El Gobierno propondrá a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Gobierno propondrá a la jurista Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. La actual fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo será quien releve a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público, cuando concluya el procedimiento que arranca este martes en el Consejo de Ministros, según ha podido confirmar Artículo14.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y “tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, aseguran fuentes del Gobierno. También ocupa el cargo de fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. En febrero tomó posesión de su actual cargo en el Alto Tribunal, y hasta entonces había ejercido como fiscal de sala de violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado.

Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia, y su designación trasciende un 25-N, día internacional de la eliminación de la violencia sobre la mujer.

Fue, además, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación profesional de la que provienen sus antecesores, García Ortiz y Dolores Delgado. Es la asociación considerada más afín a la izquierda, incluso desde las filas del PSOE.

Ya este lunes, fuentes jurídicas situaban a Peramato liderando las quinielas. Pedro Sánchez y Félix Bolaños han guardado con celo sus candidatos a relevar al fiscal general tras la condena del Tribunal Supremo. García Ortiz comunicó su dimisión al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes este mismo lunes, y el Gobierno apuró hasta primera hora del martes para desvelar quién le relevará. El Consejo de Ministros de este martes aceptará la renuncia de García Ortiz, que será oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El PSOE, en tensión todo el lunes

El lunes, dirigentes del PSOE anticipaban que el nombre del sucesor de García Ortiz trascendería de forma inminente. “No creo que se tarde mucho”. “En 24 horas lo sabremos”, afirmaba otro dirigente con experiencia de gobierno.

Fuentes de La Moncloa anticipaban que no se tomarían “decisiones” sobre el fiscal general hasta que el presidente del Gobierno aterrizase en Madrid, a primera hora del martes, tras participar en la cumbre de la Unión Europea-Unión Africana, en Angola.

El Ejecutivo estaba obligado a proponer a un jurista de reconocido prestigio, con al menos 15 años de experiencia, pero no había dado muchas pistas sobre el resto de requisitos que debería cumplir este profesional.

El domingo, en su primera rueda de prensa tras la condena al fiscal general por la revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez sólo anticipó que propondrían a un profesional de “reconocido prestigio y dilatada trayectoria”. Es decir, exactamente lo que impone la ley. El lunes, desde Luanda (Angola), evitó dar más pistas.

Un perfil “con autoridad” tras la condena, un “ataque” para las bases socialistas

Un dirigente socialista anticipaba la designación de un perfil “con autoridad para hacerse respetar desde el día uno”. Especialmente, porque tendrá que desempeñarse “en un ambiente enrarecido por la división”. Por la “confrontación y la hostilidad al Gobierno de un sector relevante y crecido por el fallo de la mayoría de la Sala Segunda” del Alto Tribunal.

Un cargo público y dirigente territorial ahondaba en el enfado de la militancia socialista ante la condena al fiscal general. “Lo ven con un ataque más al Gobierno”; “sin justificación y retorciendo los posibles argumentos”, aseguró. Por eso interpretó que el Ejecutivo mostraría “firmeza” con el nombramiento.

Esto es, que el nuevo responsable del Ministerio Público no se dejará “amedrentar” por la “amplia mayoría conservadora de la Justicia”. En este punto hay matices según quién haga el diagnóstico: para el primer dirigente, lo primordial era que se tratase de un “jurista respetado”, que no necesariamente viniese de la carrera fiscal. Y que no necesariamente fuese considerado abiertamente progresista.

“Ser progresista es un prius, pero no basta para salir con vida” de ese cargo, abundó. La butaca del fiscal general del Estado es también conocida como la “silla eléctrica”, una denominación que popularizó el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce (2011-2014). Que alude a las enormes presiones políticas y económicas a las que se ve sometido el máximo responsable del Ministerio Público.

Al otro lado del hemiciclo, desde las filas conservadoras, interpretaban que el Ejecutivo designaría un perfil particularmente afín, para ayudarle a influir en las causas que afectan a familiares del presidente del Gobierno.

El cuarto enviado a la “silla eléctrica” en siete años y medio

Hasta primera hora del martes, la discreción del Ejecutivo era tal que ni siquiera querían adelantar si optaban por una mujer para desempeñar este cargo, como finalmente ha ocurrido. Es la cuarta jurista que toma las riendas de la Fiscalía General del Estado, tras Consuelo Madrigal, María José Segarra y Dolores Delgado, las dos últimas designadas por Sánchez.

Son el presidente y su ministro de Justicia y hombre fuerte del Gobierno quienes han manejado este relevo, aseguran en el PSOE. De hecho, fuentes de Sumar en la coalición se desmarcaron de esta elección y señalaron la ventanilla del partido mayoritario, como ya ocurrió con García Ortiz. El ministro de Justicia, que no suele tener agenda pública los lunes, ha permanecido lejos de los micrófonos desde su comparecencia institucional del jueves, cuando se conoció el fallo del Tribunal Supremo.

La Sala Segunda dio a conocer su decisión cuando aún no se había redactado la sentencia, que no surtirá efecto hasta ser notificada. García Ortiz ha optado por plantear su dimisión antes de que esto se produzca.

Después de proponer a su candidata, el Gobierno tiene que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valore si es o no idónea para el cargo (ya informó negativamente sobre García Ortiz, pero su consideración no es vinculante). Y deberá aguardar a que la futura fiscal comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, antes de que el nombramiento sea oficial. Será al cuarta persona designada para ocupar la “silla eléctrica” en los casi siete años y medio de Sánchez en La Moncloa.