“El procedimiento sigue su curso”, aseguran fuentes autorizadas de la Audiencia Nacional. Subrayan que la causa de Leire Díez “no puede estar condicionada a la esfera política”. De ahí que el juez Santiago Pedraz haya ordenado una batería de diligencias el día después de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones.
Aunque no esté establecido por ley, es habitual que este tipo de procedimientos con tanta repercusión política se paralicen en periodos electorales. “Parará, pero sin exagerar”, añade otra fuente, que explica que es decisión del juez avanzar o no al margen de las fechas de los comicios.
El gran elefante en la habitación es la eventual imputación del PSOE como persona jurídica. La apertura de una investigación penal al partido lleva sobrevolando meses. De hecho, el PP, personado como acusación popular en el caso, ha reclamado a Pedraz esta imputación por “cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación”.
Considera el PP que Leire Díez “realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo de influir en su desempeño profesional y desarrolló diferentes actividades dirigidas a “destruir” el procedimiento judicial”. Y apuntan a que todo ello fue “sufragado” por el partido “por indicación de Santos Cerdán”.
“No es solo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro del Partido”, concluyen en Génova.
Lejos de guardar en el cajón este escrito hasta después de las elecciones, Pedraz dio traslado al ministerio fiscal para que se pronuncie sobre la pertinencia de esta imputación. Si bien, las fuentes consultadas no prevén una inminente imputación del PSOE. Más allá del contexto político, aún quedan informes de la UCO por llegar para poder tomar una decisión firme sobre la apertura de la investigación penal.
Asimismo, Pedraz ha ordenado una batería de diligencias. En primer lugar, quiere saber “relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos –centrales o territoriales-, entre 2021 y 2025”. Y recuerda expresamente que el partido “tiene derecho a no aportar información que entienda que le puede incriminar”, dejando entrever la posibilidad de esa futura imputación.
El objetivo es dilucidar si los abogados que han llevado la defensa de Koldo García y Santos Cerdán los pagó el partido para que contribuyeran a las maniobras orquestadas por Leire Díez. Ismael Oliver cobró 27.000 euros del partido por supuesta asesoría jurídica. Si bien se sospecha que este dinero acabó en manos de la supuesta fontanera, Leire Díez, por los servicios prestados al PSOE. Por otro lado, Teijelo cobró 125.000 euros; en teoría también fue contratado para asesoría jurídica, pero se sospecha que en realidad ese dinero también fue destinado a las cloacas.
Pedraz quiere saber también si fue cosa de las maniobras de Leire Díez la concesión de la nacionalidad española a Nervis Villalobos, exviceministro venezolano. Por eso le ha llamado a declarar como imputado el 28 de octubre. Ese mismo día acudirán como testigos el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz, y la subdirectora adjunta de la unidad, María del Mar López Álvarez. Ambos habrían tenido que ver con los trámites de Villalobos.
El juez quiere saber también las informaciones reservadas abiertas por el exDAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, aparte de las ya conocidas a los agentes de la UCO que investigaban causas relativas al PSOE.
Por último, ha pedido a la UCO que elabore un informe sobre las acusaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil a causa de una filtración de unas conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.
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