De asesinato machista a homicidio imprudente: otro jurado descarta la violencia de género

Seis denuncias por malos tratos entre 2007 y 2015; medidas de protección, incluida una orden que duró seis meses; la última denuncia, por quebrantamiento de una orden de alejamiento. La hermana de Vanessa contó ante el jurado los 25 años de agresiones, sus intentos de dejar a Michael y las amenazas con hacer daño a sus perros para que volviera. En las videollamadas, cuando él dormía, veía moratones en la cara y las piernas de su hermana. Vanessa tuvo que operarse de la cadera tras una agresión; no tenía ingresos propios y cambiaban a menudo de domicilio. El móvil que su hermana le había comprado desapareció en España. En su última conversación, Vanessa usó «accidente con los perros» para avisar de que la habían agredido otra vez.

Una vecina que acudió al lugar oyó cómo insultaba a Vanessa mientras yacía en el suelo: «Lo has hecho ahora, estúpida zorra». Cuando llegaron los guardias civiles, lo encontraron dentro, sentado y bebiendo cerveza; no se acercó a su mujer y siguió bebiendo durante la intervención. Vanessa tenía hematomas y sangre en la cara y la boca. Un agente dijo que estaba «literalmente apaleada»; la forense sostuvo que las lesiones no eran compatibles con un atropello. En el coche no encontraron sangre, y las muestras de ADN tomadas después tampoco dieron resultado positivo para Vanessa.

Sin embargo, el jurado no consideró que su muerte fuera un caso de violencia de género. Dio por buena la versión de Michael John C.: Vanessa cayó detrás del coche y él la atropelló al dar marcha atrás. Los nueve miembros descartaron por unanimidad el asesinato; siete consideraron probado el homicidio imprudente y dos votaron en contra. También rechazaron que la hubiera golpeado, inmovilizado o asfixiado.

Otros jurados, otros veredictos

La discusión sobre cómo leer los indicios de violencia de género ante un jurado ya había aparecido en los casos de Ana Buza, Leticia Talavera y Rosario Martín. La familia de Ana sostuvo que su novio la atropelló deliberadamente, como culminación de la violencia que ella sufría. El jurado lo absolvió y dio por buena la hipótesis de que Ana salió despedida del coche de forma accidental.

En el juicio por la muerte de Leticia, el jurado consideró probado que Antonio Pastor la mató intencionadamente, pero cinco de sus nueve miembros aceptaron que había sufrido un episodio disociativo y no dieron por probado que el asesinato estuviera motivado por su decisión de separarse. Leticia llevaba tiempo intentando marcharse y había contado a su amiga Aroa los insultos, las humillaciones y el miedo que vivía. La sentencia aplicó una eximente incompleta por alteración psíquica y también la agravante de género; la condena quedó en once años y medio.

Altamira Gonzalo, jurista especializada en violencia de género y exvicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, no plantea eliminar el jurado popular. Advierte de que sus miembros no están al margen de los prejuicios sociales: «En este tipo de delitos hay muchos prejuicios y muchos estereotipos». En el caso de Leticia, cuestionó que se aceptaran tanto la eximente incompleta como la atenuante de confesión y describió la resolución como una «sentencia de comprensión» hacia el acusado. A su juicio, el análisis se volcó en el estado mental y las explicaciones de Antonio, mientras la historia y la experiencia de Leticia quedaban relegadas. Habló de la «ausencia de la mujer» en la sentencia.

El caso de Rosario Martín terminó con otra discrepancia. El jurado declaró a su pareja culpable de homicidio doloso, pero no apreció la agravante de género. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León corrigió ese punto: entendió que el crimen se produjo en un contexto de ruptura, celos y reproches sobre la conducta sexual de Rosario, y que expresaba dominación y menosprecio hacia ella por ser mujer. La condena pasó de 14 a 15 años.

El patrón que cuesta ver

Comprender cómo opera la violencia de género exige mirar más allá de la agresión física visible. Puede manifestarse en el control del móvil, el dinero o las relaciones; en el aislamiento, las humillaciones y las amenazas; y también en la violencia sexual o física. No sigue siempre una misma secuencia ni se mantiene con la misma intensidad: puede alternar con periodos de calma, disculpas o muestras de afecto. Esa alternancia no borra el patrón de control y dominación, pero puede dificultar que se reconozca.

También hay que entender que las víctimas no reaccionan todas igual. Una mujer puede tardar en denunciar, seguir en contacto con el agresor, volver con él o no contar todo lo ocurrido. El miedo, las amenazas, la dependencia económica, el aislamiento o la preocupación por sus hijos pueden pesar en esas decisiones. Ninguna de esas respuestas, por sí sola, demuestra que no hubiera violencia ni permite medir cuánto sufrió.

Quien ejerce la violencia, por su parte, puede minimizarla, atribuirla a una discusión o presentarse como una persona tranquila y razonable. Ni esa imagen ni la conducta de la víctima deben sustituir la valoración del conjunto de las pruebas. La ley contempla formación específica en violencia de género para jueces y magistrados; los miembros de un jurado reciben instrucciones sobre el delito y la deliberación, pero no una preparación equivalente para reconocer estas dinámicas.

El reto es que puedan valorar los hechos sin exigir una víctima que responda a un estereotipo ni confundir la violencia de género con un episodio aislado de pérdida de control. Para entenderla hay que reconocer el patrón: cómo se ejerce el control, cómo se sostiene la dominación y cómo ese contexto puede condicionar tanto las decisiones de la víctima como la conducta del agresor.

Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.