A Maricarmen Abascal la han desahuciado de una casa cuya historia jurídica empezó en 1956. Entonces España era otro país. El Código Civil decía que “el marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”. Él administraba los bienes del matrimonio y representaba legalmente a su esposa y ella necesitaba su permiso para cualquier contrato u operación económica. La licencia marital no desapareció hasta 1975.
En ese contexto llegó la familia Abascal al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. Maricarmen tenía 17 años. El contrato de aquella vivienda de renta antigua quedó a nombre de su padre. Setenta años después, el miércoles 23 de septiembre, Maricarmen fue desalojada del piso donde había pasado prácticamente toda su vida. Cientos de personas permanecieron durante la noche frente al portal intentando impedirlo. Era el cuarto intento. Por la mañana llegó la comisión judicial y ejecutó el desahucio.
Una escritora anónima donante
Para la propiedad, aquella vivienda era un activo inmobiliario con un determinado valor de mercado. Para ella eran la cocina de su madre, la habitación donde murió su padre, sus muebles, las fotografías y los recuerdos de toda una vida. Cuando apenas quedaban unas horas apareció una desconocida dispuesta a ayudarla. Era una escritora conocida que había leído su historia y que solo pidió que nadie revelara su identidad. Maricarmen seguiría pagando los aproximadamente 500 euros que venía abonando y ella cubriría el resto, incluso hasta los 2.650 euros mensuales que llegó a reclamar la propiedad. También estaba dispuesta a asumir la deuda pendiente. Ni siquiera eso bastó.
La parte legal del caso es un laberinto, pero puede resumirse de manera bastante sencilla. El contrato original estaba a nombre del padre. Cuando murió, en 1960, su esposa pudo continuar como inquilina. Fue una subrogación. Una persona ocupa el lugar del anterior titular y mantiene el alquiler. La madre de Maricarmen vivió allí hasta su muerte, en 2005. Entonces fue su hija quien ocupó su lugar.
El problema es que, mientras aquella familia seguía en la misma casa, las leyes habían cambiado. Las rentas antiguas permitieron durante muchos años que los contratos se prolongaran y pasaran de unos familiares a otros. Después, el legislador puso límites para evitar que aquellos alquileres, generalmente muy inferiores al precio de mercado, se transmitieran prácticamente de generación en generación.
En 1994 se aprobó la ley decisiva para entender el caso. Simplificándolo mucho, cuando un hijo adulto heredaba uno de aquellos viejos contratos ya no podía conservarlo necesariamente durante toda su vida. En determinadas circunstancias terminaba dos años después. Había excepciones, entre ellas sufrir una discapacidad igual o superior al 65%. Maricarmen tiene reconocido un 50%.
Su madre murió en 2005 y los tribunales consideraron que el derecho a conservar aquel alquiler debía finalizar dos años después, en 2007. Tras sucesivos recursos, el litigio llegó al Tribunal Supremo y la propiedad obtuvo finalmente una resolución favorable.
¿La ha desahuciado una ley machista?
Hay machismo en el origen de la historia porque en 1956 los padres de Maricarmen no tenían la misma capacidad jurídica. Pero la norma que finalmente limita el derecho de Maricarmen a continuar en el piso es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada en democracia y casi veinte años después de que desapareciera la licencia marital.
Tampoco puede asegurarse que, si su madre hubiera figurado desde 1956 como titular del contrato junto a su marido, Maricarmen pudiera conservar hoy indefinidamente aquel alquiler. La ley de 1994 introdujo igualmente límites a la transmisión de las rentas antiguas a los hijos. Una legislación desigual puso la primera pieza del dominó. Siete décadas después, otra legislación destinada a extinguir progresivamente aquellas rentas hizo caer las siguientes.
