La SEPI ya admite el riesgo que le supone la investigación del ‘caso Plus Ultra’ en la Audiencia Nacional. Así lo recogen las cuentas de 2025 del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, en las que si bien cree, “hasta donde tiene conocimiento”, que la legalidad de sus decisiones en el rescate no está en duda -lo mismo que traslada sobre la ayuda pública a Air Europa y Tubos Reunidos-, muestra preocupación con “la naturaleza de los hechos investigados”, lo que dado su “carácter preliminar y la incertidumbre inherente a los procedimientos” le hacen reconocer que “no puede descartarse que de su evolución futura pudieran derivarse efectos o contingencias de diversa naturaleza”.
Y es que como ha informado Artículo14, la causa que instruye el juez José Luis Calama le interpela y puede suponer que su Consejo Gestor sea imputado por segunda vez tras el archivo de la investigación que se siguió en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid por pasársele un plazo a la jueza Esperanza Collazos.
Los exdirectivos colaboran
Pues bien, este escenario se está acercando. Los exdirectivos de Plus Ultra imputados están facilitando información sobre el rescate al juez después de remitir unas cartas en julio en las que sostenían que José Luis Rodríguez Zapatero cobró un 1% por el rescate de la aerolínea, lo que han ratificado ante Calama en septiembre. La Fiscalía quiere que su colaboración sea máxima y esta semana han aportado documentación sobre la negociación de la ayuda pública que apunta a responsabilidades de la SEPI y de su Consejo Gestor.
El exCEO, Roberto Roselli, ha trasladado una tanda de correos que muestran que la Sociedad Estatal maniobró ante la Comisión Europea cuando pidió información sobre el rescate de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 justo cuando éste había sido denunciado en los tribunales, y que estaba al tanto de que la compañía iba a emplear el rescate en pagar a una lista de acreedores internacionales opacos, además de denunciar que hay contratos en la causa que estarían falsificados. Estos nuevos indicios acercan una posible imputación del Consejo Gestor de la SEPI, que ya estuvo investigado en la causa originaria de la actual, que se archivó porque a la jueza se le pasó un plazo.
La trama de blanqueo internacional entre los citados acreedores y Plus Ultra es investigada por EEUU desde 2018, y las autoridades de Suiza y Francia detectaron que estaba operando con el rescate de la aerolínea de inmediato, ya en 2021.
El entonces director de Participadas, José Ángel Partearroyo, el hombre de Plus Ultra en la SEPI, citado el 19 de noviembre a declarar como testigo, envió a Roselli y a Julio Martínez Sola un correo el 20 de abril de 2021 en el que les dice que “de acuerdo con lo comentado” les remite la “solicitud de información de la Comisión Europea sobre la operación”, lo que acompaña de “vuestro plan de viabilidad censurado a efectos de remitir una versión no confidencial”.
Denuncias previas
En ese momento, se habían presentado varias denuncias. Una de Vox contra el Consejo de Ministros que decidió la ayuda que no prosperó; una primera de Manos Limpias sobre el rescate que fue sobreseída que se centraba en la consideración de estratégica de la compañía en base a sus pérdidas y a su escasa actividad, y una segunda el 25 de marzo de 2021 de este sindicato que la amplió para incluir al presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, y sus máximos accionistas, que fue admitida precisamente en esa fecha.
El 21 de abril de 2021 la titular del Juzgado de Instrucción número 15 incoó diligencias de investigación sobre el rescate por un posible delito de malversación de caudales públicos contra el expresidente en funciones de la SEPI y vicepresidente, Bartolomé Lora, y todo el Consejo que avaló la medida, entre ellos, la entonces secretaria de Estado de Energía y ahora vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Ecológica, Sara Aagesen.
Prestamistas internacionales opacos
La catarata de correos que aporta Roselli da muestra de que la SEPI preguntó por la lista de acreedores y conocía que el recate iba a acabar en manos de prestamistas internacionales opacos, precisamente el origen de la causa que ahora investiga Calama.
