A estas alturas, todos hemos escuchado ya hablar de los malos resultados de la escuela española en la última edición del informe PISA. Os aseguro que son reales: los docentes llevamos viendo varios cursos seguidos (tal vez desde la pandemia) que el nivel –en términos generales– va bajando. Los datos lo avalan: la comprensión lectora cae hasta 451 puntos, 23 menos que en 2022; las matemáticas bajan 16, y las ciencias 8 puntos. Seguramente también habremos leído ya explicaciones, diagnósticos y propuestas de todo tipo. Pero lo que no suelo escuchar a menudo es la respuesta a la pregunta básica: ¿por qué estas mejoras no se implementan ya? Os anticipo que exigirían una estructura social y política que no tenemos, y por eso siempre seguimos “parcheando la educación”.
A mi modo de ver, necesitaríamos cuatro grandes cambios para una reforma de calado que mejorase el sistema. El primer pilar de la reforma educativa debería ser la carrera docente. Necesitamos procesos de selección del profesorado más exigentes y, al mismo tiempo, una verdadera carrera profesional, que no solo se base para el desarrollo en el criterio actual –es decir, la antigüedad–. Deberían existir, a mi modo de ver, hitos, responsabilidades e incentivos vinculados a la formación, la innovación, el liderazgo pedagógico o la calidad educativa que alentasen al profesorado a crecer como profesionales. La vocación no basta: necesitamos un camino realista de desarrollo. Si no, como en todas partes, nos acomodamos. Además, deberíamos buscar plantillas más estables, para conseguir “fijar” profesorado en el territorio (pienso sobre todo en la España rural) y permitir que un centro construya proyectos duraderos, conectados con la comunidad educativa y social a la que sirve, y pensados y desarrollados a largo plazo.
En segundo lugar, necesitamos un mejor currículo. No puede ser que lleguen chavales a 4º de ESO, en el itinerario de Diversificación (por ejemplo), y no sepan ni escribir adecuadamente ni entender lo que leen. Necesitamos simplificar el vocabulario del currículum y su estructura y volver a hacer visibles los contenidos básicos que todo alumno debe dominar en cada etapa. Evaluamos ahora por competencias (habilidades específicas del alumnado en cada materia), lo cual está muy bien, pero esto genera el riesgo, si no se subraya lo suficiente, de desdibujar los aprendizajes elementales. Los contenidos deben regresar. Esto no significa cambiar radicalmente la LOMLOE; tal vez sea solo simplificarla, acentuar los saberes básicos o, incluso, hacerla cumplir. Pero debemos seguir dando valor a lo que cada alumno debe conseguir en cada etapa; y diseñar procesos de recuperación o repetición para conseguir esos hitos al año siguiente, si en un año no se han conseguido. A veces somos expertos en metodologías innovadoras o en TIC, mientras que el alumnado pierde curso tras curso en competencias que en otros tiempos se lograban sin problema (y por no hablar de la cuestión de la IA). Yo sigo creyendo en la “fórmula de siempre”: aprender en clase y estudiar en casa (cómo lograrlo es fundamental también, claro).
En tercer lugar, deberíamos potenciar aún más la autonomía de los centros. Habría que realizar los cambios jurídicos necesarios para que la Dirección ejerciese un verdadero liderazgo pedagógico (y no fuese simplemente un equipo de “gestión interna”), y para que la inspección educativa y las administraciones territoriales actuasen más como facilitadoras de los proyectos que como simples órganos de control. También convendría abrir y ordenar mejor las vías de colaboración con la iniciativa social y privada (¿por qué no?), dar a los centros mayor capacidad para configurar sus equipos docentes dentro de unas garantías comunes y favorecer la aparición de proyectos de referencia o escuelas modelo. Las escuelas que implementen prácticas de éxito deberían recibir compensaciones o reconocimientos, sin que ello supusiese detraer recursos a las escuelas más necesitadas.
Y, en cuarto lugar (y esto es lo más importante), necesitamos un gran pacto educativo que dé estabilidad al sistema durante ocho o diez años. Un pacto de mínimos en el que participen desde el principio los sindicatos, las organizaciones de la enseñanza concertada, las comunidades autónomas y las principales fuerzas políticas; para acordar una dirección común en cuestiones esenciales: competencia lectoescritora, matemáticas, ciencias, competencia digital y humanidades. Ese pacto debería incluir un compromiso de estabilidad normativa. Durante ese periodo no podríamos hacer cambios ni en la legislación estatal ni en las autonómicas. También sería necesario evaluar de manera sistemática los resultados de ese pacto, no solo mediante PISA o las pruebas diagnósticas existentes, sino mediante instrumentos nacionales comparables que permitan conocer qué funciona y qué no (¿una PAU unificada?). La financiación debería atender las necesidades diferentes de los territorios y, al mismo tiempo, incentivar la mejora sostenida de los resultados educativos, evitando el derroche de recursos.
¿Y por qué es tan difícil hacer todo esto? Porque, como habréis observado, los intereses que confluyen en la educación son muchos y variados. Y no está el horno para bollos. Una reforma estable necesita mayorías políticas suficientes, conjugarla con los derechos adquiridos de los trabajadores (sobre los que los sindicatos tienen una legítima responsabilidad de vigilancia), atender a la diversidad territorial y a las lenguas cooficiales y, además, a la libertad de elección de las familias. Todo esto hace que, en una sociedad políticamente polarizada y territorialmente compleja, cada una de estas cuestiones pueda convertirse fácilmente en un punto de fricción. De ahí que la gran reforma de largo plazo parezca siempre aplazarse y terminemos recurriendo al parche o a la mejora de las leyes ya existentes.
Pero, aun así, de parche en parche, seguimos educando. Malala Yousafzai resumió hace años la fuerza transformadora de la educación en cuatro elementos sencillos: un niño, un profesor, un libro y un lápiz. Esa relación educativa sigue siendo el corazón de todo el sistema, con reforma o sin ella. Y por eso sigue mereciendo la pena la vocación docente, y sigue siendo uno de los servicios más dignos que se pueden hacer socialmente. Un compañero de mi Departamento (Filosofía) me recordaba hace poco, tomando un café en el instituto, que resulta casi asombroso que un grupo de familias deje a sus hijos cada mañana en un aula para que nosotros les hablemos, entremos en diálogo con sus ideas (“hurguemos en sus mentes”, decía él muy plásticamente) y les ayudemos a crecer, a pensar por sí mismos. Esto hace que la educación siga mereciendo la pena hoy, con todo el alumnado y en toda circunstancia, que siga siendo algo (casi) sacramental.