El viernes pasado tuve que viajar en el AVE y, en un momento dado, el tren se paró. El interventor nos comunicó por la megafonía que había un tramo de vía única y que tendríamos que esperar a que nos dieran autorización para continuar la marcha. Acto seguido añadió: “Las personas que necesiten algún tipo de asistencia (psicológica, se entiende), pueden ir al vagón de cafetería”. El anuncio se recibió con caras serias por la mayoría de los pasajeros. Y es que en España hemos llegado al punto en que hay gente que pasa miedo al montarse en el tren.
En los últimos nueve meses, dos accidentes ferroviarios han costado la vida a más de 115 personas y nadie ha asumido responsabilidad política alguna. El ministro del ramo, Óscar Puente ha decidido que no piensa dimitir. Su sacrificio llega a tal nivel que está dispuesto, dice, a soportar el calvario al que le van a someter, y más estando en campaña. El ministro de Transportes ha presentado su continuidad en el cargo como una muestra de que él no se arredra ante los problemas, que da la cara; y sigue, además, porque cree que no ha hecho nada malo: ni soldó la vía de Adamuz (como les dijo a las víctimas de esa catástrofe), ni estaba en el Centro de Control que dio luz verde al AVE que colisionó con el Iryo en Urda. Por si esto fuera poco, el ministro añadió que no sabe hasta qué punto su renuncia reconfortaría a las víctimas. Y ya le digo yo que, si se hubiera molestado en preguntarles, le hubieran dado una respuesta bien clarita.

El problema es que hay algo que Puente sí es: el responsable político de un sistema y de una red ferroviaria que han fallado estrepitosamente, entre otras cosas, por falta de mantenimiento y de inversión. Ahora es cuando nos damos cuenta de que quizá tener presupuestos importa más de lo que parece.
Los satélites gubernamentales se están ocupando estos días de echar la culpa de lo sucedido a la liberalización del sistema ferroviario y hay una parte cierta en este argumento: se ha multiplicado el número de trenes que circulan por nuestras vías; pero hay también una parte perversa en este argumento, porque las directivas que provienen de Europa no se aprueban de un día para otro, hay un plazo determinado (en este caso fue de cuatro años) y en ese tiempo los gobiernos tienen que trabajar para que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y, con posterioridad, deben elaborar unos planes de mantenimiento que parece que no se han cumplido. Por eso la Fiscalía Europea y la UCO investigan ya precisamente una posible malversación en los contratos de mantenimiento en la línea Madrid-Sevilla.

En ese valioso tiempo que pasó hasta que entró en vigor la liberalización, Ábalos colocó a su asesor, exportero de discoteca, Koldo García, de consejero de Renfe; a su amiga Jésica en Ineco; y a Claudia Montes, la mujer que admitía no saber nada de ferrocarriles, aunque iba a la biblioteca a leer sobre trenes, en Logirail.
Puente va a seguir, y eso es lo que quiere Pedro Sánchez, claro, porque, mientras se señale a su ministro, las miradas no se dirigirán a él. Recordemos, además, que no es la primera vez que lo hace, que pasó ya con Marlaska. Lo peor, sin embargo, no es esto. Lo peor es la falta de empatía que han mostrado con las víctimas: ni han pedido perdón, ni se han acercado a hablar con esas familias desesperadas y rotas que, en muchas ocasiones, no saben todavía ni siquiera qué ha pasado con los cuerpos de sus seres queridos.
Calvario no es lo que va a pasar Puente. Calvario es lo que están sufriendo las víctimas. Calvario es encontrar sus cuerpos y poder velarlos antes de llegar a casa y afrontar el vacío que han dejado, y observar sus cosas, y su ropa, y tener solo de aquí en adelante el recuerdo de lo que fueron. Eso es calvario, ministro; lo suyo es vileza.

