El rechazo anunciado por Junts a los dos decretos de vivienda aprobados esta semana por el Gobierno ha provocado una dura reacción de Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha cuestionado la estrategia de la formación de Carles Puigdemont y ha defendido la decisión del Ejecutivo de dividir las medidas en dos textos diferentes antes de someterlas este viernes a votación en el Congreso.
“Los que llevan días con la ensoñación de un solo decreto. Los que pretendían responsabilizar al PSOE. ¿Son conscientes ya de cuáles son las limitaciones?”, escribió Óscar Puente después de que Junts comunicara que no respaldará ninguno de los dos reales decretos.
El ministro continuó su reflexión en una segunda publicación. A su juicio, separar las medidas ha permitido conocer la posición de Junts ante cada bloque sin que pudiera atribuirse el rechazo al contenido de un único decreto que aglutinara todas las iniciativas.
“Si no se hubiese troceado el decreto habría cabido la duda de si Junts hubiera llegado a aprobar alguna medida por separado. Así no queda ninguna”, escribió. Y concluyó: “Por tanto los que decían ‘un decreto y que se retraten’ una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad”.
Óscar Puente responde al rechazo anunciado por Junts
Si no se hubiese troceado el decreto habría cabido la duda de si Junts hubiera llegado a aprobar alguna medida por separado. Así no queda ninguna. Por tanto los que decían “un decreto y que se retraten” una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad. https://t.co/yKJnUG0Ubj
— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 1, 2026
La intervención de Óscar Puente llegó poco después de que la dirección de Junts se reuniera de urgencia el jueves por la noche y decidiera rechazar los dos decretos que el Gobierno lleva este viernes al pleno extraordinario del Congreso.
La formación catalana pidió al Ejecutivo que retire los textos y elabore “de inmediato” una nueva propuesta que, según su planteamiento, permita afrontar la crisis de vivienda sin perjudicar la oferta de alquiler.
Junts sostiene que “muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden”. El partido considera que algunas disposiciones podrían reducir el número de viviendas disponibles, presionar al alza los precios y dificultar el acceso de los hogares con menor capacidad económica.
Se trata de la argumentación de Junts, discutida por el Gobierno, que defiende que los dos textos persiguen aumentar la estabilidad de los inquilinos y reforzar las herramientas contra la emergencia habitacional.
Por qué el Gobierno dividió las medidas en dos decretos
La referencia de Óscar Puente al “troceado” del decreto apunta directamente a una de las principales decisiones políticas adoptadas durante la negociación.
El Ejecutivo optó finalmente por presentar dos reales decretos-ley separados. El primero reúne un amplio paquete de actuaciones sobre alquiler, vivienda asequible y protección de determinados inquilinos. El segundo se concentra en una de las medidas que generaba mayores diferencias entre las fuerzas parlamentarias: la ampliación automática de los contratos de alquiler.
La separación permitía que los grupos pudieran respaldar uno de los textos y rechazar el otro. Esa posibilidad parecía especialmente relevante para el PNV, que había anunciado un apoyo crítico al primer decreto pero discrepancias con la renovación automática incluida en el segundo.
El mensaje de Óscar Puente interpreta ahora la negativa de Junts a ambos textos como una demostración de que la división no era el verdadero obstáculo para alcanzar un acuerdo con la formación catalana.
Qué incluye el primer decreto de vivienda
El primer real decreto-ley incorpora numerosas medidas que afectan al mercado del alquiler. Entre ellas se encuentra una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales para determinados contratos de vivienda habitual que cumplan las condiciones previstas por la norma.
También establece temporalmente límites a las revisiones de las rentas. Hasta finales de 2027, cuando el alquiler supere el límite máximo correspondiente del sistema estatal de referencia, no podrá aplicarse una actualización. En los demás supuestos, y en ausencia de acuerdo entre las partes, el incremento queda limitado al 2%.
