Sale de cuentas el 1 de noviembre, tiene dos hijas menores, está en el paro y ha sufrido violencia de género por parte del hijo de su casera. Esta es la situación que actualmente vive Sonia Segura, que, sin haber podido encontrar una alternativa habitacional, se enfrenta a una demanda de desahucio en el municipio de Alagón (Zaragoza) el próximo 13 de noviembre.
Sonia está además reconocida como persona en situación de vulnerabilidad por los Servicios Sociales de Aragón, lo que le debería permitir acceder a una vivienda de alquiler social. Sin embargo, el Juzgado ha mantenido la orden de desahucio y hasta ahora no se le han dado alternativas.
El caso se encuentra en manos de Javier Ferreira, letrado de Klyo Abogados, que afirma que en este momento se encuentra “haciendo lo imposible” por evitar esta situación. Según explica Ferreira, Sonia lleva tiempo buscando trabajo sin resultado, por lo que actualmente tan solo percibe una ayuda de unos 520 euros al mes. Además, lleva, aproximadamente, desde abril buscando una alternativa habitacional con su actual pareja, pero la complicada situación de la vivienda en Zaragoza les ha impedido encontrar algo que se puedan permitir.
La cronología del caso
Hace más o menos un año, Sonia contactaba a Klyo Abogados para oponerse a la demanda de desahucio emitida contra ella por parte de la que fue su suegra. Sin embargo, el inicio de este caso comienza un tiempo antes, cuando Sonia interpone una denuncia por violencia de género contra su la que actualmente es su expareja.
Sonia vivió un episodio de violencia de género cuando habitaba con su expareja en el piso del que actualmente la quieren desahuciar. Su maltratador fue condenado y cuenta con una orden de alejamiento.
Sin embargo, al no tener otra alternativa, Sonia continuó viviendo en el mismo domicilio: una vivienda de dos plantas, en la que la parte inferior está ocupada por la madre del que fue su maltratador. En ese momento, ella se quedó en una situación “en precario”, sin pagar alquiler ni tener ningún contrato que la protegiese. Dentro de este contexto, la propietaria decide formular una demanda de desahucio contra ella.
¿Qué se está haciendo para impedirlo?
Su abogado, Javier Ferreira, cuenta que, en un primer momento, se opusieron a la demanda alegando que esta mujer no era la única propietaria del piso y que, por lo tanto ““la demanda debería haber sido entablada por todos los propietarios del piso”. Esto no prosperó y se la condenó a abandonar el piso.
A continuación, se recurrió ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, “en búsqueda de ganar tiempo para que ella ella pudiera buscar una alternativa”, asegura Ferreira. Desde este órgano jurídico, se desestimó el recurso y se fijó el 13 de noviembre como fecha para el desahucio.
Desde el despacho de abogados, también aportaron al juzgado toda la documentación que acredita su condición de víctima vulnerable, de acuerdo con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, un certificado que muestra la fecha en la que está previsto que dé a luz y el hecho de que tan solo percibe una renta de unos 520 euros. No obstante, “habían dejado de estar en vigor los decretos que había antiguamente de protección de las víctimas especialmente vulnerables“, por lo que el juez denegó la petición, según explica Javier
La clave para evitar el desahucio de Sonia: el nuevo decreto ley de vivienda
La aprobación del nuevo decreto ley de vivienda, popularmente conocido como decreto Maricarmen, ha sido la clave para poder paralizar todo este proceso. El 8 de octubre entraba en vigor esta normativa, recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que, entre otras medidas, ofrece protección a las personas vulnerables sin alternativa habitacional.
“Ahí es donde yo encontré un resquicio para presentar la solicitud de suspensión del lanzamiento” (término utilizado para referirse al desahucio), afirma Javier Ferreira. El artículo 2.2 acuerda que, hasta el 31 de diciembre de 2030, para los casos en los que los promotores de la ejecución sean particulares y la persona demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad y no tenga alternativa habitacional y la administración pública competente no le haya ofrecido esa alternativa, el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional adecuada.
En consecuencia, el letrado de la administración del juzgado ha decretado una suspensión provisional del desahucio hasta que el juez se pronuncie al respecto. Y, en caso de que esta situación se mantenga hasta el año 2030, el juez estaría obligado a requerir a la administración una vez al año para que afirme si dispone o no de recursos habitacionales para Sonia. Y, en caso de disponerlos, deberá ofrecérselos a la víctima.
Actualmente, el caso se encuentra en este trámite y todavía no se ha recibido respuesta ni del juez ni de la propietaria. Sin embargo, por ahora esta suspensión del desahucio es provisional.
Una situación de “absoluto desamparo”
Javier Ferreira ha asegurado haber estado manteniendo contacto por “vía extraoficial” tanto con los trabajadores sociales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales como con el personal competente de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Diputación General y haberse encontrado un “verdadero interés y sensibilidad para disponer de los recursos sociales y buscarlos“. Sin embargo, lo que sucede “es que hay que hacerse cargo de que este es un problema de los más serios que tenemos en España”, explica Ferreira. Asegura que no hay viviendas en alquiler y que los poderes públicos no se han provisto de los recursos necesarios para poder atender a las personas en situación de vulnerabilidad.
El abogado del despacho Klyo cree que “hay situaciones en las que realmente hay un trasfondo humano de absoluto desamparo” y que la de Sonia es una de ellas. Él considera que “debería haber más sensibilidad por parte de las administraciones para dotarse de recursos que permitieran a estas personas encontrar una vivienda digna, que además es un derecho constitucional“.
La solución que Sonia necesita
Su abogado nos explica que Sonia se encuentra en una situación muy incómoda al vivir en la misma vivienda que la persona que la quiere desahuciar. “Por mucho que sus hijas (las de Sonia) sean nietas de la dueña, pues entre ellas, evidentemente, no hay una buena relación“, asegura Ferreira.
Sonia quiere encontrar otro lugar para vivir con su actual pareja y la familia que van a formar y ambos llevan por lo menos desde abril buscando una alternativa “como locos”, en palabras de Javier. No obstante, la actual situación de la vivienda y los elevados precios de los pisos les han impedido encontrar una alternativa habitacional.
La situación de la vivienda en Zaragoza
Según explica Javier Ferreira, el mercado del alquiler en Zaragoza se ha disparado y la oferta de pisos ha menguado mucho. Cuenta que hay propietarios que, con legislaciones como la que acaba de aprobar el Gobierno, prefieren esperar y no ponen sus pisos en alquiler o ponen precios “que un sueldo medio no puede asumir”.
Cuando se le pregunta por el precio de la vivienda, afirma que se piden mínimo 800 o 900 euros por un piso en las zonas más accesibles. ” Es difícil encontrar un alquiler por menos de 700 euros”, explica.
Qué puede hacer una persona en la situación de Sonia
Cuando se le pregunta qué le recomienda a una persona en una situación similar a la de Sonia, asegura que lo mejor es que acuda inmediatamente al consejo de un profesional. Le aconseja que se ponga en contacto con el Colegio de Abogados de su ciudad y con el Servicio de Orientación Jurídica, además de acudir a sedes de los institutos de servicios sociales o los institutos de la mujer para que le busquen recursos.
Ferreira afirma sentirse “muy satisfecho” del trabajo que están haciendo y cree que está “cumpliendo un deber profesional de una forma digna para una persona que realmente necesita ayuda”. Considera que es importante que se difundan casos como el de Sonia para que los poderes públicos se den cuenta de cuáles son “los problemas reales de la gente“.
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