La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se han congregado en las últimas horas cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.
Sanitarios del Samur han sacado a la mujer del edificio en camilla entre gritos de “no estás sola” y “asesinos” de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
“Hoy se ha consumado lo que no esperábamos”, ha lamentado una portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien ha recordado en declaraciones a los medios que la mujer “nunca jamás” ha dejado de pagar el alquiler y que “lo único que quería era morirse en su casa tranquila”.
La portavoz ha cargado además contra el Gobierno autonómico. “Nuestra región, Madrid, está gobernada por y para los especuladores, por y para los fondos buitre, para el lucro de unos acaparadores que destrozan nuestras vidas, como la de Maricarmen”, ha denunciado.
Vecinos y activistas habían pasado la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir este cuarto intento de desahucio. En la vigilia estuvieron presentes, entre otras personalidades del mundo de la cultura, Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.
Fuerte dispositivo policial
Un fuerte dispositivo policial, una acampada nocturna y cientos de personas a las puertas del portal. Así ha amanecido este miércoles la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, donde Maricarmen afrontaba el cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa en la que ha vivido más de siete décadas.
El lanzamiento, previsto inicialmente para las 7:30 horas, se retrasó hasta las 9:30, momento en el que llegó la comitiva judicial encargada de ejecutarlo. Su abogada, Beatriz Duro, explicó a TVE que las autoridades buscaban una “alternativa habitacional” y que, salvo que la jueza concediera más tiempo a última hora, la mujer sería desalojada.
Entre 200 y 300 personas, según el Sindicato de Inquilinas, permanecieron bajo la vivienda para intentar frenar el desahucio. Los agentes antidisturbios rodearon la zona, retiraron varias tiendas de campaña y desalojaron la acera, donde los manifestantes se habían sentado junto al portal. Al menos una persona fue levantada a la fuerza. Fuentes presenciales hablaban de más de una decena de vehículos policiales y de una “calma tensa” a la espera de la comisión judicial.
TVE denunció que los agentes desplazaron a la prensa fuera del perímetro. El sindicato proyectó una fotografía de Maricarmen sobre la fachada del edificio y cargó directamente contra el delegado del Gobierno: “Primero echan a la prensa. Luego desahucian con violencia. Así protege el PSOE a los fondos de inversión”.
Primero echan a la prensa. Luego desahucian con violencia.
Asi protege el PSOE a los fondos de inversión.
Responsable: Francisco Martín Aguirre, Delegado de Gobierno de Madrid. pic.twitter.com/z8PB2kC0e2
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026
La noche anterior, la propia afectada se dirigió a quienes la acompañaban: “Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea”.
Maricarmen, que tiene una discapacidad del 50%, se subrogó durante casi veinte años en un contrato de renta antigua, con una renta actualizada según el IPC más gastos como el IBI. Los problemas comenzaron en 2018, cuando el edificio pasó a manos de Urbagestión, empresa que, según los colectivos de apoyo, intentó elevar el alquiler un 275%. La inquilina ganó en primera instancia, pero el Tribunal Supremo acabó dando la razón al inversor.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber planteado a las administraciones la compra pública de la vivienda y reformas que refuercen la estabilidad de los alquileres, sin respuesta. La única alternativa ofrecida, denuncia, es una residencia privada de más de 1.200 euros mensuales, “una barbaridad” para su pensión. La organización recuerda además que Naciones Unidas ha pedido al Estado español medidas para evitar el desalojo.
La Delegación del Gobierno niega responsabilidad
La Delegación del Gobierno en Madrid se desmarcó del operativo. Sostuvo que la Policía Nacional actúa bajo mandato judicial y que el perímetro y las condiciones de acceso son “decisiones operativas” de los responsables policiales. Negó haber dado ninguna instrucción para limitar la cobertura informativa y aseguró haber pedido a la Policía que garantice la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa.
El delegado, Francisco Martín, calificó el desahucio de “profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan Social como de Derecho”, aunque recordó que “la decisión judicial adoptada compromete y determina la actuación policial”.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó que su departamento medió para adquirir la vivienda, pero que la propiedad “se cachondea de las administraciones” y le importa “un pimiento” la crítica social porque, dijo en alusión a Isabel Díaz Ayuso, “tienen a una presidenta que les protege”.