Comunidad de Madrid

Ayuso pide a la Justicia que ordene al Gobierno desalojar la acampada de la Puerta del Sol

La Comunidad de Madrid exige la inmediata disolución de la acampada en la Puerta del Sol después de que el delegado del Gobierno ignorase el requerimiento oficial de desalojo

MADRID, 29/09/2026.- Vista de la Puerta del Sol donde unas mil personas llevan acampadas ya tres noches en protesta por la situación de la vivienda. La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas para que la Delegación del Gobierno desmantele la acampada "ilegal" de la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, o de lo contrario acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín. EFE/ Rodrigo Jiménez
Tiendas de campaña ante el metro de Puerta del Sol.
EFE/Borja Sanchez-trillo

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la «inmediata disolución» de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la “inacción” de la Delegación del Gobierno.

Díaz Ayuso lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este “se niega a desalojar” la protesta. “Les anuncio que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno que se niega a desalojar la acampada ilegal en la Puerta del Sol, una acampada que nunca se debió permitir. Y, por tanto, vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol”, ha dicho la presidenta.

El Gobierno regional considera que la concentración y la acampada permanente instaladas en la Puerta del Sol “están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión”.

En su requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es “ilegal” y “excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión”, dada la “ausencia de comunicación previa”; su “carácter permanente e indefinido”; la “alteración del orden público con peligro para personas y bienes”; y que representa “una ocupación ilegal de un espacio público”.

También se quejaba de que la protesta perturba el “normal funcionamiento” de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional; la “imagen de Madrid como destino de calidad”; y la actividad comercial del centro de la capital, “paralizada de facto”.

Considera la Comunidad de Madrid, además, que corresponden al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, “sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio”, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones. A esta situación se suman los actos vandálicos y daños que atentan contra el patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.