El texto interviene igualmente sobre los alquileres de temporada y contempla reglas destinadas a evitar que contratos que en realidad funcionan como residencia habitual queden permanentemente fuera de las protecciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El Gobierno ha incorporado además otras medidas sobre grandes tenedores, vivienda asequible y protección de hogares vulnerables, dentro de un paquete negociado durante los últimos meses con distintos grupos parlamentarios.
El segundo decreto cambia la renovación de los alquileres
El segundo texto se concentra especialmente en la estabilidad contractual. La reforma establece que, una vez transcurrida la duración mínima legal del alquiler, el contrato podrá prorrogarse automáticamente durante otros cinco años cuando el propietario sea una persona física y siete cuando sea una persona jurídica, siempre que ninguna parte comunique en los plazos correspondientes que quiere finalizarlo.
El propietario tendrá que avisar con seis meses de antelación y el inquilino continuará disponiendo de dos meses para comunicar su decisión.
Además, cuando sea el arrendador quien decida no continuar con el alquiler sin encontrarse en uno de los supuestos exceptuados por la ley, deberá indemnizar al inquilino en los términos fijados por el nuevo régimen.
Esta reforma ha sido uno de los puntos más controvertidos durante la negociación y concentra buena parte de las discrepancias entre el Gobierno y algunas formaciones parlamentarias.
Junts pide retirar los textos y empezar una nueva negociación
Junts no se ha limitado a anunciar su rechazo. La formación ha pedido al Gobierno que retire los dos decretos y presente una nueva propuesta que incluya las medidas que considera necesarias para aumentar la oferta.
Durante las semanas anteriores, la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras había defendido un planteamiento con mayores incentivos fiscales para propietarios, ayudas vinculadas a hipotecas y alquileres, instrumentos de ahorro para jóvenes y mecanismos específicos para proteger a los pequeños propietarios ante determinadas situaciones de impago.
Junts sostiene que la política de vivienda debe distinguir entre grandes operadores y propietarios particulares y considera que una regulación excesivamente restrictiva puede provocar que parte de estos últimos retire sus inmuebles del mercado del alquiler.
El Ministerio de Vivienda rechaza esa interpretación y sostiene que durante la negociación incorporó modificaciones solicitadas por Junts y garantías destinadas precisamente a proteger determinados supuestos relacionados con pequeños propietarios.
El Gobierno decide llevar los decretos igualmente al Congreso
El Ejecutivo ha decidido no atender la petición de Junts para retirar los textos. Los dos reales decretos serán sometidos este viernes a consideración del Congreso, donde cada formación tendrá que expresar formalmente su posición.
Fuentes gubernamentales reaccionaron al anuncio de Junts asegurando que había llegado el momento de que PP, Vox y la formación catalana se “retraten” ante las medidas. La frase empleada después por Óscar Puente enlaza directamente con esa estrategia política.
Pedro Sánchez también ha defendido que la votación se celebre pese a la ausencia de acuerdo con Junts. El Gobierno sostiene que las medidas son fruto de meses de negociaciones y que los grupos parlamentarios deben fijar públicamente su posición.
La decisión de Junts deja así el debate de este viernes marcado por una confrontación que va más allá del contenido técnico de los decretos: también enfrenta dos diagnósticos diferentes sobre cómo intervenir en el mercado del alquiler.
La vivienda vuelve a tensionar la mayoría parlamentaria
El enfrentamiento evidencia nuevamente la dificultad del Ejecutivo para construir mayorías en una legislatura en la que cada votación depende de acuerdos entre fuerzas con posiciones muy diferentes.
PSOE y Sumar defienden las medidas como una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda y a las movilizaciones desencadenadas durante los últimos días. Junts argumenta, por el contrario, que el modelo escogido puede empeorar algunos de los problemas que pretende resolver.
Será el pleno del Congreso de este viernes el que determine finalmente el futuro de ambos reales decretos. Hasta entonces, lo que existe es un rechazo anunciado por Junts, no todavía una votación consumada.
Óscar Puente, entretanto, ha convertido esa decisión en una crítica política directa contra la formación catalana y también contra quienes reclamaban que todas las medidas llegaran juntas al Parlamento: “Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad”.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.