También el edificio cambió de manos. En 2018 la antigua propiedad vendió el inmueble a Renta Corporación. Dos años después ofrecieron a Maricarmen comprar su piso por 247.000 euros. No tenía ese dinero. Posteriormente la vivienda pasó a Urbagestión Desarrollo e Inversión. La empresa sostuvo que el antiguo contrato estaba extinguido y planteó para que pudiera permanecer una renta que llegó a situarse en torno a 2.650 euros mensuales y después otra de 1.650. Ella percibe aproximadamente 1.350 euros de pensión. El Ministerio de Vivienda intentó adquirir la casa mediante la empresa pública CASA 47, pero no hubo acuerdo. Tampoco cuando apareció la escritora anónima dispuesta a pagar la diferencia.
Vulneración de los derechos humanos
Y a la controversia judicial se añadió otra sobre los límites de la protección pública. UGT califica el desahucio como una vulneración de derechos humanos y un fracaso de las instituciones, al considerar que una persona vulnerable no debería ser desalojada sin disponer de una alternativa habitacional adecuada. El sindicato recuerda además que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había intervenido ya en el caso.
En junio, el Comité de la ONU había solicitado a España, como medida cautelar, que suspendiera el lanzamiento mientras se examinaba el caso o que garantizara a Maricarmen una vivienda alternativa adecuada a sus circunstancias. Pese a ello, el desahucio terminó ejecutándose.
El desahucio ha desatado una batalla política dentro del propio Gobierno. Sumar lo califica de indecencia y reprocha al PSOE no haber aprobado todavía el decreto de vivienda que debía recuperar la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables. El diputado de Compromís integrado en Sumar Alberto Ibáñez va más lejos y reclama expropiar el piso y devolverlo a Maricarmen, llegando a pedir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez si no actuaba.
El PSOE, por su parte, dirige sus críticas hacia el PP y acusa a Ayuso de poner alfombra roja a los fondos inmobiliarios y recuerda que PP, Vox y Junts habían rechazado en el Congreso la prórroga de la moratoria. Óscar López responsabiliza al Gobierno madrileño de favorecer a esos grandes propietarios. Desde el Gobierno de Ayuso devuelven la acusación: ofrecieron dos veces a Maricarmen una plaza en una residencia pública y lamentan que el Ministerio de Vivienda no haya hecho nada por ella. El Ayuntamiento de Almeida defiende que había puesto a su disposición servicios sociales y un alojamiento inmediato, al tiempo que recordó que el desahucio obedecía a una resolución judicial.es del lanzamiento.
Más de mil casos cada mes
El caso de Maricarmen es extraordinario por su edad y porque llevaba 71 años en la misma vivienda. Pero el tipo de problema al que se enfrenta es cada vez menos excepcional. En el primer trimestre de 2026 se practicaron en España 4.005 lanzamientos judiciales. De ellos, 2.600, casi el 65%, estaban relacionados con alquileres, frente a 971 derivados de ejecuciones hipotecarias.
La imagen del desahuciado ha cambiado desde la crisis financiera. Entonces pensamos sobre todo en familias que habían comprado una vivienda, perdían el empleo y dejaban de pagar la hipoteca. Ahora la principal causa de lanzamiento está en el alquiler. No existe, sin embargo, un retrato robot. Cuando se estudian específicamente las situaciones femeninas aparece una suma de fragilidades. Una investigación del Instituto de las Mujeres y la Universidad de Málaga estudió a 290 mujeres desahuciadas o en proceso de desahucio. Tres de cada cuatro tenían menos de 1.000 euros mensuales. De media dedicaban alrededor del 45% de sus ingresos a la vivienda. Entre los grupos especialmente vulnerables aparecían madres solas, migrantes y mujeres que vivían sin pareja.
A ese mapa se incorpora el perfil de la mujer mayor que vive sola, dispone de una pensión modesta y permanece en un barrio cuyo precio inmobiliario ha cambiado mientras envejecía dentro de la misma casa. Es una pobreza peculiar. Con 1.350 euros se puede vivir modestamente si la vivienda está pagada o cuesta 500. Es imposible asumir un alquiler de 1.600, 2.000 o 2.600.
Tras el desahucio, Maricarmen, según nos explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón y, después de un chequeo, se marchó con unos familiares. A los 87 años Maricarmen seguía viviendo sola, cocinaba y organizaba su propia vida. No estaba buscando una residencia. Quería conservar su casa.