Javier Morales Abad, secretario General y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, prepara su salida, según ha podido saber Artículo14, después de que este medio desvelara que la Sociedad Estatal ha maniobrado para limitar los correos electrónicos que ha entregado a la UCO y al juez Santiago Pedraz, que instruye la causa de las ‘cloacas del PSOE’.
Morales lleva en el cargo desde 2021, es concreto, desde junio de ese año, cuando sustituyó a Javier Loriente en pleno escándalo por el rescate de Plus Ultra, y con Belén Gualda como presidenta desde finales de marzo de 2021, a los pocos días de que se concediera la ayuda.
Cuando falta poco más de un mes para las elecciones generales, fuentes oficiales de la SEPI desmienten que Morales se vaya de la SEPI o deje el cargo.
Abogado del Estado de la promoción de 2009, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid (2005) y ha sido abogado del Estado-Jefe en la Comunidad de Madrid (marzo de 2020 a mayo de 2021); secretario del Consejo de Administración de Enisa, y abogado del Estado-Jefe ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (diciembre de 2018 a febrero de 2020).
Anteriormente, fue abogado del Estado-Adjunto en el Ministerio de Economía (febrero de 2018 a diciembre de 2018), y responsable de la asesoría jurídica de Adif-Alta Velocidad (septiembre de 2016 a febrero de 2018), entre otros cargos en los Juzgados, en la Abogacía General del Estado, y en Castilla y León.
Asimismo, ha sido coordinador de los Convenios de asistencia jurídica de la Abogacía General del Estado con la UCM, RTVE y Mercasa, y vocal del Consejo de Seiasa, y ejerció como abogado en el despacho Pérez-Llorca de Madrid (septiembre de 2005 a junio de 2007).
Subcontrata una selección restringida
En el marco de la causa de las cloacas del PSOE, en la que Pedraz ha imputado el pasado junio a 25 personas vinculadas a la SEPI, entre ellas, su presidenta, Belén Gualda, la UCO reclamó a la Sociedad Estatal que le remitiera sus correos electrónicos, un proceso que se ha investigado en sí mismo después de que Artículo14 desvelara el pasado 30 de junio que la SEPI había sacado a licitación un contrato para que una empresa hiciera una selección restringida de los ’emails’, lo que adjudicó a Grant Thornton.
Aunque los casos de tramitación reservada o secreta son mínimos y se acotan a asuntos relacionados con seguridad y Defensa, el contrato no figuraba en la Plataforma de Contratación del Estado porque se había negociado sin publicidad, con el concepto de servicios de investigación digital (eDiscovery).
Se licitó hacer un cribado de los emails según unos criterios establecidos en los que no intervenía la UCO y a la que no se habría consultado. Tampoco al Juzgado. Es decir, no se habría preguntado ni pedido que se acotara el requerimiento. Un filtrado que no parece que sea habitual en otras causas.
Se trataba de un movimiento por el que la SEPI alejaba la responsabilidad en la que pudiera incurrir en este proceso y en el que se iba a realizar una selección de correos que no respetaría la petición de la UCO de recabar los mails de un periodo sin limitaciones, lo que no se habría puesto en conocimiento de la Guardia Civil ni del juez, según pudo saber este diario.
Con el foco puesto en su actuación, el atestado de la UCO concreta que desplazados sus agentes al complejo conocido como Campos Velázquez en Madrid donde la SEPI tiene su sede central el pasado 2 de octubre, fueron atendidos por el secretario del Consejo y director de Servicio Jurídicos, Javier Morales Abad.
Finalmente, la SEPI ha entregado dos discos duros de 1 TB con 70.613 correos electrónicos de 2025 y 108.924 archivos de servidores, con hasta una tercera ampliación de información.
Afloran en agosto los contratos ocultos
El pasado 17 de agosto Vozpópuli desveló que la SEPI pagó 479.160 euros, IVA incluido, a Grant Thornton por los trabajos de cribado y filtrado de correos electrónicos repartidos en al menos dos contratos adjudicados a Grant Thornton Advisory. El primero se cerró por 193.600 euros con impuestos, y fue adjudicado el 21 de mayo. El segundo alcanzó los 285.560 euros (IVA incluido), y fue adjudicado el 12 de junio.
La SEPI no dio cuenta de las adjudicaciones hasta el pasado 5 de agosto, cuando incorporó dos anuncios a la Plataforma de Contratación del Sector Público, si bien ninguno de los expedientes públicos contiene referencia a causas judiciales ni al tratamiento de correos electrónicos. Los documentos se limitan a describir el objeto de los contratos como “servicios de consultoría informática” y, dentro de su clasificación, como “servicios de análisis de datos”, con un plazo de ejecución de un mes.
Ha licitado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un mecanismo temporal dotado con 10.000 millones de euros para rescatar empresas afectadas por la COVID-19 y gestionado por SEPI a través de un Consejo Gestor, a partir de la memoria de la necesidad del contrato y sin que aparezcan otros Departamentos como el de Servicios Jurídicos.
El precedente del hermano de Sánchez
En la causa de las cloacas del PSOE ya se han producido conflictos que afectan a informes de la UCO sobre correos electrónicos, el caso de los de empleados de la Diputación de Badajoz que la jueza Beatriz Biedma que investigaba al hermano de Pedro Sánchez ordenó analizar en julio de 2024.
El entonces director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, tocó a rebato cuando se produjo este requerimiento y en una reunión en su despacho el 12 de julio a la que asistieron el DAO, el Jefe de UCO y un testigo, les manifestó que se encontraba “indignado” porque había conocido por terceros la propuesta de actuaciones en la que según él, se hacían “presunciones falsas”. Concluyó indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada”.
Cuatro días más tarde, el DAO de la Guardia Civil se trasladó a las dependencias de la UCO, donde mantuvo una reunión en la que indicó que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo, bajo indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, según un testigo.
Un error “sospechoso” en el despido de la ‘comisionista’
Ha habido otras decisiones controvertidas que atañen a la operativa interna y a los servicios jurídicos de la SEPI, según ha desvelado Artículo14. María Jesús Garrido, subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial conocida como la comisionista de la SEPI, fue despedida e indemnizada con 140.000 euros por un error jurídico, tras firmar con la SEPI un pacto de no agresión. Así lo desveló este periódico cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el despido de Garrido es nulo y la Sociedad de Participaciones Industriales ha decidido no recurrir en casación, con lo que la nulidad es firme y Garrido será indemnizada con la cantidad citada.
En mayo de 2024, tres meses después de que saltara el caso Koldo, se produjeron despidos en la SEPI, lo que no se ha conocido hasta el pasado diciembre y se ha atribuido a una revisión de su presidenta. Entre ellos, destaca el de Garrido, comisionista en la SEPI de Vicente Fernández, el ex presidente que operaba en la sombra, y que fue detenido el pasado 10 de diciembre junto a Leire Díez y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
La Sala de lo Social del TSJM ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Madrid que anuló el despido y dio por probado que ha habido irregularidades merecedoras de despido disciplinario por infracción grave, pero por defecto de forma lo considera nulo.
La nulidad respondería a un “error garrafal” de los Servicios Jurídicos de la SEPI que fuentes conocedoras ven “sospechoso”. Se saltaron el trámite fundamental de audiencia al trabajador en el procedimiento disciplinario, un defecto de procedimiento básico.
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