Vivas, ante la jueza: “Avisé que era una invasión, no una crisis migratoria”

La jueza María Tardón ha arrancado esta semana la primera tanda de declaraciones para analizar si se cometieron delitos antes, durante y después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. El primero en declarar como testigo ha sido Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta. Tal y como ha venido diciendo en los medios de comunicación, sostuvo que avisó al Gobierno y que sus avisos fueron ignorados.

Ante la jueza, Vivas explicó que el día 27 advirtió a Moncloa que se trataba de “una invasión y no una crisis migratoria”. Intentó hablar con el presidente del Gobierno hasta en diez ocasiones, pero no lo consiguió. Según su versión, le cogieron el teléfono tres veces, pero era personal de su gabinete. Hasta el día 30 no consiguió hablar con Pedro Sánchez, cuando ya habían llegado miles de inmigrantes.

Durante su declaración, Vivas aportó comunicados de prensa de Ceuta y transcripciones de la Junta de Portavoces y de sus ruedas de prensa. Eso sí, aseguró que “la comunicación fue unidireccional” en todo momento. Es decir, Ceuta pedía y trasladaba la situación y no había respuesta. Remató asegurando ante la jueza María Tardón que “Marruecos es una amenaza directa para los intereses de España”.

A la salida, el presidente ceutí dijo estar satisfecho con su declaración y aseveró ante los medios: “Los ceutíes tienen derecho a conocer la verdad”. Insistió además en que la crisis es “el asunto más grave que ha ocurrido en nuestro país desde el punto de vista de la seguridad nacional en los últimos 50 años”. “Si Ceuta naufraga, naufraga toda España, remató.

Fuentes del caso consultadas por Artículo 14 aseguran que la actitud de la jueza durante toda la declaración fue la de “llegar hasta el final” con sus pesquisas, y que en la sala quedó patente “la sensación de abandono” que sufrió el gobierno de la ciudad.

La declaración de este jueves del jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en la ciudad, Gonzalo Sanz, será clave para la posible futura imputación del ya ex delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Sanz ya ha aseverado ante los medios que recibió mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI avisando de que llegarían muchos inmigrantes.

“En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h”, le dijo el agente la noche del 29 de julio. Y añadió: “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión”. Además, en su carta de dimisión sostuvo que informó a su superior de esos mensajes. “La información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida” por él “al propio delegado ese mismo día”, rezaba la misiva.

Si ratifica esta versión ante la jueza, a la que acude obligado a decir verdad como testigo, pondrá las cosas muy difíciles al delegado del Gobierno, que también presentó su dimisión esta misma semana. Podría acabar siendo el primer imputado de la causa.

Pérez de Triano, en un cambio de versión de última hora el día de su despedida, aseguró que advirtió al Ejecutivo semanas antes de que había que reforzar las fronteras. Dijo que se hicieron informes y comunicaciones diarias porque era “lo que les correspondía”, pero sus competencias “eran las que eran”. Y que la Delegación del Gobierno “no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera ni ordenar intervenir al Ejército”.

Así las cosas, la declaración de este jueves es clave para que la causa escale a otros cargos del Ejecutivo. Tal y como avanzó este periódico, en el Supremo estiman que es posible que la causa acabe instruyéndose en sus salas por la implicación de personas aforadas como el ministro de Interior.

Para que esto ocurra, la jueza Tardón está a la espera de una batería extensa de diligencias. En su último auto, pidió informes para intentar despejar la X sobre quién fue el “autor intelectual del asalto”, saber cuánta información tenían las autoridades españolas y cómo fue la gestión los días posteriores al asalto. Unas pesquisas que tardarán en llegar porque incluyen análisis biométricos y comisiones rogatorias a otros países para poder tener los perfiles de quienes promovieron el asalto en redes sociales.