En Amurrio, Trapaga y Nanclares de Oca la crisis de Tubos Reunidos ha dejado de ser uno de los principales proveedores de trabajo industrial seguro para convertirse en una amenaza que entra en casa con cada trabajador, aproximadamente unos 1.200. La liquidación de la sociedad matriz, la incertidumbre sobre los salarios y las ofertas de compra que contemplan recortes de plantilla mantienen en vilo a cientos de familias desde hace meses, a lo que hay que añadir una amenaza aún mayor, las más que probable liquidación de la empresa debido a la deuda contraída con la SEPI en 2021 que ronda los 150 millones de euros. Sin una quita de la deuda, los oferentes que habían mostrado interés en el proceso del concurso de acreedores descartan seguir adelante.
Detrás de los números hay hipotecas, hijos, años de trabajo y una pregunta que nadie sabe responder: “¿Qué va a pasar con nosotros?”. Hay noticias que no se quedan en las páginas de economía, salen de los periódicos, atraviesan las puertas de las fábricas y terminan sentadas a la mesa de las familias. La crisis de Tubos Reunidos es una de ellas.
Hemos podido hablar con la trabajadora de una de las plantas, quien nos confiesa que en este punto empieza a pesar tanta incertidumbre. Son muchos meses de ir a trabajar entre la niebla de la duda sobre qué sucederá. Al principio, la plantilla estaba bastante positiva: “Se creía que podía encontrarse una salida pero las noticias que han ido llegando en los últimos días han sido muy duras”. Y añade: “A pesar de que es una empresa con viabilidad, con una plantilla ajustada, profesional y bien liderada, empezamos a sospechar que nos vamos a ver arrastrados”. Además, se queja de la poca información directa que la compañía les traslada: “Todo lo conocemos por la prensa”.
El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, no ha dudado esta semana en calificar la situación de TR como límite. “Sin quita de la deuda se cierra Tubos Reunidos”. De hecho, estaba convocada una reunión de urgencia entre la SEPI, los potenciales compradores y el propio Jauregi para que los oferentes tuvieran la oportunidad de trasladar su postura a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El fatídico accidente ferroviario de Urda obligaba a posponer la reunión de la que aún se desconoce la nueva fecha.
La deuda de TR con la SEPI se remonta al rescate financiero de julio de 2021, en plena crisis provocada por la pandemia de la COVID 19 y el primer mandato de de Donal Trump, quien impuso los primeros aranceles al acero y al aluminio procedente de la Unión Europea. Un varapalo para una entidad dependiente de la industria del tubo para el gas&oil. La entidad pública concedió un préstamo de 112,8 millones de euros con un plazo de devolución de siete años. La deuda ha ido en aumento debido a los altos intereses que se contrajeron hasta situarse en 2026 en torno a los 150 millones. A esto hay que sumarle la evolución de un mercado de nuevo sacudido por las incertidumbres geoestratégicas y los aranceles cada vez más altos fijados por la administración estadounidense en este segundo mandato de Trump.
A pesar de todo, la plantilla de Trapaga está dispuesta a tirar para adelante, nos continúa explicando la trabajadora con la que hemos podido hablar. Hay un sentimiento de unión, de confraternidad entre todos, incluso de pertenencia, aunque somos conscientes que no hay recursos todos remamos en el mismo sentido. Con ganas de trabajar y con carga de trabajo “sería una injusticia para una planta con viabilidad que no pudiera tener continuidad”, dice.
Las miradas se dirigen a la SEPI
La quita de la deuda es el gran escollo para la supervivencia de la producción y de los empleos, tanto en Bizkaia como Álava. Desde la SEPI se escudan en la imposibilidad de la condonación por tratarse de dinero público y de la posibilidad de plantear problemas con la normativa europea sobre ayudas de Estado y de competencia, al otorgar un trato de favor a la compañía frente a otras empresas.
La pregunta a renglón seguido que surge en la plantilla es si la alternativa es dejarles en la calle. Sospechan de la nula proactividad de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, para pelear este tema en Europa debido a su imputación en la Audiencia Nacional. Gualda está siendo investigada en el marco del caso Leire Díaz, precisamente y presuntamente por haber favorecido la concesión de la ayuda estatal en 2021. Consideran también que en el contexto de precampaña y con la polarización política actual no contribuyen en absoluto a intentar buscar salidas. Intuyen que al Gobierno no le interesa intervenir por no reabrir otro frente.
Pero, como explican los trabajadores y el propio Ejecutivo vasco, el no hacer nada significa la clausura de la empresa, el despido de 1.200 empleos directos y una desolación industrial en el Valle de Ayala, así como en la zona minera de Bizkaia, a pesar de contar con pedidos y futuro industrial. “¿Son consciente de esto?”, se preguntan incrédulos.
Como destacan ellos, una fábrica no es solamente una instalación industrial. Es también una rutina, una identidad y una forma de organizar la vida. Es el despertador que suena cuando todavía es de noche, el café antes de entrar al turno, las conversaciones con los compañeros y el regreso a casa después de una jornada de trabajo. Para muchas familias es el sueldo con el que se paga la vivienda, se llena la nevera y se construye un proyecto de futuro y ahora todo eso está en cuestión.
Más de un siglo de industria en el aire
Tubos Reunidos acumula más de 130 años de historia. Su trayectoria está ligada al desarrollo industrial vasco y, especialmente, al de la comarca de Ayala, donde la actividad siderúrgica ha sostenido durante generaciones buena parte de la economía y del empleo. Por eso, el temor a perder la empresa no se mide únicamente en puestos de trabajo directos. Cuando una industria de estas dimensiones se tambalea, el impacto no termina en la puerta de la nave, se extiende por el territorio.
Cada cierre deja una huella económica, pero también modifica las expectativas de quienes viven allí. Los jóvenes se preguntan qué oportunidades tendrán cerca de casa. Los trabajadores de más edad temen que su experiencia deje de tener valor en un mercado laboral edadista. La partida no ha terminado, aunque está cerca del final. La decisiones que se adopten en las próximas semanas serán determinantes, pero hay algo que resulta evidente: la incertidumbre tiene un coste humano que no aparece en los balances de cuentas.
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