El magistrado encargado de la instrucción del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha sostenido en una resolución judicial que el segundo examen pericial de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero es un “instrumento auxiliar” para poder formar criterio sobre cuestiones que exceden de sus conocimientos ordinarios, “siendo el instructor quien debe valorar la suficiencia o insuficiencia del material técnico ya incorporado a la causa”.
Calama ha precisado este martes que la existencia de informes técnicos previos no le priva de recabar nuevas valoraciones “cuando considere que ello puede contribuir a un mejor esclarecimiento de los hechos investigados”. “La instrucción penal no se rige por un principio de unicidad pericial ni existe precepto alguno que impida la coexistencia de varios informes”, agrega en la resolución.
El magistrado, al amparo de los artículos 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), ya determinó hace unos días que ese segundo examen pericial era “pertinente, útil y necesario” para el esclarecimiento de los hechos investigados y para la determinación de la posible relevancia penal de las joyas intervenidas. Si bien el juez de la Audiencia Nacional encargó hace unos meses a la joyería Ansorena un “análisis preliminar”, cuyos peritos emitieron un informe determinando un valor de reposición de las joyas de 1,3 millones de euros, el equipo legal de Zapatero señaló que el “único elemento novedoso” respecto a ese encargo anterior “parece circunscribirse a la antigüedad de las piezas o al área de fabricación”. Ello sirvió como base para que se abriera una pieza de investigación exclusivamente sobre las joyas, puesto que se podrían haber cometido delitos fiscales y de contrabando.
El instructor ha respondido ahora que el informe de Ansorena fue elaborado con una finalidad y alcance “distintos a los que ahora se persiguen”. “La nueva pericia no se limita a reiterar una valoración económica global de las piezas, sino que pretende obtener una descripción individualizada y exhaustiva de cada una de ellas, la identificación y caracterización de metales y gemas, la localización de marcas o contrastes, la estimación de antigüedad, la determinación de elementos relativos a procedencia o fabricación y una valoración singularizada de reposición respecto de cada objeto”, añade el magistrado.
Mantiene a Yanes para elaborar la pericia
Asimismo, Calama ha precisado que la elección de la empresa Yanes para examinar las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno es exclusivamente suya. El magistrado lo explica de la siguiente manera: “La práctica de la diligencia de investigación cuestionada (la tasación de las joyas por parte de Yanes) se incardina plenamente en las facultades de dirección de la investigación que corresponden al instructor, y encuentra cobertura expresa en los arts. 299, 777, y 456 de la LECrim, conforme a los cuales deberán practicarse cuantas diligencias resulten necesarias para la comprobación del delito y averiguación de sus circunstancias, pudiendo acordarse informe pericial cuando, para conocer o apreciar un hecho o circunstancia relevante, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, técnicos o artísticos”.
En este contexto, el juez ha rechazado la proposición de la defensa de Zapatero para designar un perito que participara en la elaboración de ese segundo examen pericial junto a Yanes. Cabe recordar que el equipo legal del exdirigente socialista solicitó al instructor del caso Plus Ultra que revocase la decisión de que esta joyería hiciera ese segundo informe técnico. En caso de que no lo hiciera, que es lo que finalmente ocurrió, el equipo legal del expresidente declaró su voluntad para proponer a uno de su elección. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional considera innecesaria la presencia simultánea de un equipo tasador propuesto por la defensa de Zapatero.
Calama también ha explicado que, tras apreciarse la “utilidad potencial” de una nueva pericia, la elección del profesional o entidad encargada de su realización “se integra en el ámbito de discrecionalidad técnica y procesal que corresponde al órgano judicial”, siempre que no concurran circunstancias objetivas que permitan poner en duda su capacidad profesional o imparcialidad.
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