Democracia 21 ya tiene billete para las elecciones generales del 29 de noviembre. La presidenta del partido, la abogada Miriam González, anunció este lunes que la formación ha reunido los avales necesarios para presentarse en las circunscripciones de Madrid y Barcelona, las dos únicas plazas en las que había decidido concurrir. “¡Gracias a la ilusión de la gente en Madrid y Barcelona, lo hemos conseguido! Gracias por cada firma, por ayudar y a todos los voluntarios”, celebró el partido en redes sociales.
Como formación sin representación parlamentaria, Democracia 21 tenía hasta este lunes para reunir alrededor de 10.000 firmas entre ambas provincias, cifra que han logrado superar. González entregará ahora los avales a la Junta Electoral Central para su validación, y tiene previsto presentar el miércoles las candidaturas y los nombres de sus listas.
La formación no irá sola a las urnas. A mediados de octubre, dos días antes de que venciera el plazo para registrar coaliciones, González anunció que concurrirá junto a Ciudadanos y Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), que se suman a “apoyar el proyecto de Democracia 21”.
En un vídeo difundido en redes, la abogada dio las gracias a ambas direcciones y, en especial, a los afiliados del partido que fundó Albert Rivera. “Sé que en el pasado os defraudaron, que la dirección del momento acabó reproduciendo una serie de comportamientos que vosotros veníais precisamente a cambiar”, les dijo, antes de añadir que su apoyo es “un motivo de orgullo”.
Agradeció también la implicación de “más de 30 partidos” de todo el territorio que, sin haber podido formalizar un acuerdo, están colaborando con la candidatura. “Lo importante no es de dónde viene cada uno, es hacia dónde vamos juntos”, resumió.
Su plan de vivienda
Democracia 21 ya se pone en marcha para presentarse. Entre sus propuestas sólo han dado a conocer su plan de vivienda hasta ahora, un asunto que González considera “el mayor problema social y económico del país”. El partido plantea un “pacto de reconciliación entre propietarios e inquilinos” y fija una meta concreta: que quien cobre 1.300 euros al mes no tenga que destinar más de 390 euros al alquiler.
“La emergencia de la vivienda exige actuar ahora, pero también hacerlo con responsabilidad. No podemos dejar a los jóvenes y a las familias sin alternativas, ni pedir a los pequeños propietarios que asuman en solitario obligaciones que corresponden a los poderes públicos”, defendió González.
A corto plazo, la formación propone limitar temporalmente los alquileres en las zonas tensionadas mediante el sistema de la Ley de Vivienda de 2023. A cambio, plantea más seguridad jurídica para los propietarios: una justicia especializada que resuelva los conflictos de arrendamiento en 90 días, castigar como estafa la firma de contratos con intención premeditada de no pagar y crear un servicio público que garantice el cobro de las rentas cuando un inquilino sea declarado vulnerable y no exista alternativa habitacional.
En el terreno fiscal, propone eliminar el IVA, el ITP y el AJD en la compra de la vivienda habitual para los menores de 35 años, hasta 400.000 euros. Para el resto de compradores, el ITP bajaría a un tipo único del 2%, el AJD desaparecería y se aplicaría el IVA superreducido del 4%.
A medio y largo plazo, el plan incluye recuperar 10.000 millones de fondos europeos para crear un fondo soberano de vivienda, un plan nacional de barrios con servicios públicos, la cesión de suelo público mediante derechos de superficie a 75 años y una ley de “desbloqueo urbanístico” con un plazo máximo de 30 días para las licencias de obra mayor.
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