Nada volvió a ser lo mismo. El presente no se puede explicar sin lo que ocurrió hace una década en Pamplona. Era la madrugada del 7 de julio de 2016, en plenos Sanfermines. Una joven de 18 años conoció a cinco hombres de Sevilla. Uno era guardia civil. Otro, militar. Durante un rato caminaron por el centro de la ciudad. Al llegar a un portal de la calle Paulino Caballero, tiraron de ella hacia el interior. La forzaron a entrar. La joven denunció que allí sufrió una agresión sexual múltiple.
Los acusados fueron detenidos horas después. La investigación encontró en sus teléfonos varios vídeos grabados en el interior del edificio. Aquellas imágenes se convirtieron en una de las pruebas centrales de la causa. Pero, antes incluso de que el juicio comenzara, el caso ya había salido de los juzgados y se había instalado en las conversaciones de todo el país.
Los cinco hombres que conformaron “La Manada” de San Fermín
Desde los primeros días, la denuncia empezó a leerse también a través de la sospecha. Se habló de si la joven se lo había inventado. De que se había besado con uno de ellos instantes antes. De que el grupo buscaba un hotel. De si había entrado voluntariamente. De lo que había bebido, de cómo iba vestida, de cómo se comportó después y de cada uno de sus movimientos durante aquella madrugada.
Cuestionamiento de la víctima
Como si cualquiera de esas circunstancias pudiera borrar lo que ocurrió después. Como si un beso, caminar junto a ellos o continuar la noche con el grupo sirvieran para explicar que la arrastraran hacia el interior y la forzaran a entrar.
Durante meses, España habló de aquella joven. Circularon imágenes suyas. Cada detalle de su vida parecía susceptible de ser interpretado. Cada gesto podía convertirse en una explicación de lo que le había ocurrido. La investigación avanzaba, pero fuera de los juzgados se iba construyendo otro juicio.
Al mismo tiempo, el caso abrió una conversación que hasta entonces apenas había ocupado espacio fuera de los colectivos feministas, las asociaciones de víctimas o los tribunales. Se empezó a hablar de violencia sexual. De la diferencia entre abuso y agresión. De si una agresión necesitaba dejar marcas visibles para ser reconocida. De qué debía hacer una mujer para que nadie dudara de que no quería.
Las preguntas se repetían una y otra vez. ¿Dijo no? ¿Gritó? ¿Intentó escapar? ¿Se resistió? Para muchas mujeres, no eran preguntas nuevas. Eran las mismas que durante décadas habían acompañado los relatos de abusos y agresiones: por qué fue, por qué bebió, por qué no se fue, por qué no lo contó antes, por qué siguió con su vida después.
Una conversación que venía de lejos
Mientras el caso de Pamplona avanzaba, al otro lado del Atlántico acababa de estallar el #MeToo.
En octubre de 2017, después de que decenas de mujeres denunciaran al productor Harvey Weinstein por acoso y agresiones sexuales, la actriz Alyssa Milano escribió un mensaje en Twitter. Propuso que quienes hubieran vivido una experiencia similar compartieran dos palabras: “Me too”. A mí también.
La frase tenía una historia anterior. La activista Tarana Burke la había utilizado años antes en su trabajo con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. No nació para señalar a los agresores ni para convertir el dolor en espectáculo. Nació para que una mujer pudiera decirle a otra: sé de qué hablas, no estás sola.
Millones de mujeres escribieron aquellas dos palabras. Algunas contaron por primera vez lo que les había ocurrido. Otras se limitaron a compartir el mensaje. Lo importante no era solo la cantidad. Era que empezaba a cambiar la manera de recibir los testimonios.
Durante mucho tiempo, una mujer que hablaba de una agresión sexual sabía que tendría que prepararse para responder preguntas sobre su vida, sus decisiones y su comportamiento. El #MeToo no acabó con esa desconfianza, pero abrió una grieta. Por primera vez, millones de personas empezaron a escuchar sin exigir antes que demostraran que no habían consentido.
En España, esa grieta encontró en La Manada una historia imposible de ignorar.
“Hermana, yo sí te creo”
El juicio se celebró en noviembre de 2017. Durante su declaración, la joven tuvo que responder a preguntas sobre lo ocurrido y sobre su comportamiento aquella noche. La defensa de los acusados trató de sostener que había existido consentimiento. El debate sobre la violencia y la intimidación atravesó toda la vista.
