Cuando un abuelo habla de sus años de colegio, enseguida le viene a la memoria el viejo maestro español con la camisa abotonada hasta el cuello, la expresión severa y la regla de madera en mano. Entraba en clase y los alumnos se ponían en pie. Hablaba desde la tarima y con una mirada por encima de las gafas imponía silencio. Por supuesto, se le trataba de usted. Los padres, por lo general, respaldaban su autoridad, aunque sus métodos resultasen excesivos. El respeto se confundía a menudo con miedo y el castigo era una virtud pedagógica.
Del miedo al desgaste
Afortunadamente, las reformas educativas y la llegada de una nueva pedagogía desterraron el castigo físico. Sin embargo, en algún punto, los profesores empezaron a sentirse desarmados ante comportamientos que ya no saben cómo controlar. En Dinamarca, un país que representa el ideal de una educación moderna, igualitaria y respetuosa con la infancia, su Gobierno ha presentado una polémica reforma que permitiría a los docentes sujetar físicamente a un estudiante, mantenerlo inmovilizado durante un tiempo limitado o retirarlo del aula contra su voluntad cuando protagonice conductas especialmente conflictivas.
La iniciativa, registrada en el Parlamento el pasado 8 de octubre, está prevista para entrar en vigor en agosto de 2027 si consigue la aprobación parlamentaria. No recupera el castigo corporal, prohibido en las escuelas danesas desde 1967, pero sí amplía las circunstancias en las que los profesores pueden recurrir al contacto físico coercitivo. Hasta ahora, este tipo de intervenciones se limitaba a situaciones de peligro para las personas o los bienes. La propuesta añade otros supuestos, como las agresiones psicológicas o las interrupciones graves de las clases.
No autorizará bofetadas ni castigos humillantes. El Ministerio de Educación danés insiste en que cualquier intervención debe ser excepcional, proporcionada y tan breve como sea posible. Antes, el profesor deberá haber intentado resolver el conflicto por otros medios. ¿Quién decide cuándo una interrupción es lo suficientemente grave? ¿Puede un profesor sujetar a un niño de ocho años que se niega a abandonar la clase?
Las aulas como campo de batalla
La reforma danesa parte de una investigación encargada por su Ministerio de Educación a Epinion y Als Research, publicada el 1 de octubre, que revela que el 55% de las clases del país había registrado al menos un episodio de violencia física entre alumnos durante el curso analizado. En el 36% de las aulas se produjeron incidentes de este tipo al menos una vez al mes.
En tres de cada cuatro clases de los primeros cursos de escolarización se habían observado comportamientos violentos o especialmente disruptivos. En una de cada cinco clases se registraron agresiones físicas dirigidas contra algún trabajador del centro. Y en el 60% de las clases donde se detectaron estos comportamientos, los profesores señalaron a uno o dos alumnos como responsables. Una minoría de estudiantes condiciona el aprendizaje y la convivencia de todo un grupo.
La investigación revela también que los propios docentes no consideran la fuerza física su principal solución. El 78% cree que disponer de dos adultos en el aula ayudaría a controlar estas situaciones y el 43% considera que ampliar las facultades de intervención física mejoraría su capacidad de respuesta. El impulsor original de la propuesta fue Mattias Tesfaye, exministro de Educación, que llegó a responsabilizar a los padres de la mala educación de sus hijos. Su diagnóstico coincidía con la inquietud en otros países europeos ante el debilitamiento de la autoridad adulta y la dificultad para establecer límites.
Falta de reconocimiento
Entre ellos, España. En marzo de 2026, el sindicato CSIF presentó una encuesta realizada a más de 7.500 profesores de todas las comunidades autónomas. Según sus resultados, aproximadamente la mitad de los participantes había sufrido situaciones violentas en el ámbito escolar en forma de agresiones físicas, insultos y faltas de respeto. El 72,2% denunciaba falta de reconocimiento social y el 90% consideraba insuficiente el apoyo de la Administración.
Otro estudio, difundido en enero por STEs-Intersindical y elaborado a partir de las respuestas de más de 13.000 docentes, reflejaba que el 82,62% calificaba el clima de las aulas como conflictivo o complicado. Un 83,15% percibía un incremento de las agresiones verbales del alumnado, que en determinadas ocasiones llegan a ser físicas.
La violencia contra el profesorado no es, por tanto, un fenómeno ocasional en las aulas españolas. Según el último informe del Defensor del Profesor, elaborado por el sindicato ANPE, durante el curso 2024-2025 se registraron 174 agresiones físicas contra docentes, 141 perpetradas por alumnos y 33 por padres u otros familiares. El sindicato advierte de que los casos comunicados representan solo una pequeña parte de los incidentes que se producen en los centros educativos. En total, su servicio atendió 2.004 situaciones de conflictividad, entre amenazas, insultos, acoso, falsas acusaciones y presiones familiares.
