La ejecutiva de Junts, reunida de manera telemática desde las 21.00 horas, ha decidido esta noche votar en contra del llamado ‘decreto Maricarmen’, con lo cual el Gobierno perderá mañana la votación en el Congreso para convalidar la iniciativa que, entre otras cosas, estaba diseñada para prohibir los desahucios hasta 2030 y para prorrogar dos años los alquileres que venzan antes de 2028.
La decisión de Junts de tumbar el decreto de vivienda deja en evidencia, una vez más, que el Gobierno del PSOE y Sumar no tiene mayoría en el Congreso para que prosperen sus iniciativas.
De nada han servido los esfuerzos negociadores del Gobierno en las últimas horas ni tampoco la ola de presión social generada a partir del desahucio de la anciana Maricarmen, de 87 años, para arrastrar a Junts a sus posiciones, puesto que la formación soberanista ha considerado que el decreto era lesivo para los pequeños propietarios.
Así las cosas, los votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria no serán suficientes para que el Congreso de los Diputados convalide un decreto que el Gobierno había impulsado a contrarreloj.
El comunicado de Junts
En un comunicado dado a conocer al término de la ejecutiva, Junts ha considerado que muchas de las medidas incluidas en el dreceto “provocarán el efecto contrario de lo que pretenden”. Es decir, “reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica”. “Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas”, añade Junts.
En un segundo punto, Junts afirma que los decretos no frenarán “los fondos buitre”. “Con el redactado actual, estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables”, dicen.
Añaden que los decretos de Gobierno “no resuelven adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, pues no se garantiza el pago por parte de la Administración”.
Continúan argumentado su rechazo con que “determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias”.
Piden la retirada del decreto
En resumen, dice Junts, “una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ellos para las familias de clase media y trabajadora”.
Por todo ello, la ejecutiva de Junts emplaza a su grupo parlamentario a pedir la retirada del Real decreto ley 26/2026 e inste al Gobierno español a elaborar de inmediato un nuevo texto.
“Tan pronto como este nuevo texto esté terminado, Junts pide que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley. En estas condiciones, Junts dará su voto favorable”, sentencia el comunicado de la formación soberanista
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