El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ratificado que solicitó ayuda al Gobierno central días antes de la entrada masiva a Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, pero que el Ejecutivo no tomó las “medidas preventivas” que, a su juicio, eran necesarias para contener lo que ha calificado como una “invasión“.
Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional tras su declaración como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio. El presidente ceutí no ha querido desgranar lo que ha trasladado a la magistrada, aunque sí ha señalado que ha contestado a todas las preguntas. Además, ha pedido confianza en el trabajo de la justicia.
“Lo que supiera el Gobierno de la nación no es lo mismo que sabía la ciudad. El Gobierno de la ciudad sí sabía que había un incremento notabilísimo del número de llegadas a Ceuta (en los días previos). Por tanto, esto era una llamada de alerta que invitaba a tomar medidas preventivas. En base a la información que teníamos, lo solicitamos. Estas medidas preventivas no se tomaron y nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión”, ha remarcado. La de Vivas es la primera declaración desde que Tardón abriera diligencias previas a principios del pasado mes de agosto y se produce justo dos meses después del día de los hechos.
La cita tiene lugar dos días después de la dimisión del delegado del Gobierno del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. En la rueda de prensa, Triano afirmó que avisó al Gobierno central “semanas antes” de la movilización que se estaba produciendo al otro lado de la frontera.
“Permisividad” y “gestión favorecedora” de la entrada masiva
Al asumir la causa, Tardón apuntó a “permisividad” y “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos” que “se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”.
La magistrada admitió la personación de Ceuta como acusación particular en el proceso, al entender que la ciudad autónoma fue “víctima directa e inmediata” de los “graves hechos” sucedidos en la frontera del Tarajal, que provocaron la muerte de al menos 83 personas en su intento de llegar a territorio español.
En un informe encargado por Tardón, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional achacó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes “el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso” durante la entrada masiva de personas, señalando que hubo “planificación” tanto “previa” como “táctica”.
El CENIF también advirtió de que lo ocurrido no fue “incidental”, “ocasional” ni “espontáneo” y apuntó a la existencia de “una autoría intelectual anterior y otra material” relacionada con “funciones de seguimiento y control”.
En ese sentido, la Policía subrayó que hubo uniformados marroquíes que habrían dado “indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos” y habrían “organizado el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes”.
Y resaltó la presencia de “agentes dinamizadores” no uniformados, “de complexión fuerte o atlética” y con un comportamiento que “no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada y salida de territorio español”.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.