Cuando se convocan elecciones en España, los sillones en ciertas empresas españolas empiezan a cobrar vida.
Si hay un cambio en el partido que gobierna, el relevo en la cúpula se da por descontado —y, con él, la revolución en el organigrama—. Pero, incluso si quien dirige el país revalida la confianza del electorado, puede haber movimientos. Un recambio para dar impulso, un punto de inflexión ante pérdidas de confianza… Las razones pueden ser diversas.
El 29 de noviembre, antes de lo previsto, los españoles acudirán a las urnas. Y, como en cada ciclo electoral, eso ha colocado en el punto de mira a varias compañías cotizadas y a los ejecutivos que las lideran.
Algunos llevan años en el cargo. Otros casi acaban de llegar.
Es el caso de Ángel Simón y Josep María Recasens, presidente y consejero delegado de Indra desde el 2 de abril y el 17 de junio, respectivamente. El Estado, que tiene un 28% del grupo de tecnología y defensa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), forzó la salida de Ángel Escribano de la presidencia. Simón, su sucesor, impulsó posteriormente el cese del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, de la mano de Moncloa.
A los cambios en los ejecutivos y la alta dirección, se suma una nueva política de remuneraciones.
Esta no contempla indemnización alguna en caso de cambio en la presidencia no ejecutiva, cargo por el que Simón percibe una remuneración fija de 550.000 euros brutos al año. Sí detalla las condiciones estipuladas en el contrato mercantil de Recasens. El CEO podría percibir hasta 2,414 millones de euros brutos si sale de Indra y se incumple el preaviso de tres meses.
El 25 de noviembre, a cuatro días de los comisión, Simón y Recasens presentarán el nuevo plan estratégico.
De Telefónica a Redeia
Unos meses más que sus homólogos en Indra llevará en el cargo Marc Murtra cuando arranque la jornada electoral. El presidente ejecutivo de Telefónica, en la que SEPI controla el 10%, relevó a José María Álvarez-Pallete en enero de 2024.
En su caso, sí ha tenido tiempo para diseñar su hoja de ruta y ejecutar decisiones estratégicas como la reorganización de la estructura o la venta de activos en Latinoamérica. Murtra, que pasó de la presidencia de Indra a la de Telefónica, percibió 5,259 millones en 2025 en concepto de retribución fija y variable.
Según la política de remuneraciones, en caso de salida, recibiría dos anualidades de su retribución. Esta consiste en su remuneración fija (1,835 millones) y la media de las últimas dos retribuciones variables anuales. En 2025, la cuantía por este concepto alcanzó los 3,293 millones. Si este año la cifra fuese similar, el coste de su salida superaría los 7,13 millones.
Mientras un recambio en Indra y en Telefónica podría provocar un giro estratégico, en Redeia, el relevo asumiría una herencia envenenada. Como le ha sucedido a Juan José Ganuza en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a un potencial relevo de Beatriz Corredor le tocaría lidiar con la investigación a Red Eléctrica por el apagón.
Al operador del sistema se le investiga por una infracción “muy grave” relacionada con el funcionamiento del sistema eléctrico. Corredor, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 —bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero—, preside Redeia desde 2020. En 2025, percibió 546.000 euros en concepto de retribución fija y dietas.
Al tener la condición de no ejecutiva, no tiene variable aplicable a la resolución de contrato ni indemnización por blindaje.
Aena, un caso singular
Otra empresa del Ibex 35 en la que el Estado ejerce una gran influencia —es el primer accionista con el 51% del capital a través de Enaire— es el gestor de los aeropuertos españoles. Maurici Lucena, que fue diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña, es presidente-consejero delegado de Aena desde 2018.
Su caso es particular, puesto que su retribución está limitada por el Real Decreto 451/2012, que regula los sueldos en el sector público empresarial. En la práctica, eso supone que su remuneración está a años luz de la de sus homólogos en el índice selectivo.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los presidentes ejecutivos del Ibex 35 perciben, de media, 8,87 millones al año. Los CEO, 4,58 millones. Los consejeros ejecutivos, 4,82 millones.
En 2025, Lucena percibió 197.000 euros. El grueso, 182.000 euros, correspondieron a su sueldo, frente a 14.000 euros de variable a corto plazo y 1.000 euros de remuneración por sistemas de ahorro.
Según la política de Aena, inmersa en el mayor plan inversor de su historia (13.000 millones de euros), en caso de terminación de contrato con el presidente-CEO por desestimiento de la sociedad, le corresponderá una indemnización monetaria equivalente a siete días de retribución anual, por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. Es decir, hasta 98.500 euros. No existen pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia.
A través de SEPI, el Estado también es accionista de Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), Airbus (4,08%) e IAG (2,52%). Su capacidad de influencia varía de una empresa a otra, si bien tiene capacidad de veto en sectores considerados estratégicos, como el agroalimentario, ante la posibilidad de que compañías españolas sean adquiridas por compradores extranjeros.
SEPI y las empresas públicas
Ante un cambio de Gobierno, la cascada de movimientos se dejará sentir con más fuerza. Además de la cúpula directiva de las empresas privadas en las que tiene influencia y en las públicas —Renfe, Adif, Loterías, RTVE o Navantia—, la renovación alcanzará también a los órganos de administración.
Por ejemplo Enaire, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene seis vocales en Aena.
SEPI cuenta con un consejero en Telefónica —Carlos Ocaña, vocal y vicepresidente—; tres en Indra —entre ellos, el ex ministro socialista Miguel Sebastián—; y tres en Redeia —Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores entre 2020 y 2021, es una—. En Ebro Foods está representada por Jordi Xuclà, aunque en el consejo también se sienta Meritxell Batet, ex presidenta del Congreso y miembro del Partido Socialista, como vocal independiente.
Mientras, Enagás tiene como presidente a Antonio Llardén desde hace casi 20 años. Nombrado en 2007, cuando Zapatero era presidía el Gobierno, se ha mantenido en el cargo en las etapas de Rajoy y Sánchez. En el consejo de administración hay varios ex ministros de distintos colores —Ana Palacio, José Blanco, José Montilla— y dos vocales que representan a SEPI. Son Francisco Caamaño, también ex ministro, y Bartolomé Lora, vicepresidente de SEPI e investigado por prevaricación administrativa en el rescate a Air Europa.
Al propio holding, en el ojo del huracán por caso Plus Ultra, investigado en la Audiencia Nacional, también le alcanzarían los cambios. Su presidenta, Belén Gualda, percibió 258.000 euros brutos el año pasado, el sueldo más alto de un cargo público. Se la investiga por presuntas irregularidades y comisiones ilícitas en la adjudicación de contratos públicos en el marco del caso Leire Díez.