“Pensé que se habían equivocado de informe”. Sara (nombre ficticio) todavía recuerda el momento en que abrió el documento que acababa de llegarle del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Lo leyó una vez. Después otra. Y luego una tercera. Durante unos minutos creyó que aquellas páginas pertenecían a otra mujer.
El informe la describía como una persona con “trastorno múltiple de la personalidad”, rasgos “obsesivo compulsivos”, “personalidad evitativa”, “adicción al alcohol”, tendencias depresivas y antecedentes “psicóticos”. También sostenía que presentaba resistencia a la autoridad ajena, promiscuidad y otros rasgos psiquiátricos que, según Sara, jamás habían formado parte de su historial médico. Al mismo tiempo, descartaba que hubiera sufrido “malos tratos puntuales o habituales” o una “relación de asimetría” dentro de la pareja.
“Lo más grave no era ya lo que decía de mi personalidad”, recuerda. “Lo más grave es que me ponía antecedentes psicóticos sin ser verdad. Me convertía en una loca que fabula”.
“Mi madre llevaba años diciendo que no denunciáramos porque pensaba que nos podía matar”
Sara había denunciado en octubre de 2019 a su entonces marido. Aquella mañana, ella, su madre y hasta el perro decidieron huir y acudir a la Policía Nacional. “Mi madre llevaba años diciendo que no denunciáramos porque pensaba que nos podía matar”, explica. “Pero llegó un momento en que ya no había salida”.
Según su relato, el día anterior él había gritado que iba a “dar garrote”. También asegura que amenazó a su madre con matar a los niños si contaba lo que ocurría dentro de la vivienda. “Eso no se me va a olvidar nunca”, cuenta.
Durante meses ambas habían vivido bajo un control constante. Apenas podían hablar entre ellas con tranquilidad dentro de la vivienda y buscaban momentos concretos para comunicarse sin ser escuchadas. Sara había empezado a acudir a una psicóloga a escondidas. Pagaba en efectivo para que su marido no pudiera ver movimientos bancarios y buscaba citas en horario laboral para evitar sospechas.
La denuncia incluía también a la madre de Sara, una mujer octogenaria y dependiente que convivía con la pareja. Pese a los audios aportados, la documentación psicológica y el relato de amenazas, el juzgado archivó inicialmente la causa al considerar que se trataba de una “grave crisis familiar”.
No se le practicaron pruebas ni test diagnósticos
La decisión dejó a Sara completamente descolocada. “Yo pensaba: entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto se considere violencia?”, recuerda.
La defensa recurrió el archivo ante la Audiencia de Sevilla. Y el tribunal le dio la razón parcialmente: apreció indicios compatibles con malos tratos y ordenó reabrir el procedimiento. También acordó que Sara fuera evaluada por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Aquella valoración acabaría marcando todo lo que vino después.
El informe no solo descartaba que Sara hubiera sufrido “malos tratos puntuales o habituales” o una “relación de asimetría” dentro de la pareja. También construía un perfil psicológico patologizante de Sara.
Según explica Sara, durante aquella evaluación no se le practicó ninguna prueba diagnóstica ni test psicológico específico que justificara conclusiones de ese alcance. “Yo salí de allí pensando que había sido muy breve para todo lo que yo quería contar”, recuerda. “Estábamos hablando de casi siete años de malos tratos”.
“¿Cabeza de familia?”, se pregunta Sara. “¿En qué siglo estamos?”
Pero hubo otra parte del informe que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más controvertidos del caso. A lo largo de varias páginas, el forense elaboraba una interpretación detallada de la relación entre Sara y su madre. El documento describía a la mujer como una figura central en el conflicto familiar y sostenía que habría “usurpado el rol de cabeza de familia”. También atribuía a la convivencia entre ambas parte de la conflictividad dentro del hogar y hablaba de una alteración de los roles familiares.
Había un detalle importante: la madre de Sara todavía no había sido explorada por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Aun así, el informe ya describía cuál habría sido su papel dentro de la dinámica familiar. “¿Cabeza de familia?”, se pregunta Sara. “¿En qué siglo estamos?”.
El informe asumió la tesis del denunciado
Para Sara, aquello fue una de las primeras señales de alarma. El informe no solo negaba la violencia que ella denunciaba, sino que parecía haber asumido una determinada interpretación de la dinámica familiar antes siquiera de escuchar directamente a una de las mujeres que también había denunciado.
