Dana Leonte desapareció el 12 de junio de 2019, cuando tenía 31 años, en Arenas (Málaga). La Guardia Civil organizó durante meses batidas por la comarca de la Axarquía. El primer resto, un fémur, apareció el 21 de septiembre, más de tres meses después. Otros restos fueron localizados hasta el 30 de noviembre.
Sergio Ruiz, su entonces pareja y padre de su hija, denunció la desaparición y sostuvo que Dana se había marchado a Rumanía por una deuda. La familia rechazó esa versión. Los escritos de acusación sostienen que Ruiz utilizó después el teléfono de Dana para enviar mensajes y hacer creer que ella seguía viva.
La Guardia Civil detuvo a Ruiz el 25 de septiembre de 2019 y el juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional tres días después. Salió en libertad en junio de 2020, tras pagar una fianza de 8.000 euros. El juicio con jurado popular ha comenzado este martes, más de siete años después de la desaparición.
La hipótesis de las acusaciones
Meses antes de desaparecer, Dana había denunciado a Sergio por coacciones, tras acusarlo de cortarle el agua y la luz en la vivienda. Según las informaciones publicadas sobre aquella denuncia, Ruiz fue absuelto.
El día de su desaparición, Dana comunicó a Ruiz que no quería continuar con la relación, según los escritos de acusación. La Fiscalía sostiene que esa noche Sergio la golpeó en la cabeza con un palo de madera con intención de matarla. Según su escrito, el golpe pudo causarle la muerte o dejarla malherida; después, él habría trasladado el cuerpo en coche y dispersado los restos en distintos puntos de la zona.
Las acusaciones también sostienen que Ruiz limpió la vivienda con lejía y aguarrás para eliminar vestigios y que envió mensajes desde el teléfono de Dana para desviar las sospechas. Entre los indicios que se examinarán en el juicio están los análisis del bate de béisbol, en el que, según la Fiscalía, se encontraron perfiles genéticos de Dana y del acusado; la geolocalización de los teléfonos y los informes lingüísticos sobre los mensajes. La defensa niega que esas pruebas acrediten la responsabilidad de Ruiz. El jurado tendrá que valorarlas durante la vista.
La Fiscalía pide homicidio; la familia y la Junta, asesinato
La Fiscalía pide 17 años de prisión: 15 por homicidio y dos por un delito contra la integridad moral, por el daño que habría causado a la familia la ocultación de los restos. La acusación particular, en nombre de la familia, pide 20 años por asesinato. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular, solicita 22 años y también califica los hechos como asesinato.
La acusación particular sostiene que Ruiz atacó a Dana “sobre seguro”, aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, y que hubo alevosía. La Fiscalía califica los hechos como homicidio. La defensa niega los hechos y pide la absolución.
A su llegada a la Ciudad de la Justicia, Ruiz dijo: “Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia”. También afirmó: “Es difícil porque te acusan de una cosa que uno no ha hecho”. Su abogado sostiene que “no hay ninguna prueba directa que acredite la responsabilidad de Sergio”. El acusado no respondió a las preguntas sobre qué ocurrió el día de la desaparición.
Florín, hermano de Dana, dijo que la familia espera “que se haga justicia”. En una entrevista con Canal Sur describió estos años como “siete años y pico de dolor y angustia” y confió en que “la justicia ya ponga fin a todo esto”.
La hija de Dana
La hija de la pareja tenía siete meses cuando Dana desapareció. Ahora está al cuidado de su tío materno, Florín. Las acusaciones solicitan que se retire a Ruiz la patria potestad y que no pueda acercarse a la niña. La Fiscalía reclama una indemnización de 300.000 euros para la menor y 100.000 para el hermano de Dana.
La familia pudo enterrar los restos de Dana el 21 de marzo de 2026, casi siete años después de su desaparición. La larga espera para recuperar y sepultar sus restos ha marcado estos años para sus familiares.
El juicio se prolongará, al menos, hasta el 13 de noviembre. Está previsto que declaren más de quince testigos, 21 guardias civiles, médicos forenses y peritos, incluidos especialistas que analizaron los mensajes. La vista deberá determinar si las pruebas permiten atribuir a Ruiz la muerte de Dana y qué calificación penal corresponde.
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