El final de la legislatura ha coincidido con la “mayor crisis de la historia” de la Agencia Tributaria (AEAT) por su “politización” y descrédito ante los ciudadanos, ahora, con el caso Zapatero en el foco, que ha caminado a la par, no de manera casual, con el intento de fragmentar la institución y crear un cupo catalán por un intercambio de favores políticos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC y Junts, a cambio de las investiduras del propio Sánchez y de Salvador Illa. Así lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) en su XXXVI Congreso, celebrado en Toledo el 29 y 30 de octubre en estado de shock por el accidente de Urda (Toledo) del 28 de octubre en el que falleció, entre al menos 69 personas, el inspector Antonio Moreno.
El siniestro dio un significado más doloroso al lema del encuentro, la importancia de lo público, y llevó al ministro de Hacienda, Arcadi España, a cancelar su asistencia para inaugurar el cónclave, la primera vez que acudía un ministro desde que lo hiciera María Jesús Montero en 2019, ambos, en plena precampaña electoral. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, muy afectado por la muerte de Antonio Montero, trató de mantener la posición del Ministerio desde que se acercaban las elecciones andaluzas a las que concurría la entonces ministra: los avances para un cupo catalán que se dieron no existieron en realidad, y la ya descartada reforma del sistema de financiación es positiva para todas las comunidades. Pero la presidenta de IHE, Ana de la Herrán, le advirtió de que los inspectores no olvidan y siguen vigilantes. Un cuerpo que además asiste con honda preocupación a los ataques que le dedica un despacho americano que desarrolla una campaña de difamación, y que no se siente defendido por la cúpula del Ministerio.
En este escenario, IHE ha presentado el documento Una Administración tributaria para los ciudadanos en el que reflexiona sobre la crisis reputacional de la AEAT, sus problemas organizativos, la falta de independencia en sus recursos económicos y la política de Recursos Humanos, y en el que pide “refundar” la AEAT. Para ello, propone un nuevo modelo de control tributario con un plan de inspección de representantes y partidos políticos y el refuerzo de Fiscalía Anticorrupción con inspectores y técnicos y una serie de reformas para potenciar la lucha contra el fraude y mejorar cómo se aborda la recaudación. A todo esto, el escrito añade un capítulo sobre los desafíos a la hora de implantar la Inteligencia Artificial (IA) en el trabajo de la AEAT.
Los errores con el ‘caso Zapatero’
“La imagen global que los ciudadanos tienen de la AEAT se desmorona cuando sospechan que sus actuaciones con los contribuyentes más ricos y poderosos no son tan exigentes como las que aplica al resto. Y esas sospechas obedecen, en muchas ocasiones, a la inexistencia de una política de comunicación por parte de la Agencia”, recoge el documento, que por primera vez se refiere a la política de comunicación de la AEAT, que creen que agranda los problemas al no explicar debidamente las causas de determinadas actuaciones.
Creen que los ciudadanos podrían llegar a aceptar una actuación deficiente de la AEAT en la lucha contra el fraude fiscal si existiera una causa que la justificara, como la falta de recursos humanos. Lo que en ningún caso admiten es una diferencia de trato en función del tipo de contribuyente, con rigor para unos y laxitud para otros, advierten en relación con la polémica por la actuación del Fisco con la trama que rodea al expresidente del Gobierno y a sus joyas.
Y apuntan que así lo ha percibido recientemente la ciudadanía a raíz de las declaraciones de Soledad Fernández Doctor, directora de la AEAT ya cesada en el momento de efectuarlas, ante una comisión de investigación del Senado el pasado julio.
El asunto se refería a la falta de control tributario sobre Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero. Preguntada por un senador por el motivo por el que la AEAT no había llevado a cabo la comprobación tributaria del investigado, que no había presentado sus declaraciones del IRPF durante varios ejercicios pese a constarle imputaciones de rentas, la directora respondió que se había tratado de un “error inexplicable”. IHE señala que sus palabras tuvieron una amplísima repercusión en los medios de comunicación, muchos de los cuales concluyeron que la única explicación posible era que el contribuyente hubiera sido excluido de los listados de requerimientos.
Uno de los daños reputacionales más graves
La Asociación de Inspectores está “convencida de que lo sucedido tiene una explicación técnica, pero considera que se ha impuesto a la Dirección de la AEAT la decisión de no ofrecerla, lo que ha provocado uno de los daños reputacionales más graves de la historia de la institución”.
De hecho, Artículo14 pudo comprobar cómo la Agencia negó entre el 29 de junio y el 1 de julio haberse personado en la pieza separada de la ‘causa Plus Ultra’ que se sigue contra Zapatero por delito fiscal y contrabando por sus joyas cuando lo había hecho, que es precisamente lo que tenía que hacer.
