Al menos 150 millones de euros es lo que prevé la SEPI perder en el concurso de Tubos Reunidos que ha declarado un Juzgado de Vitoria la semana pasada, cifra que puede elevarse por encima de los 400 millones si se tiene en cuenta a Duro Felguera. Este escenario convive con el goteo de casos de corrupción asociados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que depende de Hacienda, buena parte de ellos, por estas ayudas, por lo que fuentes internas lamentan la pérdida de credibilidad que están sufriendo y plantean que debería haberse optado por dar avales en lugar de estos rescates.
Tubos Reunidos perdió 118 millones el año pasado y arrastra una deuda financiera de 263 millones, de los que unos 150 se los debe a la SEPI. El Gobierno aprobó el rescate de Tubos Reunidos con 113 millones el 20 de julio de 2021. Fue de los primeros, y forma parte de los cuatro más polémicos junto a los de Air Europa de 475 millones el 3 de noviembre de 2020, y Plus Ultra y Duro Felguera el 9 de marzo de 2021 de 53 y 120 millones, respectivamente.
La empresa vasca, cuyo rescate se investiga en la causa secreta en la Audiencia Nacional sobre la SEPI, tuvo contratado a su expresidente, Vicente Fernández, que fue detenido el pasado 11 de diciembre junto a la exmilitante del PSOE y supuesta fontanera del partido, Leire Díez, y a Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar, y socio de Santos Cerdán.
La dirección de Tubos Reunidos ha avisado de que la situación es muy complicada y de que, si no se generan las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir, el concurso de acreedores podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo.
Problema serio para la SEPI
El concurso de Tubos Reunidos plantea un problema serio a la SEPI, dado que el préstamo tiene la consideración de un crédito público y el juez puede considerarlo subordinado, es decir, que se paga el último, con lo que la Sociedad Estatal lo perdería todo. El crédito público supone la mitad, con lo que como mínimo en el entorno de la SEPI calculan que pueden perder 113 millones, a lo que se sumarían intereses devengados que elevarán el montante a cerca de 150 millones.
A esto se añade que en los concursos se empieza por pagar los créditos vencidos, y el crédito de la SEPI vence en 2028. La cifra final que se estima en la Sociedad Estatal de coste del concurso puede elevarse mucho más, ya que los intereses subordinados también se pierden, y pueden suponer al menos 70 millones, con lo que la solución que también apuntan es que algún inversor rescate a la compañía.
Patada hacia adelante con Duro Felguera
En el caso de Duro Felguera, que ha cerrado 2025 con pérdidas de 71 millones y de momento ha evitado el concurso, se ha dado la patada hacia adelante y se ha fijado 2032 para la devolución del crédito, pero en la SEPI son pesimistas sobre que se puedan recuperarlo, a lo que se suman los intereses, que creen que perderán seguro.
Este escenario puede verse agravado si decae la moratoria que libera a las empresas de incluir las pérdidas de 2020 y 2021 en sus balances y que no computen en su patrimonio neto, y que evita que muchas se vuelvan insolventes. Unas 80.000 podrían entrar en liquidación.
En el seno de la SEPI se plantea la reflexión de que nunca debería haberse montado el fondo de solvencia, y que habría sido más lógico dar avales como los del ICO, con la banca controlando los riesgos de las operaciones. El fondo de rescates es una fórmula, la capitalización, que propuso Europa, pero que al principio en el Ministerio de Economía de Nadia Calviño no se veía idónea, y pudo pesar la presión de Air Europa en que se acabará habilitando.
Temor a la comisión del Senado
La comparecencia en el Senado este martes de José Ángel Partearroyo ha causado temor en el seno de la SEPI, como ha informado Artículo14. Este abogado, que trabajó en la Sociedad Estatal entre 2012 y 2024, es poco conocido de puertas afuera pero desempeñó un papel clave en los rescates más polémicos, los de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera, y muy especialmente en el más controvertido, el de Plus Ultra, en calidad de hombre de confianza del Gobierno que descendía al nivel de los técnicos, según trasladan fuentes conocedoras, por lo que había gran preocupación en todos los estamentos por lo que pudiera desvelar. “Tiene mucha información”, advertían.
Su intervención se produjo además después de que diera un paso cuestionado y fichara por una de las empresas rescatadas por la SEPI, Global Exchange, de la que habría sido despedido el pasado marzo, y cuando la Audiencia Nacional investiga en secreto blanqueo de capitales entre otros delitos en el rescate de Plus Ultra, y presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la SEPI.
Partearroyo se incorporó a Sepides, filial de la SEPI que se ocupa de la gestión inmobiliaria del grupo y que se ha visto salpicada por casos de corrupción, en septiembre de 2022. Su situación interna había quedado debilitada por el avance de investigaciones sobre los rescates y otras operaciones.
Y dejó Sepides -y la SEPI- en abril de 2024, precisamente cuando se produjeron varios despidos en el seno del grupo tras estallar el caso Koldo. Entre ellos, el de la llamada comisionista de la SEPI, que ha sido nulo por un “error sospechoso” y tras un pacto de no agresión, según ha revelado Artículo14.
“Sorpresa” por el crédito de cinco millones al IE
Al final Partearroyo reveló que le “sorprendió” que se otorgara un crédito de cinco millones al IE. El centro universitario privado recibió una ayuda de Sepides en julio de 2020, cuando la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, dirigía su instituto Africa Center. Además, reconoció que la SEPI conocía que los Hidalgo se habían repartido un dividendo de 40 millones en 2020 antes de recibir el rescate.
Este abogado trasladó que el Gobierno rescató a Plus Ultra con informes externos pagados por la propia aerolínea cuya autenticidad nadie verificó, y entró en contradicción con el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien había afirmado en la Cámara Alta que los informes de las direcciones financieras de la sociedad que justificaron ese rescate iban sin firma. Según Partearroyo, sí iban firmados.