Ana (nombre ficticio) tardó en entender que sufría violencia de género. Durante un tiempo, lo que pasaba en casa le pareció una relación de pareja “con conflictos”. Sus vecinos ya habían tenido que intervenir alguna vez, pero ella seguía pensando: “Yo no me siento una mujer maltratada”. La violencia psicológica estaba ahí, cuenta, aunque entonces todavía no había podido reconocerla.
Antes de que naciera su hija ya había habido agarrones y empujones. Después, dice Ana, la violencia física se hizo más grave. El padre también le preguntaba a la niña dónde había estado su madre, porque sabía que ella no le mentiría. Una paliza dejó a Ana con el brazo morado hasta el codo y casi un mes sin poder moverlo. “No me mató de puro milagro”, recuerda.
Después de aquella agresión, Ana llamó al 016. Le ofrecieron ayuda, pero no se atrevió a denunciar. Tenía miedo y una hija pequeña. Más adelante, cuando intentó que el padre se marchara de casa, una trabajadora le aconsejó que grabara la entrega de sus cosas. Él entró, la golpeó y la estranguló delante de la niña. La grabación llegó al juicio. En 2023 fue condenado por lesiones en el ámbito familiar.
La condena no resolvió los problemas de Ana con las visitas ni con el cuidado de su hija. Según cuenta, las visitas se hacían en un punto de encuentro familiar (PEF) y el padre empezó a faltar o a cancelarlas. La niña llegó a negarse a entrar. Ana dice que el centro recomendó suspender las visitas.
Tampoco paga la pensión de alimentos, según Ana. Dice que le debe 40.000 euros. Ha tenido que reclamar la deuda por la vía civil y denunciar el impago por la penal. Cuenta que solo recibió 200 euros después de que a él le llegara una notificación. Mientras tanto, sigue haciéndose cargo de los gastos de su hija.
El control continúa en las decisiones sobre su hija
El impago de la pensión es violencia económica. Ana afronta sola los gastos de su hija y la deuda la asfixia económicamente. Aun así, el padre conserva capacidad para intervenir en las decisiones sobre la niña por la patria potestad compartida. La carga económica recae en ella; el poder de decisión también sigue en manos de él. La violencia no cesa con la separación ni con la condena: muta.
El colegio concertado se le hizo imposible de pagar sola. Ana quiso cambiar a su hija a un centro público y pidió autorización al padre. Primero le dijo que sí, cuenta; después se negó. “El colegio lo elijo yo. Yo soy el que decide a qué colegio va a ir”, recuerda que le dijo.
Ante la negativa del padre, Ana acudió a la jueza para pedir autorización para cambiar a su hija de colegio y poder decidir sola sobre cuestiones médicas, educativas y administrativas. El 3 de marzo, el juzgado le requirió acreditar que había intentado un medio adecuado de solución de controversias (MASC). La diligencia daba diez días y mencionaba distintas vías, entre ellas la mediación y la conciliación.
Una negociación desigual
La mediación parte del diálogo entre las partes. En una relación marcada por la violencia, exigir a la víctima que negocie con quien la ha agredido puede prolongar el contacto y abrir otra vía para ejercer presión y control. No se negocia en condiciones de igualdad cuando una persona ha ejercido violencia contra la otra.
La Ley Integral contra la Violencia de Género prohíbe la mediación en los asuntos que corresponden a los juzgados especializados en esta materia. El Convenio de Estambul también exige prohibir la participación obligatoria en métodos de resolución de conflictos, incluida la mediación y la conciliación, en los casos de violencia contra las mujeres que contempla.
El 6 de marzo, la abogada de Ana pidió que la eximieran del requisito por la condena. En su escrito sostuvo que el MASC no era aplicable “al concurrir una situación de violencia de género entre las partes”. Argumentó que no se debía situar a la víctima “en una posición de negociación o mediación con quien ha ejercido violencia sobre ella” y que negociar “en condiciones de igualdad” era incompatible con una relación marcada por “la violencia o el desequilibrio de poder entre las partes”.
Después, el juzgado pidió aclarar si había un procedimiento de violencia abierto o medidas vigentes. El 16 de marzo, la abogada respondió: “No existe ningún procedimiento vigente de violencia de género, ni existen medidas vigentes de dicho tipo”. La condena anterior constaba en la solicitud inicial.
La jueza archiva la petición
El 19 de marzo, el juzgado mantuvo el requerimiento y advirtió de la posible inadmisión. El 12 de mayo, la jueza archivó la petición. En el auto consideró que no se había acreditado el MASC “ni ofrecido justificación alguna que acredite imposibilidad o exención”, pese al escrito presentado por la abogada de Ana. La jueza no llegó a resolver si podía cambiar a su hija de colegio.
Así, Ana sigue en manos del hombre al que condenaron por maltratarla, el que no ve a su hija ni paga la manutención. Una revictimización que facilitan las propias instituciones, en las que ya no confía. “Estoy harta de recurrir a los juzgados y de que nadie me haga caso nunca”, se lamenta.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.