A la segunda va la vencida, o eso quiere creer el Gobierno sobre la ley de secretos oficiales, que ya está lista para encarrilar su tramitación parlamentaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley con cambios respecto al texto que también avalaron en primera vuelta en 2022, y que vio interrumpida su tramitación por el adelanto electoral. En esta legislatura, al menos, han llegado un paso más lejos que en la anterior.
Una de las novedades es que la ley introducirá multas de hasta 2,5 millones de euros en su horquilla más alta para quienes difundan “información clasificada”, si excluir de su aplicación a los profesionales de la información.
El régimen sancionador arranca en 30.000 euros ante los casos menos graves, si bien para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “está más que justificado y es más que proporcionado”. “Con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión”, aseguró. No obstante, la instauración de un régimen sancionador no va de la mano de una modificación del Código Penal que acabe con las penas de cárcel para quienes difundan información clasificada.
De hecho, el texto aboga por crear una Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente de Presidencia, que será quien decida sobre la imposición de sanciones. Según Bolaños, se tendrá en cuenta como una suerte de atenuante -no eximente- “el ejercicio del derecho a la libertad de información”, y quedará en manos de los tribunales decidir sobre si prevalece el derecho constitucional o la necesidad de sancionar la difusión de información que comprometa la seguridad o la defensa nacional.
Si la ley supera la tramitación parlamentaria reemplazará a la norma que hoy está en vigor, que data del franquismo (1968). La norma establece en 45 años el límite máximo para desclasificar automáticamente documentos de “alto secreto”, con una posible prórroga de otros 15 años.
Se crearán cuatro categorías (alto secreto, secreto, confidencial y reservado), y en función de la clasificación que reciban los documentos podrán permanecer alejados del foco público durante periodos determinados: 35 años para los documentos considerados secretos; entre 7 y 9 años para los confidenciales, y en una horquilla de entre 4 y 5 años los que se consideren restringidos.
Bolaños ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para vender una norma que el PNV, entre los socios parlamentarios más leales, lleva reclamando desde hace años. Otros socios como ERC también la exigen.
La información clasificada será revisada periódicamente para constatar si su difusión seguiría afectando a la defensa o a la seguridad nacional. Si no se dan estos supuestos, podrá hacerse pública. “Esto se puede hacer de oficio y también a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o interés profesional”, afirmó Bolaños, presumiendo de que la norma situará a España dentro de los “estándares europeos”.
No entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Teóricamente, como afirmó el ministro de Presidencia, si se aprueba este año a finales de 2026 ya permitiría acceder a documentación del golpe de Estado del 23-F (1981), “salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa”. Es el Consejo de Ministros quien decide qué información no cumple estas premisas, y seguirían contando con la opción de extender el manto de opacidad durante 15 años más.