El 27 de noviembre de 2020 Partearroyo preguntó a Roselli y a Martínez Sola sobre sus acreedores: “¿Actualmente todos los de la lista son acreedores con los que tenéis deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal?”.
La relación entregada incluía, entre otros, la petrolera estatal venezolana, PDVSA, con casi 4,7 millones pendientes; Modus Securitisation, con 522.372 euros; y otras compañías. En la documentación aportada a la SEPI se incluían los préstamos puente y las rentas pendientes de abonar a Modus Securitisation, sociedad radicada en Luxemburgo. Se trataba de cinco créditos: Wailea Invest prestó 500.000 dólares el 28 de octubre de 2020; Allpa Wira Trading UK Limited, otros 500.000 el 20 de noviembre; Panacorp Casa de Valores, 450.000 euros el 4 de enero de 2021, y Valerian Corporation, otros dos préstamos de 450.000 euros, el 29 de enero y el 26 de febrero. Todos formalizados mientras el expediente del rescate ya estaba en marcha”.
El banco señalado por EEUU
La contabilidad de Plus Ultra Líneas Aéreas aportada ahora muestra un movimiento financiero relevante en el ejercicio en el que recibió el rescate público que desveló Vozpópuli, por el que multiplicó de forma abrupta en cinco millones de dólares el saldo mantenido en una cuenta bancaria en Puerto Rico, en Andcapital Bank International Corp., una entidad que ha sido señalada por la Inteligencia de Estados Unidos en relación con presuntas operaciones de lavado de dinero de accionistas venezolanos de la aerolínea. Varios de estos movimientos que la documentación muestra que conocía la SEPI son de entidades relacionadas con Rodolfo Reyes.
Buena parte de los fondos que emergieron en Andcapital se transfirieron luego a Venezuela, según avanzó el medio citado, lo que la nueva documentación muestra que se hizo a través de la entidad venezolana Banca Amiga.
El cerebro financiero
Algunos de estos préstamos están relacionados con Simon Leendert Verhoeven, uno de los cerebros financieros de la trama, que esta citado a declarar el 16 de octubre tras ser detenido en Alemania.
Durante la declaración de Roselli del pasado 8 de septiembre, la fiscal detectó discrepancias entre los contratos aportados por su defensa y otros recibidos a través de comisiones rogatorias de Suiza. El exCEO coincide con el Ministerio Público y traslada que algunos “no serían auténticos” y que una misma firma de Martínez Sola aparece “pegada” en varias ocasiones con el fin de simular que algunas sociedades habían participado en la compra de una emisión de bonos cuando no fue así.
Respecto a dos contratos de Wailea Investment Limited y Allpa Wira, ambos por 500.000 dólares, apunta que se habría partido de documentación de Valerian para cambiar la fecha, la sociedad y las firmas. No atribuye la supuesta falsificación a nadie en concreto ni plantea que fuera las que examinó la SEPI. El pasado abril, la UDEF ya advirtió de que la documentación remitida por la SEPI estaba incompleta, con archivos que no podían abrirse, documentos que citaban los asesores que no aparecían y actas perdidas.
En los correos aportados se puede ver que la propia compañía admitía cuando se postulaba para recibir la ayuda que en 2019 sus resultados fueron negativos, lo que le inhabilitaría para ser rescatada.
Apartar a Sola por colaborar
Por su parte, Martínez Sola ha denunciado que la SEPI le exigió ceder el control de la compañía por estar colaborando en la causa judicial, lo que se ha producido este verano, justo cuando ha empezado a colaborar, y es efectivo desde este 18 de septiembre, según acredita.
Condicionó la continuidad de la asistencia financiera a que renunciara de forma irrevocable a los derechos políticos de su participación en la aerolínea investigada en la misma causa de Zapatero, sostiene en un escrito, aunque fuentes próximas a la sociedad estatal han trasladado a El País que se le apartó para conservar el buen nombre de la compañía, lo que no se había hecho con la causa judicial de 2021 que se archivó en 2023 ni con la nueva, en la que fue detenido en diciembre de 2025, hasta ahora.
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