Teresa Hernández, coordinadora estatal de ANPE, advierte que los casos son cada vez más complejos por la sobrecarga burocrática, falta de personal, ratios elevadas y necesidades educativas que no siempre encuentran una respuesta adecuada. Entre los docentes atendidos, el 71,3% había sufrido ansiedad y el 17,3% había obtenido una baja médica.
¿Una generación de alumnos más violenta o un sistema educativo menos preparado?
Los resultados españoles de PISA 2025, publicados por la OCDE en 2026, reflejan que el 39% de los estudiantes de 15 años afirma que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o la totalidad de sus clases de ciencias, frente al 31% de media de la OCDE. Otro 30% señala que sus compañeros no escuchan lo que dice el profesor. Estos datos ayudan a comprender el contexto en el que trabajan muchos profesores.
El filósofo y pedagogo José Antonio Marina diferencia entre tener autoridad y ejercer el poder. La autoridad nace del reconocimiento y del respeto. En su opinión, un profesor puede conseguir que un alumno obedezca por miedo, pero eso no significa que haya recuperado su autoridad educativa. Rosario Ortega Ruiz, catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba e investigadora de convivencia escolar, propone trabajar en el desarrollo de relaciones interpersonales positivas, la mediación y la prevención de la violencia desde límites claros, previsibles y coherentes.
Cómo poner límites sin fuerza física
España cuenta con un marco jurídico diferente. La Ley Orgánica de Educación establece que todos los centros deben disponer de normas de convivencia y medidas correctoras ante su incumplimiento. Las comunidades autónomas desarrollan sus propios procedimientos disciplinarios y de protección. En Madrid, por ejemplo, la Ley de Autoridad del Profesor de 2010 reconoce la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de sus funciones. Pero disponer de autoridad jurídica no equivale a tener permiso general para sujetar físicamente a un estudiante porque interrumpa una clase.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en 2021, refuerza la obligación de proteger a los menores frente a los castigos físicos, humillantes o denigrantes. El ordenamiento distingue, además, las intervenciones necesarias para impedir un daño inmediato de aquellas que tienen una finalidad sancionadora. La posibilidad de actuar ante una agresión debe valorarse conforme a la necesidad y proporcionalidad de la intervención y a las circunstancias del caso.
El modelo gallego: multas de hasta 15.000 euros
Galicia ha decidido dar un paso más en la recuperación de la autoridad docente con una reforma de su normativa de convivencia escolar que contempla multas de hasta 15.000 euros para los padres o tutores que agredan físicamente a un profesor. El paquete de medidas, anunciado por la Xunta el 13 de octubre, establece tres niveles de infracciones: las leves, sancionadas con entre 300 y 1.500 euros; las graves, que incluyen amenazas, coacciones, acoso o difusión de imágenes para humillar al docente, con multas de 1.501 a 3.000 euros; y las muy graves, entre ellas las agresiones físicas, castigadas con sanciones de 3.001 a 15.000 euros.
Además, se podrá restringir el acceso de los familiares infractores a los centros educativos. Para los alumnos no se contemplan multas económicas, pero sí medidas disciplinarias que pueden llegar a la expulsión o al cambio obligatorio de colegio o instituto en casos especialmente graves, como el acoso. La reforma también endurece las sanciones por el uso indebido del móvil y crea una Oficina de Apoyo al Profesorado, que ofrecerá asesoramiento jurídico y asistencia psicológica. Las medidas, todavía pendientes de tramitación legislativa, se incorporarán a la ley que acompañará los presupuestos autonómicos de 2027. Con ellas, la Xunta pretende reforzar el respeto al profesorado y devolver a la convivencia escolar el carácter prioritario que considera necesario para enseñar y aprender.
Educar es una tarea cada vez más compleja. El profesor ya no solo debe transmitir conocimientos, también tiene que gestionar conflictos, atender necesidades educativas muy diversas, responder a las exigencias de las familias, lidiar con la burocracia y mantener una autoridad que una parte del profesorado considera debilitada. Los datos respaldan esa sensación de desgaste. El último informe TALIS de la OCDE constata que los docentes españoles dedican más tiempo a mantener la disciplina que hace apenas unos años.
La escuela de hoy es más participativa, reconoce derechos a los alumnos y aspira a integrar realidades muy diferentes. El desafío consiste en preservar esos avances sin que el profesor pierda la capacidad de establecer límites, garantizar la convivencia y, en definitiva, enseñar.