El caso de Maricarmen ha causado una gran conmoción social que ha originado una gran movilización y una respuesta política que no habíamos tenido en los últimos 8 años del gobierno de Pedro Sánchez. Yo sigo conmovida recordando la imágenes de esta pobre señora a la que el Samur le sacó en camilla después de 71 años viviendo en su propia casa y sin una alternativa habitacional. Como ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos creo que deberíamos exigir a las diferentes administraciones a ofrecer una salida a una persona vulnerable. Maricarmen ha sido desatendida por el Estado y afortunadamente sus imágenes han hecho remover la conciencia a todos los actores implicados que han logrado que Maricarmen pueda volver a su casa al menos durante los próximos 8 años.
Ahora bien Maricarmen no representa a los jóvenes que no pueden emanciparse ni a las familias que buscan un alquiler y no lo encuentran. Esta señora se ha convertido en el rostro del grave problema que tenemos en España con el alquiler porque responde a la carga emocional de ver a una anciana salir de su casa en camilla. Pero el corazón del problema de esta crisis habitacional que estamos viviendo no está en las personas mayores con renta antigua, sino en los jóvenes que no pueden pagarse un alquiler o una vivienda en propiedad. El problema está en que faltan viviendas. Por dar datos oficiales el Banco de España dice que faltan 750.000 viviendas y ese desequilibrio va a crecer. España necesita reformas profundas y no legislar en caliente. Un decreto puede prorrogar alquileres, prohibir compras o incluso modificar el sistema fiscal. Bien diseñado puede incluso establecer diferentes situaciones como distinguir entre el pequeño propietario y el gran tenedor para evitar que el lanzamiento de una persona sin alternativa habitacional se convierta en algo tan terrible como un abandono. Pero un decreto nunca fabrica suelo, ni concede licencias, ni levanta edificios. Construir las casas que faltan es política de vivienda. Los jóvenes y los migrantes que trabajan legalmente en nuestro país necesitan viviendas para seguir trabajando y tener un techo en el que vivir y esto no se está defendiendo por parte del Gobierno. Lo que se está proponiendo como factible es limitar precios y prorrogar contratos pero todas las promesas de construcción de viviendas públicas han caído en saco roto. Y si todos sabemos que ese es el problema ¿por qué no se construyen?
Las soluciones que no son de un día para otro sólo se encuentran en la centralidad y esto interpela también al PP. Las competencias en vivienda están muy repartidas y el primer partido de la oposición tampoco puede presentar un balance positivo en sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos porque la inversión pública sigue siendo muy baja. Aunque el principal problema lo tiene el gobierno que está en el poder porque lleva 8 años sin sacar adelante más vivienda pública. Y este es el nudo del problema: la escasez de oferta. Siguen faltando reformas de fondo que consigan movilizar suelo, simplificar trámites, incentivar la construcción, contratar a obreros que construyan y ampliar el parque disponible. Además es necesario dar seguridad jurídica a los propietarios muchos de los cuales no están conformes con lo que se ha diseñado. Por ejemplo obligar a un casero a justificar con papeles la causa por la que no quiere renovar un contrato puede hacer que muchos de ellos saquen sus pisos del mercado reduciendo la oferta. Algunos ministros socialistas reconocen off de record que la falta de pisos sociales es un problema imposible de resolver en un plazo corto o medio. Lo que dicen estas voces autorizadas es que se ha mirado y analizado todo y que no existen fórmulas mágicas porque principalmente no hay mano de obra para construir. Eso en la parte socialista, en la parte popular está claro que ahora mismo no van a llegar a ningún pacto con este PSOE sanchista. El PSOE se aferra al milagro de poner de acuerdo a la vez a Junts y Podemos, opuestos pero en la aritmética parlamentaria inseparables.
En definitiva, la crisis de la vivienda no se va a solucionar ni con un decreto ni con dos, aunque sean necesarios para una protección social transitoria, para aplacar ánimos o para intentar desalojar la Puerta del Sol que no parece que vaya a ser una tarea fácil a tenor de lo que seguimos escuchando de los acampados que quieren extender la propuesta. Son medidas paliativas que responden a una demanda social elemental para miles de personas pero que no son suficientes. Proteger a quien no tiene techo es política social. Construir las casas que faltan es política de vivienda. No es lo mismo. Ahora mismo sólo un parque enorme de pisos sociales en alquiler, por renta, daría una salida justa al problema más grande que tienen los españoles. Hace dos décadas, en plena burbuja inmobiliaria, esto del parque público sólo lo proponía Izquierda Unida. Ahora veinte años después incluso el PP está de acuerdo en disparar la edificación de casas asequibles. ¡Si Julio Anguita levantase la cabeza!