El impacto del informe fue inmediato. Según relata Sara, su exmarido comenzó a utilizar el documento para desacreditarla fuera de los juzgados. Lo enseñaba a profesionales sanitarios y también a sus hijos. “Les decía: ‘Mira lo que ha dicho un médico de tu madre’”.
Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando él acudió con el informe a la consulta psicológica de uno de los menores. Sara asegura que aquello afectó incluso a su credibilidad en espacios donde intentaba buscar ayuda para sus hijos. “¿Quién no va a creerse lo que pone ahí?”, pregunta. “Lo firma un médico del Instituto de Medicina Legal”.
Tras ese primer informe, la causa por violencia de género volvió a archivarse.
La defensa recurrió otra vez. Y ahí llegó uno de los momentos clave del procedimiento: si el informe hablaba extensamente de la madre y la situaba en el centro del conflicto familiar, la defensa pidió que también fuera evaluada.
La mujer no era una figura secundaria del caso. Había denunciado igualmente, convivía en el mismo domicilio y aparecía mencionada de forma constante en el primer informe pese a no haber sido explorada.
Un informe cuestionó al Instituto de Medicina Legal de Sevilla
Al mismo tiempo, la defensa incorporó al procedimiento una pericial contradictoria elaborada por una psicóloga forense, un neuropsicólogo y un prestigioso psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón, director del máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid.
Aquella valoración cuestionaba duramente la metodología y parte de las conclusiones del primer informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Entre otras cuestiones, criticaba la atribución de diagnósticos psiquiátricos graves sin pruebas diagnósticas complejas y señalaba como especialmente relevante que el informe describiera el papel de la madre dentro del conflicto doméstico sin que hubiera sido explorada todavía.
La pericial fue remitida al Instituto de Medicina Legal a través del juzgado antes de que el forense emitiera el segundo informe sobre la madre de Sara. Meses después llegó esa segunda valoración. Y las conclusiones cambiaron radicalmente.
El segundo informe sí apreció “auténticos malos tratos psicofísicos habituales”
El mismo forense que había negado violencia estructural respecto a Sara reconocía ahora “auténticos malos tratos psicofísicos habituales” hacia la madre. El documento sí hablaba esta vez de “asimetría”, miedo, sometimiento y una dinámica de dominación dentro del hogar.
El contraste era difícil de ignorar. Los dos informes hablaban del mismo domicilio, del mismo denunciado y del mismo entorno de convivencia. Sin embargo, las conclusiones parecían incompatibles entre sí. La contradicción terminó llegando al juzgado.
Ante las diferencias entre ambos documentos, el propio órgano judicial pidió al Instituto de Medicina Legal de Sevilla una aclaración formal para explicar cómo podían coexistir valoraciones tan distintas dentro del mismo caso.
Ese fue el origen del tercer informe. En él, el forense sostuvo que “no existe contradicción” entre las valoraciones anteriores. Sin embargo, al intentar justificarlo, volvía a reconocer una situación de sometimiento y asimetría respecto a la madre mientras seguía descartando que Sara hubiera sufrido una dinámica de violencia estructural dentro de la pareja.
Para la denunciante, aquello no resolvía nada. “No era solo lo que decía de mí”, explica. “Era ver cómo las conclusiones iban cambiando y cómo nadie parecía cuestionarlo”.
Después presentó una querella por falso testimonio contra el forense. La causa fue admitida a trámite, aunque acabó archivada provisionalmente al considerar el juzgado que podía haber errores o una valoración precipitada, pero no mala fe penalmente acreditada. La resolución ha sido recurrida.
La madre de Sara falleció sin obtener justicia
En medio de todo el proceso, la madre de Sara falleció sin que, según su hija, llegara a hacerse justicia con lo que había denunciado. Murió, además, con miedo a que pudiera ocurrirles algo a sus nietos.
“Mi madre se fue con ese temor”, recuerda Sara. Años después, Sara sigue volviendo una y otra vez a aquellos documentos. Al primero, que la patologizó y habló de su madre sin haberla explorado. Al segundo, que reconoció malos tratos habituales hacia esa misma madre. Y al tercero, que negó que hubiera contradicción entre ambas valoraciones.
“Lo peor es que un papel así puede perseguirte toda la vida”, dice. “Aunque luego aparezcan contradicciones, aunque otros informes digan otra cosa, aunque recurras. El daño ya está hecho. Pese a todo, asegura que seguirá adelante: “Yo sigo en esta lucha para que se sepa la verdad”.
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