La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta a Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores y a Hadja Lahbib
comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad de la Unión Europea para que intervengan en el caso Juana Rivas.
Si nadie lo remedia, el próximo martes 22 de julio Juana Rivas deberá entregar a su hijo Daniel de once años a su padre, Francisco Arcuri.
“Les escribo en mi calidad de Ministra de Igualdad para expresar formalmente mi preocupación por el reciente desarrollo del caso de Juana Rivas, en el que un tribunal italiano ha ordenado la devolución del menor, Daniel, a su padre —contra quien existe un procedimiento penal abierto por presuntos maltratos—, mientras que las autoridades españolas están estudiando medidas cautelares de protección”, comienza la misiva.
Interés superior del menor
“Me permito llamar su atención sobre la respuesta escrita de la Comisión Europea a la pregunta prioritaria P 000040/2025, presentada el 8 de enero de 2025 por la eurodiputada Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. En dicha pregunta, la eurodiputada planteaba con claridad: La obligación de la Unión y los Estados miembros de proteger y promover los derechos de la infancia y garantizar que siempre prevalezca el interés superior del menor, incluso en contextos transfronterizos. La vigencia de instrumentos clave como la Directiva sobre violencia contra las mujeres, la Directiva sobre los derechos de las víctimas y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los derechos del menor en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia”, continúa.
Las peticiones de la ministra
Redondo hace hincapié en “la necesidad de que las leyes nacionales no discriminen por nacionalidad o lugar de residencia, ni asuman que el interés superior del menor radica en permanecer en un Estado en particular”.
Por ello, la ministra insiste en que “la Comisión Europea, en su respuesta de 19 de febrero de 2025, destacó que el interés superior del menor es una prioridad fundamental para la Unión Europea y que la defensa de dicho interés es un principio rector de la Directiva sobre violencia contra las mujeres.
Considerando lo anterior, formulo respetuosamente las siguientes solicitudes:
1. La realización de evaluación urgente de la aplicación del interés superior del menor en este caso concreto, especialmente en relación con la situación penal abierta contra el padre.
2. La facilitación de orientaciones claras y vinculantes a los Estados miembros sobre cómo operar la evaluación sustantiva del interés superior del menor cuando existen señales de violencia, incluso si ello entra en tensión con resoluciones transfronterizas.
3. La valoración de la posibilidad de activación por los Estados miembros de los mecanismos previstos en el Reglamento Bruselas II ter y las directivas europeas relevantes, que permiten a los tribunales
denegar la ejecución de una orden si hay riesgo cierto para el menor.
4. La promoción de la audiencia directa del menor, de manera reiterada, como salvaguarda imprescindible y conforme a las normas europeas de protección infantil.
Este caso presenta un reto significativo para la coherencia del sistema judicial europeo en materia de protección infantil. Tanto mi equipo como yo misma estamos plenamente disponibles para colaborar en estudios técnicos o mesas de trabajo que promuevan una interpretación armonizada y efectiva de los estándares europeos. Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier reunión
o intercambio técnico que consideren pertinente”, concluye la carta.