Recuerdan que no es la primera vez que ocurre, y mencionan la imputación errónea de inmuebles a la Infanta Cristina en 2013. “Ante el silencio de la AEAT, fue IHE quien tuvo que explicar públicamente en los medios de comunicación que lo sucedido se debía exclusivamente a errores técnicos en la identificación de la titular en escrituras públicas autorizadas por notarios”, reseñan.
Denunciar a Amsterdam
Otra situación reciente se ha producido ante las manifestaciones de un despacho profesional extranjero, que ha organizado una campaña de desprestigio de las actuaciones de la AEAT, pero centrando sus ataques sobre todo en los Inspectores de Hacienda, relatan sobre las actividades de Amsterdam & Partners. “Hemos sido calificados como “mafia”, “extorsionadores”, “secuestradores”, “depredadores”, entre otras descalificaciones que, a juicio de IHE, tendrían que haber sido objeto de denuncia ante los tribunales. Sin embargo, no ha existido una respuesta contundente, ni mediática ni judicial por parte de la AEAT en defensa de la legalidad de sus actuaciones y del trabajo de sus funcionarios”, lamentan.
Hubo una carta de Fernández Doctor a los empleados en junio de 2025 en la que intentaba generar adhesión en pleno descontento por los avances en el cupo catalán, y Arcadi España ha publicado un tuit de apoyo en junio que trataba de endilgar las críticas a Hacienda, no sólo de Amsterdam sino también de ciudadanos, a la ultraderecha.
“Ante esa falta de respuesta a dichos ataques, lo que queda en la conciencia de los ciudadanos es que la AEAT actúa de esa forma, puesto que no se defiende, circunstancia que no puede estar más alejada de la realidad”, remachan.
Rebaja de los requisitos trágica
Volviendo al lema del congreso y la importancia de lo público, el documento subraya que uno de los ataques más graves que ha sufrido recientemente la independencia de la AEAT procede de las imposiciones de Función Pública en materia de personal, en abierta contradicción con lo dispuesto en su ley de creación. En efecto, pese a la autonomía que dicha ley le reconoce, la AEAT no ha quedado al margen de la creciente intervención del Gobierno en la Administración. Así, en algunas convocatorias recientes de oposiciones de la Agencia se incluyó la elaboración de una lista de interinos para el Cuerpo de Inspectores.
De haberse aplicado, habría sido posible que ejercieran funciones inspectoras personas que solo habían superado el primero de los cinco ejercicios de la oposición y que no habían realizado el curso selectivo de formación. “Estos funcionarios interinos carecerían de la preparación necesaria y, sobre todo, de la independencia de criterio que caracteriza hoy a los inspectores de Hacienda, y que tantas veces incomoda al poder político por suponer un límite a su actuación. Gracias a la firme oposición de IHE, las últimas convocatorias ya no contemplan esta previsión”, subrayan.
El informe de los inspectores advierte de que desde 2021 se está produciendo un ataque sin precedentes contra la independencia y la profesionalidad de los empleados públicos, que descansan sobre unos pilares construidos a lo largo de más de un siglo y que garantizan, como establece el artículo 103 de la Constitución, que la Administración Pública sirva “con objetividad los intereses generales”. De prosperar las reformas que se pretenden, la Administración pasaría a servir con subjetividad los intereses del Gobierno de turno.
Estas reformas persiguen modificar el sistema de acceso a la función pública, sustituyendo las oposiciones por exámenes tipo test y una entrevista; la promoción interna, basándola en la mera antigüedad y sin pruebas de conocimientos; y el recurso a personal interino, mediante la incorporación masiva de personas que no han superado las correspondientes oposiciones. Para IHE, estas medidas son contrarias a los principios constitucionales de mérito y capacidad.
“Por el momento, Función Pública ha rectificado y ha desistido de implantar el sistema de test y entrevista para el acceso a los cuerpos de funcionarios, especialmente en el caso de los Cuerpos Superiores, que requieren una sólida preparación profesional que hoy garantizan el actual sistema de oposiciones y la formación posterior. Sin embargo, mantiene su intención de reformar las oposiciones rebajando el nivel de exigencia”, plantea un documento elaborado para un congreso que ha coincidido con el accidente de Urda y en el que IHE advirtió de que el mismo día del siniestro, el 28 de octubre, el BOE publicó una Resolución de Transportes que rebaja “drásticamente” los requisitos para ser ingeniero del Estado y de Adif, lo que puede lograse con un test.