estos días ha sido rechazado en la Cámara de representantes, un impeachment contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por abuso de poder y por conducir la guerra contra Irán sin autorización del Congreso, en una controvertida sesión, con ausencias relevantes, aunque los demócratas, que han perdido la acusación, afirman que este asunto no ha hecho más que empezar; seguramente acabará judicializado.

En ese modelo de pesos y contrapesos que es el de EEUU, las cámaras tienen amplios poderes de investigación. Sus comités permanentes o las comisiones especiales creadas para casos concretos pueden obligar, a los cargos públicos y a los particulares, a comparecer ante ellos para prestar declaración, en sesión abierta o a puerta cerrada. No hacerlo, mentir u ocultar documentos y otras pruebas constituyen sendos delitos federales, no como en España donde hacer caso omiso de las citaciones, no declarar la verdad y ocultar pruebas tiene escasa repercusión jurídica. En realidad, a quien más temen los políticos de EEUU es al Senado, por sus amplias facultades al respecto (las del Congreso no están reguladas en la Constitución y se fundamentan en los denominados “poderes implícitos” derivados de la potestad legislativa general). El Tribunal Supremo ha dictado sentencias célebres para delimitar los poderes del Congreso al respecto (un caso reciente, el Trump v. Mazars de 2020) estableciendo que el asunto debe tener relación con las competencias de las cámaras, que los investigados mantienen sus garantías constitucionales durante el procedimiento y que el Presidente y los principales asesores pueden invocar la “cláusula de confidencialidad”, aunque en este último caso, los tribunales pueden rechazarla si se judicializa el caso, cosa que sucede en numerosas ocasiones.

Pete Hegseth
El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth
Efe

Muchas películas han hecho famosas a las comisiones de investigación. Destacaré dos: Buenas noches y buena suerte, centrada en los controles a la prensa efectuados durante el mandato del senador Joseph McCarthy y, más recientemente Oppenheimer, relativa a las sesiones de la Comisión de energía atómica. En ambos casos, la vida política americana estuvo marcada por el transcurso de las investigaciones.

Desde el asunto Marbury v. Madison (1803) se instauró en los Estados Unidos la facultad que tienen los tribunales de Estados Unidos —encabezados por el Tribunal Supremo— para examinar las leyes aprobadas por el Congreso, las normas estatales y los actos del poder ejecutivo, y declarar nulos aquellos que contradigan la Constitución de 1787. Todo el sistema judicial está concernido por el control de constitucionalidad. Se trata de un sistema de “control difuso” distinto del “control concentrado” que tenemos residenciado muchos países en un Tribunal Constitucional o en un Tribunal Supremo que también se encarga de ello además de ejercer como tribunal ordinario. En EEUU cualquier juez puede declarar contraria a la Constitución una norma o un acto ejecutivo, con repercusión en el caso concreto y que, mediante el sistema de apelaciones, llega muchas veces hasta el Tribunal Supremo quien, si lo admite a trámite mediante el procedimiento denominado “cerciorari”, puede dictar una sentencia declarando la inconstitucionalidad definitiva, frente a todos, de la norma o acto recurrido. Son muy poderosos los jueces estadounidenses, por el sistema de contrapesos. No sucede lo mismo en España, donde los jueces sólo pueden inaplicar las normas preconstitucionales contrarias a la Constitución, pues con las posteriores a la entrada en vigor de la misma, si dudan sobre su constitucionalidad, tienen que presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Ciertamente, los tribunales constitucionales y los jueces ordinarios deben dar respuestas jurídicas a los problemas legales que la política no ha conseguido, sino solucionar, al menos encauzar, tanto en los Estados Unidos como aquí, entre nosotros. Aunque la controversia, jurídica y/o política, verse sobre el mismo objeto, ni los métodos, ni los tiempos, ni las respuestas, tienen que ser, por su distinta naturaleza, coincidentes. De ahí que, como consecuencia del Rule of law (Estado de Derecho o imperio de la ley) propio de las democracias, una vez emitida una sentencia, del Tribunal Constitucional o de cualquier otro órgano jurisdiccional, sea necesario acatarla, aunque se disienta de su oportunidad o de su contenido. Para refutarla, si no nos parece correcta, tenemos establecido el sistema de recursos, hasta llegar a la última instancia o decisión definitiva.

“Gobierno de los jueces”

En Estados Unidos llegó a darse un período, a finales del siglo XIX, que se denominó de “gobierno de los jueces” por las veces en que tuvieron que intervenir para dirimir problemas que en el fondo eran políticos. Y también fue muy controvertido el choque entre el Tribunal Supremo y Franklin D. Roosevelt por el New Deal y la ampliación de magistrados que realizó el Presidente estadounidense para neutralizar al Supremo, intentando que no dictara sentencias en su contra mediante el nombramiento de jueces suplentes, que consideraba ideológicamente afines, con las mismas funciones que los originarios. A la larga ello no le salió excesivamente bien al Presidente, pues los jueces allí se sienten verdaderamente independientes y así actúan. Lo hemos visto con Trump, cuando jueces por él nombrados han votado contra los intereses presidenciales.

Lo cierto es que, a los políticos, sobre todo a algunos políticos, nunca les ha gustado el control judicial. Y, también, que los jueces han tenido que intervenir, tanto en los EEUU como en cualquier país democrático, tanto más cuanto más controvertida ha sido la acción de los políticos.