Los informes de la UCO en el sumario de la cloacas del PSOE muestran el terremoto que se vivió en la cúpula de la Guardia Civil en el verano de 2024 por la investigación al hermano de Pedro Sánchez. El 12 de julio, cuando la jueza Beatriz Biedma llevaba un mes instruyendo la causa sobre la contratación de David Sánchez y la UCO había sido requerida para analizar correos electrónicos de investigados en la Diputación de Badajoz, el director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, tocó a rebato.
En una reunión en su despacho a la que asistieron el director general, el DAO, el Jefe de UCO y un testigo, Marcos, les manifestó que se encontraba “indignado” porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada Operación Cajirón seguida por el Juzgado de Instrucción numero tres de Badajoz, en la que según él, se hacían “presunciones falsas”.
Dicha propuesta de actuaciones se correspondía con una solicitud de mandamiento judicial para que la magistrada competente autorizara la intervención de distintos correos electrónicos de personas investigadas para proceder a su descarga y posterior análisis.
El director general concluyo indicando que se elaborara cuanto antes el informe de los correos, en el que se concluyera “que no había nada” y, “si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”.
“Prospectivo y malintencionado”
Cuatro días más tarde, el 16 de julio de 2024, el DAO de la Guardia Civil se trasladó a las dependencias de la UCO, donde mantuvo una reunión en la que indicó que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en los mismos, bajo indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser en este caso concreto la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa, según declara un testigo.
Todo partía de un interés de los altos mandos en la causa instruida en el Juzgado número tres de Badajoz. El entonces director general afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era “totalmente prospectivo y malintencionado”, afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos. Asimismo, solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), el informe a efectuar por la unidad “tiene que estar analizado y que no haya nada”.
En este sentido, el testigo expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial.
Balas declara en Badajoz
Estas declaraciones se han conocido en el día en que precisamente el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que participó en la incautación de correos de varios responsables de la Diputación de Badajoz y su posterior análisis, ha concluido que la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó a David Sánchez “no nace de Cultura”, sino que partió “de un nivel superior” como el expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.
“Entonces, al no partir del área interesada, que era Cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior con una capacidad política”, ya que “el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, tiene que ser de un nivel superior”.
Por este motivo, “el único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo”, según ha declarado el teniente coronel de la Guardia Civil este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.
El sumario también muestra cómo se intentó cambiar la defensa de David Sánchez para obligar apartarse a la jueza, según avanzó Artículo14 este lunes.
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