La campaña de descrédito contra la Guardia Civil y, más específicamente, contra las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), impulsada por el exsecretario general de Organización Santos Cerdán, y su mano derecha, Leire Díez, contó con la confabulación de la cúpula del organismo. Un nuevo informe de la UCO incorpora una prueba adicional a esta situación de ‘boicot’ interna por parte de sus máximos responsables: la directora general, Mercedes González, y quien entonces era su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.
Tal y como informó Artículo14, en la estrategia de cuestionar la actuación de la UCO e impulsar la apertura de investigaciones internas desde la cúpula del cuerpo, Mercedes González amenazó con sanciones a la citada unidad.
El argumento que justificó la acción, primero del DAO en mayo de 2025, y tres meses después de la directora general, fue la posible filtración de información de los trabajos de la UCO a los medios de comunicación. Cabe recordar que esta unidad estaba investigando a la familia de Pedro Sánchez -su mujer Begoña Gómez y su hermano David-, así como al propio PSOE.
Así, el 1 de septiembre de 2025, la directora general incoó un procedimiento de información reservada al general jefe del Estado Mayor sobre la base de que existían varios indicios que apuntarían “como posible fuente de filtración a mandos de la Guardia Civil y/o algún integrante de la UCO”. Esta acción de desprestigio se presentó a pesar de que, desde mayo, el DAO tenía la certeza de que la UCO no había filtrado información.
Y, como novedad sobre la documentación conocida hasta ahora, el último informe de la UCO incluye un WhatsApp entre dos jefes de la Guardia Civil que lo confirma.
El WhatsApp que se convierte en prueba
Este WhatsApp constituye, por sí mismo, una prueba adicional de la voluntad del DAO de abrir una investigación contra la UCO a sabiendas y pese a la imposibilidad de que hubiera sido esta unidad quien hubiera filtrado las conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
Su relevancia queda reflejada en que, de toda la recopilación de pruebas testificales, este es uno de los fragmentos incluidos en el último informe de la UCO. Y concluye que “pese a este dato, la información reservada ordenada por el propio DAO continuó su trámite administrativo, sin que se decretara el archivo de la misma”.
Antecedente
Para entender su alcance hay que retrotraerse a la primavera de 2025, cuando la Jefatura de Información de la Guardia Civil identificó la estrategia de Leire Díez para menoscabar la imagen de la UCO y elaboró una nota, que se elevó en la cadena de mando. Poco después, la propia UCO detectó la relación entre la fontanera del PSOE y la Directora General de la Guardia Civil.
Con esta información, el jefe de la UCO dio traslado al jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ). Como se trata de un cuerpo jerarquizado, este último, a su vez dio traslado a su inmediato superior, el DAO. Y fue un paso más allá, al indicar al Director Adjunto Operativo que “consideraba conveniente elevar dicha información a la Directora General de la Guardia Civil”. Manuel Llamas le informó de que Mercedes González ya tenía conocimiento de tales hechos.
Entre el 8 de mayo y el 11 de mayo, se suceden distintas publicaciones, pero ese día, al mediodía, Leire Díez fue informada por la defensa del propio Ábalos de que las filtraciones no procedían de la UCO: “Acabo de hablar con mi cliente y me dice que no ha sido la UCO”.
Un día después (12 de mayo), las informaciones ya apuntaban a que el origen de los mensajes filtrados sería el propio Ábalos.
El DAO activa la orden de información reservada
Ese mismo día, a las 9:37 de la mañana, la orden de incoación de la información reservada ya se encuentra confeccionada, rubricada por el DAO y contaba con número de salida generado a través del aplicativo GEISER. El Jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) de la Guardia Civil recibió el 13 de mayo la orden en su despacho un sobre cerrado con la orden de incoación de la referida información reservada. El fin de semana anerior, en una reunión en la cafetería de la Dirección General de la Guardia Civil, el DAO había anticipado esta actuación al responsable de la JAES.
Ese mismo día, el jefe de la JPJ recibió una llamada del jefe de la JAES, quien le comunicó que el DAO le había ordenado investigar el origen de una posible filtración. Según consta en el informe de la UCO, el primero le trasladó que resultaba imposible que la información procediera de la UCO. “Fundamentó dicha afirmación en que, en el dispositivo que se encontraba en poder de la UCO, del que se atribuía la filtración, tos archivos más modernos databan del mes de octubre de 2021, mientras que los publicados en prensa correspondían a fechas posteriores”, indica el documento.
Qué sabía el DAO
Y así el 14 de mayo a las 9:00 horas, el el jefe de la JPJ remitió un mensaje a través de WhatsApp dirigido al Jefe de la UCO para informarle de que el DAO conocía que la UCO no había sido el origen de la filtración: “Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO’.
La clave de este WhatsApp es que a pesar de este dato, la información reservada ordenada por el propio DAO continuó su trámite administrativo, sin que se decretara el archivo de la misma. Ese mismo día, al mediodía, trascendió que el exministro había admitido que “ha consentido que vean la luz sus conversaciones privadas de 2023 con el presidente, porque entregó una copia a una persona de su confianza que tiene que ver con el ámbito de la defensa. Una persona, asegura, que no es Koldo García”.
El DAO ante “muchas presiones políticas”
En este contexto, el 16 de mayo, el jefe de la UCO mantuvo una entrevista con el instructor de la información reservada al que indicó que ya era conocido que la persona responsable de la filtración era Ábalos. Este le señaló su intención de ponerlo en conocimiento de los órganos judiciales.
No obstante, el jefe de la UCO -según consta en el informe- manifestó haberle desaconsejado hacerlo, momento en el que aquel le indicó que ya había contactado con ellos, dado que el DAO “estaba recibiendo muchas presiones políticas”.
El 26 de mayo, el DAO ordenó el cierre del procedimiento de la información reservada. Previamente a esta decisión, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente manifestó que al jefe de la JAES que, en caso de llevarse a efecto, se adoptarían medidas contra él y contra quien hubiera ordenado su incoación”.
“Como resultado, a raíz de las advertencias efectuadas por el primer Magistrado y tras comunicárselas al DAO, se acordó el cierre de la información reservada. Dicha información reservada no fue comunicada de manera formal, como sí había ocurrido en otras ocasiones respecto de procedimientos de similar naturaleza”, concluye el nuevo informe de la UCO.
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