La primera sentencia se conoció el 26 de abril de 2018. La Audiencia de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual, pero no por agresión. El tribunal entendió que no había quedado acreditada la violencia o la intimidación necesarias para aplicar el delito más grave.
La noticia se extendió en cuestión de minutos. Esa tarde, miles de personas salieron a las calles de ciudades de toda España. No protestaban solo contra una diferencia entre dos artículos del Código Penal. Protestaban contra una idea que reconocían demasiado bien: que una mujer tenía que gritar, luchar, huir o dejar heridas visibles para que se aceptara que no había consentido.
En las plazas aparecieron pancartas y gritos que resumían la respuesta: «La manada lleva toga». «Tranquila, hermana, aquí está tu manada». «Hermana, yo sí te creo».
La última frase condensaba el cambio que el #MeToo había empezado a abrir meses antes. Si el movimiento global había permitido que miles de mujeres dijeran “a mí también”, en España aquella respuesta añadía una promesa colectiva: antes de cuestionarte, voy a escucharte. Antes de buscar qué hiciste mal, voy a mirar qué te hicieron.
La avalancha de #Cuéntalo
Aquella misma tarde, mientras las plazas se llenaban, la periodista Cristina Fallarás escribió un mensaje en Twitter: #Cuéntalo.
El hashtag comenzó a circular entre mujeres que seguían las protestas. Después llegaron los primeros relatos. Una agresión en una fiesta. Un abuso durante la infancia. Un jefe que aprovechó su posición. Un compañero de clase. Una pareja. Una historia que nunca se había contado. Otra que se había explicado una vez y no había sido creída.
En pocos días se publicaron cerca de tres millones de mensajes y más de 150.000 testimonios directos. Mujeres de distintas edades narraron violencias que habían sufrido hacía semanas, años o décadas. Muchas no buscaban una denuncia ni una condena. Querían poner palabras a algo que hasta entonces habían llevado en silencio.
Las mujeres tenían ganas de hablar desde hacía mucho tiempo. Lo que no siempre habían encontrado eran las condiciones para hacerlo. #Cuéntalo se convirtió en un espacio donde una historia llamaba a otra y donde, detrás de cada relato, aparecía una respuesta parecida: yo te creo.
La Manada no creó esa violencia. Tampoco inventó el silencio. Pero hizo visible hasta qué punto muchas mujeres compartían la experiencia de haber sido cuestionadas cuando intentaban contar lo que les había ocurrido.
Cuando el consentimiento llegó a la ley
La discusión no se quedó en las calles. En junio de 2019, el Tribunal Supremo revisó la primera sentencia y condenó a los cinco hombres por agresión sexual. Elevó las penas a 15 años de prisión. La sala consideró que la situación creada por el grupo había anulado la libertad de la joven y que no hacían falta golpes o amenazas expresas para que existiera intimidación.
La sentencia recogía una idea que llevaba meses creciendo fuera de los tribunales: que la ausencia de resistencia no equivale a consentimiento. Que el miedo, el bloqueo o la imposibilidad de reaccionar no pueden convertirse en una autorización.
El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, ya establecía que los delitos sexuales debían basarse en la ausencia de consentimiento. Pero el caso de Pamplona, las protestas tras la primera sentencia y los miles de relatos de #Cuéntalo convirtieron ese principio jurídico en una exigencia social.
En 2022 se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí. La norma eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y situó el consentimiento en el centro de los delitos sexuales.
Su aplicación provocó después un debate jurídico y político enorme, marcado por las revisiones de condena. Pero la ley también introdujo una transformación más amplia: reforzó la atención y la reparación a las víctimas, impulsó los centros de crisis 24 horas, protegió su intimidad y permitió acreditar la violencia sexual sin necesidad de una denuncia previa.
Lo que vino después
La historia, sin embargo, no terminó con la sentencia del Supremo ni con la aprobación de una ley. La joven abandonó España. Tras conocerse la condena de 2019, explicó a través de su abogada que «lo peor no fue la situación vivida sino todo lo que vino después».
Hablaba de los años de exposición, de las imágenes difundidas, de los comentarios sobre su vida y de haber visto cómo cada uno de sus movimientos era sometido a debate público. Mientras el país aprendía a hablar de consentimiento, las calles respondían «hermana, yo sí te creo» y la ley empezaba a cambiar, ella tuvo que intentar reconstruir su vida lejos de España.
Esa es también la historia de La Manada: la de una conversación que transformó la forma de escuchar a las víctimas, pero que tuvo como precio la exposición de una mujer que nunca pidió convertirse en símbolo.
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