Claves de la investigación judicial del accidente de Urda

El juzgado de instrucción número 2 de Orgaz en Toledo es el encargado de dirimir las responsabilidades penales del accidente ferroviario en Urda que se ha saldado con la vida de 69 personas y ha dejado más de 200 heridos. La instrucción la dirige la joven jueza Aristea Afrodita y es de máxima complejidad. Aquí, una guía para no perderse de la vía judicial que se inicia tras el accidente.

¿Cuál es el objetivo de la investigación?

La instrucción tiene dos vertientes. Por un lado, la jueza se centra en la identificación de todos los cadáveres y los restos biológicos. Al mismo tiempo, vela por proteger la intimidad y respetar el duelo de todas las víctimas y sus familiares.

Por otro, el objetivo es dilucidar exactamente cuál fue la causa del siniestro. Si fue un error técnico, humano, si los protocolos no funcionaron o no eran adecuados, etc. Con todo esto claro, se podrá determinar si el accidente fue evitable y quién tiene que asumir responsabilidad penal por él.

¿Qué delitos se investigan?

Todavía no se ha concretado la calificación de los delitos porque la causa está en una fase muy prematura, pero todo apunta a que serán delitos por homicidio imprudente y por lesiones por imprudencia- Ambos en su modalidad grave por el elevado número de víctimas: 69 fallecidos y más de 200 heridos. La pena de prisión por estos delitos podría ser de hasta cuatro años de prisión.

Si bien, para imputar a alguien esos delitos primero hay que determinar si hubo una actuación negligente que propiciara el accidente. Es importante indicar que no cualquier fallo humano constituye un delito. Es necesario que se acredite que se incumplió un deber de cuidado exigible que desencadenara la tragedia. También podrían achacarse responsabilidades penales a los encargados de la supervisión, coordinación y aplicación de los protocolos ferroviarios. Por todo ello, es pronto para abrir una investigación penal ningún trabajador, directivo o empresa.

¿Qué sabemos?

Las pesquisas judiciales se encuentran bajo secreto de sumario en estos momentos. Si bien, la autoridad independiente de investigación técnica AITAT (antigua CIAF) ha ido aportando datos sobre lo acontecido los minutos previos.

El 28 de octubre a las 8:31 comenzó a fallar el sistema LZB, un sistema de señalización que trata de impedir que dos trenes coincidan en el mismo punto con el frenado automático. En estas condiciones, los trenes continuaron operando bajo un sistema de seguridad alternativo ASFA y el sistema de balizamiento lateral (BSL). Para gestionar la situación, el Centro de Regulación y Control (CRC) situado en Atocha y los maquinistas se comunicaron por teléfono.

En los audios filtrados a la prensa se escucha cómo desde Atocha, un operario de Adif le dice al maquinista de Renfe que estaba a pocos kilómetros de distancia de un tren Iryo detenido. El operario se limitó a dar la siguiente orden: “Desconecte y vuelva a conectar. Reanude con marcha normal”. Esto es, le indicó que arrancara el tren a 200 km/hora en lugar de a 40 km/hora que es la directriz que dicta el protocolo cuando el sistema LZB está caído. En paralelo, la maquinista del Iryo detenido avisó que no podía arrancar: “No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada”, advirtió

Apenas 23 minutos después, a las 8:53 horas, se produjo el impacto entre los dos trenes en el kilómetro 118, en la vía 2 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. A la entrada de la estación de Urda (Toledo).

¿Con qué material cuenta la jueza?

La jueza ha ido en varias ocasiones a inspeccionar el terreno. Asimismo, cuenta con las cajas negras de los dos trenes, fotos aéreas tomadas por los helicópteros de la Guardia Civil y las llamadas telefónicas entre los operarios de Adif en Atocha y los maquinistas de los dos trenes siniestrados.

La instructora tiene a la Guardia Civil, elegida como Policía Judicial, trabajando en estas pesquisas, pero también tendrá acceso a todas las averiguaciones técnicas que haga la AITAT, organismo adscrito al ministerio de Transportes que lleva la investigación técnica del origen de lo sucedido y actúa de manera independiente.

En estos momentos, los investigadores se centran en averiguar el procedimiento llevado a cabo cuando se ha caído el sistema LZB en anteriores ocasiones en la misma línea. El objetivo es ver el protocolo aplicado cuando el sistema ha colapsado otras veces y por qué nunca había habido un desenlace tan trágico como el del 28 de octubre.

¿Cuáles han sido los primeros movimientos de la jueza?

En los primeros momentos de la investigación prohibió el acceso a la zona cero del accidente a personal ajeno a las labores de rescate o la Policia Judicial en un radio de 2km. Asimismo, también vetó la divulgación de imágenes del lugar del accidente para preservar las fuentes de prueba que pudiera haber.

Al mismo tiempo, ordenó la incautación de las mencionadas cajas negras para conocer velocidades, frenadas, señalización, operaciones de los maquinistas y otros parámetros de circulación.

Por otro lado, solicitó investigar a los trabajadores que estaban en el puesto de mando de Atocha y los protocolos instaurados por Adif en estos casos.

Con respecto a la protección de las víctimas, Afroditi también ordenó la “prohibición de divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro ferroviario o su familias que puedan ser susceptibles de revictimización de las mismas”.

Por otro lado, pidió a la empresa de grúas de Adif y Renfe que disponga de los operarios que hagan falta para continuar de manera ininterrumpida con la retirada de los vagones por la “urgente necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados, con el último objetivo de hacer entrega con la mayor rapidez a los familiares de las personas fallecidas”. reza la providencia.

¿Tiene ayuda la instructora?

Sí. Por un lado se le ha despojado de toda la carga de trabajo que tenía antes de la tragedia para que centre todos sus esfuerzos en la investigación. Cuenta con el apoyo de Mónica Iniesta, titular de la otra plaza judicial de Orgaz, cinco letrados de la Administración de Justicia, funcionarios adicionales y equipos de trabajo organizados para agilizar las actuaciones.

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial le ha brindado tres magistrados especialistas en este tipo de casos procedentes de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Estos jueces no tienen capacidad jurisdiccional, es decir, no mandan, pero la jueza puede consultar lo que necesite.

Por último, en el ámbito forense, participan el Instituto de Medicina Legal de Toledo y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, encargados de las autopsias, la recogida de muestras biológicas y los análisis genéticos necesarios para identificar a las víctimas.

¿Quién está personado en la causa?

En la causa formarán parte de la acusación particular los afectados. Las víctimas del accidente o los familiares de las víctimas.

Al mismo tiempo, Vox y PP han solicitado a la jueza personarse como acusación popular porque consideran que la causa afecta a un bien jurídico público que es la seguridad ferroviaria. Todavía Afroditi no ha resuelto a este respecto.

¿Quién ha declarado hasta el momento?

La Guardia Civil intentó tomar declaración al operario de Adif que dio la orden al maquinista de reanudar la marcha normal. Lo hizo en calidad de investigado, acompañado de un abogado. Esto no quiere decir que esté imputado formalmente por la jueza.

Si bien, se acogió a su derecho a no declarar por el estado de conmoción que atravesaba.

Por el momento, no ha trascendido que hayan declarado ante la Policía Judicial más investigados o testigos.