Hasta cinco Ministerios se vieron envueltos en la trama de favores que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero que detalla el juez José Luis Calama: Transportes, Seguridad Social, Hacienda, Economía y Transición Ecológica estuvieron en el objetivo, mientras la causa que investiga la Audiencia Nacional puede salpicar a altos cargos que formaron parte del Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas de la SEPI, el órgano que resolvía las solicitudes de ayuda, que podrían ser reimputados, el caso de la ahora ministra Sara Aagesen.
Además de Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, formaban parte de este Consejo el vicepresidente del hólding público, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente.
Transportes, el más solicitado
El de Transportes es quizás el Ministerio más solicitado y el entramado tuvo acceso al propio ministro, José Luis Ábalos; a su asesor, Koldo García; al secretario de Estado, Pedro Saura, e incluso a altos funcionarios de agencias de aviación. Los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI “mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos, articulando para ello dos líneas de influencia diferenciadas, una a través de José Luis Ábalos, y otra a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea durante la investigación, finalmente fue la vía de Zapatero la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”, señala el juez.
A pesar de ello, los contactos con Transportes se sucedieron y hubo favores al ministro. Cabe recordar que Plus Ultra necesitaba informes de este Ministerio y que se le renovara la licencia de vuelo.
“Tocamos a Ábalos”. “Necesitamos llegar a Ábalos”. “A su mano derecha”, planteaban el 23 de marzo de 2020. El 08.07.2020 agendan una reunión con el secretario de Estado. El 31.12.2020, uno de los imputados, el empresario peruano Felipe Baca, encarga la realización de dos pagos, entre ellos uno por un importe de 2.000 euros a “Jésica”, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre “Jess”.
El 24.01.2021 los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola hablan de la reunión que Julio Martínez Martínez va a tener con Ábalos sobre su Certificado de Operador Aéreo (AOC).
El acceso a la SEPI
En un proceso parecido al de Air Europa, el volcado de mensajes en la causa muestra que Plus Ultra también intentó pasar de los avales del ICO, que en su caso, no le concedían, a las ayudas de la SEPI, fondo que diseñó el Ministerio de Economía de Nadia Calviño. Una vez que entraron por esta vía, recibieron ayuda de la trama para agilizar el proceso y para falsificar su situación contable y con la Seguridad Social, según muestra el auto.
El 12.09.2020 directivos de Plus Ultra comentan: “Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España”. Para que el expediente acelere, recurren a la trama constantemente, y al propio Zapatero. El 16.09.2020 Roberto Roselli remite a Rodolfo Reyes un audio en el que indica que el procedimiento se encuentra parado por la escasez de personal de la SEPI, que van a volver a llamar a Julio Martínez Martínez para conseguir una reunión y que no sabe si sería adecuado que “alguien de arriba, o el mismo Zapatero, hable directamente con la SEPI”.
El 22.09.2020 cunde el nerviosismo: “Necesitamos ese empujón”. El 30.09.2020 Roselli indica a Reyes que Martínez hablará el día siguiente con la SEPI. Transcurridos unos minutos, Roselli dice haber recibido una llamada de la SEPI para informarles que la revisión había empezado y añade que cree que la llamada es a raíz de una carta.
El 04.11.2020 Roselli remite un audio a Rodolfo Reyes que dice que Julio Martínez Sola ha hablado con alguien de la SEPI, mientras Martínez Martínez escuchaba la conversación “clandestinamente” y le pareció “bastante positivo”. El 05.11.2020 tiene lugar un pago de Plus Ultra al entorno societario de Julio Martínez Martínez. El 21.11.2020 Julio Martínez Sola pregunta a Julio Martínez Martínez si ya sabe quién es el asesor que lleva su expediente. Poco después ya hablan con José Ángel Partearroyo, que acaba de comparecer en el Senado.
Información privilegiada
Al juez, que ve uso de información privilegiada, le “resulta especialmente relevante que Julio Martínez Martínez felicite anticipadamente a los directivos de Plus Ultra por la concesión de la ayuda pública el 26.02.2021, indicando incluso la fecha exacta del Consejo de Ministros en que se aprobaría, afirmando haber sido informado por la propia SEPI. Esta comunicación se produce antes de la reunión del Consejo Gestor el 02.03.2021, evidenciando un conocimiento previo del sentido de la resolución adquirido fuera del procedimiento”, destaca.
El 9.03.2021, día en el que el Consejo de Ministros aprobó el rescate, Julio Martínez Martínez felicita a Reyes por la obtención de la ayuda de la SEPI, y éste refiere la importancia de estar bien relacionado.
Escrivá perdona la deuda con la Seguridad Social
Otro ministro al que el auto muestra que la trama llegó de pleno es José Luis Escrivá. Lo que llevó a altos funcionarios de la Seguridad Social a firmar que Plus Ultra no tenía una deuda que sí tenía, para poder recibir el rescate, como ha informado este martes Artículo14.
“El 20.08.2020 Plus Ultra obtiene un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, está informa de la existencia de una deuda”, constata el juez. Precisamente entonces y en relación con Plus Ultra se habría producido una reunión de Zapatero con el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España, según acredita un whatsapp de Ábalos que Koldo García reenvió a Víctor de Aldama que desveló ABC, y que la Audiencia ha incorporado a esta causa.
El mensaje que volcó la UCO se remonta al 7 de septiembre de 2020: “Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo”. “Para que lo sepas”, le dice el exministro a Koldo. Desde el entorno de Escrivá trasladaron que esta reunión no se produjo y que el exministro no tenía competencias en los rescates -que decidía el Consejo de Ministros-. La investigación de la Audiencia Nacional ahora muestra que sí le incumbía.
Dos altos cargos fimaron que Plus Ultra “NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”, así como que, a fecha 31.12.2019, la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”, detalla la Audiencia Nacional.
El Consejo Gestor, en el punto de mira
El auto de la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios. Cuando se conoció el pasado diciembre que la jueza estaba investigando a la aerolínea en secreto, se plantearon dudas sobre si el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento de plazo impedía que se pueda reabrir la causa. Fuentes jurídicas consultadas trasladan que la gestión de la SEPI y, en concreto, del Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, órgano que resolvía las solicitudes de ayuda, está de nuevo bajo escrutinio de la Justicia.
Puede discutirse el rol de la Sociedad Estatal Participada por Hacienda en la concesión del rescate, como hizo la jueza en el auto de archivo de la causa principal, ya que consideró que los miembros el Consejo Gestor “carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”, y apuntó por lo tanto al Gobierno.
Pero es más difícil esconder la responsabilidad del Consejo Gestor en la gestión de la ayuda, que debe controlar y monitorizar y que puede incluso entrar en el consejo de administración de la empresa. “La SEPI comunicará al Ministerio de Hacienda con carácter mensual las operaciones realizadas a través del fondo, contenido que formará parte del informe anual que presentará al Consejo de Ministros para su posterior comunicación a la Comisión Europea”, establece el reglamento del Fondo de ayudas.
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