El 16 de julio de 2024, cuando la jueza Beatriz Biedma llevaba un mes instruyendo la causa sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez y la UCO investigaba, el DAO de la Guardia Civil se trasladó a las dependencias de la UCO, donde mantuvo una reunión en la que indicó en que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en los mismos, bajo indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser en este caso concreto la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa. Así lo declara un testigo en un informe de la UCO que obra en la causa de las cloacas del PSOE, cuyo sumario se ha abierto parcialmente.
Todo partía de un interés de los altos mandos en la causa instruida en el Juzgado número tres de Badajoz. El entonces director general afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era “totalmente prospectivo y malintencionado”, afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos. Asimismo, solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), el informe a efectuar por la unidad “tiene que estar analizado y que no haya nada”.
Materialmente imposible
En este sentido, el testigo expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial.
Estas declaraciones se han conocido en el día en que precisamente agentes de la UCO están declarando en el juicio sobre David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz.
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