El teniente coronel de la Guardia Civil, Miguel Lobo, ha corroborado este lunes la exclusiva de Artículo14 ante la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón. Según publicó este medio, los días 30 y 31 de julio, cuando una avalancha de inmigrantes llegaron a Ceuta, un buque de la Marina Real de Marruecos los recogía del agua y volvía a lanzar al agua. Salvamento Marítimo -dependiente del ministerio de Transportes- los socorrió e informó al COS -Centro Operativo de la Guardia Civil de Ceuta- de la situación.
Según ha explicado el teniente coronel a Tardón, hubo “varias llamadas” de Servicio Marítimo al COS, y ha añadido a la investigación judicial que hubo autoridades marroquíes dando órdenes. La declaración adquiere gravedad cuando ha informado de que solicitó a delegación de Gobierno indicaciones sobre cómo actuar y no recibió respuesta alguna.
Ante esta situación, se abre la siguiente pregunta, ¿Qué grado de responsabilidad jurídica podría tener el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska?
Este medio ha contactado con Jaime de la Figuera, penalista de Fuster-Fabra Abogados. “Marlaska podría haber incurrido en comisión por omisión del deber de perseguir delitos”. En referencia al artículo 408 del Código Penal que dice lo siguiente: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Según las informaciones de este medio Marruecos no sólo no trató de evitar que más de 80.000 personas entraran en Ceuta de manera ilegal, sino que además promovió que lo hicieran. A la declaración del teniente coronel Miguel Lobo se une la del jefe de la brigada provincial de la seguridad ciudadana de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, quien mantuvo una discusión con el teniente por discrepancia en la solución: Fages era partidario de cerrar la puerta de la frontera para que la responsabilidad fuera de Marruecos, mientras que el militar optó por abrirla para “no generar un tapón con aplastamiento”. Según Fages, vio a gendarmes “dirigir a la masa” desde el reino alauí.
La postura del Gobierno
El abogado penalista sostiene que si se demuestra que el ministro del Interior -o los subordinados en la cadena de mando, según avance la investigación abierta por Tardón- tuvo conocimiento de la actitud delictiva por parte de la Marina Real marroquí, debería haber promovido la persecución de dichos delitos.
Por el contrario, la posición del ministro fue precisamente la contraria: defender desde que se produjo la entrada de los inmigrantes la “extraordinaria colaboración” con Marruecos y culpar a las mafias. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mantenido en la misma línea respecto a la cooperación de su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en la gestión de la crisis abierta en Ceuta y que persiste a día de hoy.
La única ministra del Ejecutivo de Sánchez que ha exigido responsabilidades penales a Marruecos ha sido la titular de Defensa, Margarita Robles.
La presencia de los buques, “un hecho puntual”
Incluso, respecto a la presencia de buques marroquíes en aguas españolas el día de la avalancha, que se conoció públicamente el 12 de octubre, la reacción del Ejecutivo fue alegar de que se trataba de algo “puntual”, como si la presencia de los buques en aguas españolas fuera resultado del derecho de “paso inocente” -así se conoce en derecho internacional marítimo al permiso que se concede a otro buque para navegar por las aguas territoriales de otro país siempre que no represente un peligro-.
Hasta la fecha, ni el ministro Marlaska, ni Puente en menor medida, ni la ministra Robles -ya que la Armada envió fragatas para disuadir a los barcos marroquíes- han ofrecido ninguna explicación sobre la información publicada por Artículo14. Ni siquiera, tal y como ha publicado este medio, a Felipe VI, pese a que la Constitución establece que “Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado”.
Por su parte, la juez Tardón no tiene intención de poner en paréntesis la investigación judicial durante el periodo electoral ante los comicios generales del 29 de noviembre. En caso de que finalmente concluya que algún ministro del Gobierno ha incurrido en algún delito por la gestión en la invasión de Ceuta, será el Tribunal Supremo quien decida sobre su futuro judicial.
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