“Nunca había trabajado en un caso así. Tan urgente y tan grave”. Javier Ferreira es abogado y ha visto casos de todo tipo. Pero el de Sonia le quita el sueño, le está pasando factura. Se le nota al hablar. No es para menos. El próximo 13 de noviembre, si nadie lo remedia, Sonia podría quedarse en la calle con Aitana, recién nacida el 31 de octubre, y con sus otras dos hijas pequeñas.
Sonia sufrió violencia de género. Su expareja está condenado maltrato y sobre él pesa una orden de alejamiento. La demanda de desahucio la ha presentado la madre de él, propietaria de la vivienda y abuela de las dos hijas mayores de Sonia.
Una casa compartida con la madre de su expareja
Tras la ruptura, Sonia se quedó en la vivienda de Alagón (Zaragoza) porque no encontró otro lugar donde vivir. La casa tiene dos plantas y la propietaria ocupa la parte de abajo. Sonia no paga alquiler ni tiene contrato, así que permanece en el piso en precario. Ferreira describe la convivencia como incómoda y dice que la relación entre Sonia y la propietaria no es buena.
La demanda se presentó hace alrededor de un año. La defensa alegó que debían interponerla todos los propietarios, no solo la madre de su expareja, pero el argumento no prosperó. Después recurrió ante la Audiencia Provincial de Zaragoza para ganar tiempo mientras Sonia buscaba otro alojamiento. La Audiencia desestimó ese recurso y fijó el lanzamiento para el 13 de noviembre.
Sonia está reconocida como persona vulnerable por los servicios sociales de Aragón. Está en paro y su único ingreso es una ayuda de unos 520 euros al mes. Lleva buscando otra vivienda desde abril con su actual pareja, padre de Aitana, pero no han encontrado una que puedan pagar. La defensa aportó al juzgado documentación sobre su situación, sus ingresos y la fecha prevista del parto.
La petición para suspender el lanzamiento
Ferreira cuenta que una primera solicitud para frenar el desahucio fue denegada porque, según le explicaron, ya no estaban vigentes los antiguos decretos de protección a personas vulnerables. La entrada en vigor del nuevo decreto de vivienda, el 8 de octubre, permitió presentar otra petición. El letrado de la Administración de Justicia suspendió provisionalmente el lanzamiento hasta que la jueza resolviera. Después, la jueza rechazó la suspensión mediante un auto que, según Ferreira, les notificaron el pasado viernes.
El abogado apoya esa segunda petición en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Sostiene que Sonia cumple los requisitos: está reconocida como vulnerable, no tiene alternativa habitacional y la Administración no le ha ofrecido una. Según su interpretación, el juzgado debía requerir a las administraciones competentes para que informaran de los recursos disponibles y, mientras respondían, mantener suspendido el lanzamiento.
Ferreira dice que la jueza tuvo en cuenta la posible vulnerabilidad de la propietaria, pero afirma que ella no la ha acreditado. Según el abogado, solo presentó un documento del SEPE que indica que no cobra el subsidio de desempleo. Ferreira cree que tiene más de 70 años y podría percibir una pensión u otros ingresos, aunque dice que no le consta cuáles son. También considera que el decreto no contempla una excepción si la propietaria necesita la vivienda o se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Contra el auto que rechazó esta segunda petición, Ferreira anunció que presentaría un recurso de reposición. Es distinto del recurso ante la Audiencia Provincial. La reposición no suspende automáticamente el lanzamiento y la otra parte tiene cinco días para oponerse. Por eso, pedirá que se paralice mientras se resuelve: solicitará la suspensión a la jueza y, por analogía, al letrado de la Administración de Justicia.
El abogado también intentó llegar a un acuerdo directamente con la propietaria para aplazar el desahucio hasta el 31 de enero por razones humanitarias. Ella no aceptó la propuesta.
Ninguna administración ha ofrecido una vivienda
Ferreira mantiene contacto con la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento de Alagón y la comarca del Alto Ebro, a la que atribuye la competencia concreta. Dice que las administraciones han mostrado interés y sensibilidad, pero ninguna ha ofrecido una solución habitacional concreta.
Sonia iba a hablar con el alcalde porque cree que el Ayuntamiento podría tener dos viviendas disponibles y quería pedir que le permitieran usar una. No consta que se las hayan ofrecido.
La única posibilidad de alojamiento que Ferreira menciona dentro de la familia es la casa de la madre de la pareja actual de Sonia. Tiene 68 metros cuadrados y dos habitaciones, y el abogado considera que no puede acoger a los cinco: Sonia, su pareja y las tres niñas. La vivienda, además, pertenece a la madre de él.
Según Ferreira, en las zonas más accesibles de Zaragoza los alquileres cuestan entre 800 y 900 euros y resulta difícil encontrar uno por menos de 700.
Así que si nadie lo evita en ocho días una mujer vulnerable, víctima de violencia de género y con tres niñas pequeñas, una con días de vida, se quedarán en la calle.
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