El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimite cuatro días después de ser condenado por el Tribunal Supremo. El que hasta hoy ha sido máximo responsable del Ministerio Público ha remitido este lunes una carta al Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para renunciar formalmente al cargo, informa El País.
La dimisión, que se anticipaba inminente, despeja el camino para que el Ejecutivo avance en la designación de su sucesor. Según este medio, García Ortiz reclama que el Consejo de Ministros le cese, a la espera de conocer la sentencia que desarrolle los argumentos del fallo. “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.
El Tribunal Supremo lo declaró culpable el jueves de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le impuso una pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, así como el pago de una multa de 7.200 euros, el pago de una indemnización de 10.000 euros, a González Amador, y que corra con las costas del procedimiento, que inició la pareja de Ayuso cuando se querelló contra él.
Según el diario del grupo Prisa, García Ortiz defiende en esa carta su labor en la Fiscalía General, y destaca que ha decidido oficializar su dimisión “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, de la que sólo se conoce el fallo. “En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.
La maquinaria para elegir a un nuevo fiscal general del Estado ya está en marcha, como confirmó Sánchez en rueda de prensa el domingo, aunque de momento el Gobierno no ha desvelado quién sustituirá a García Ortiz.
Después de presentar su candidato o candidata, tendrá que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valore si es o no idóneo (informó negativamente sobre el actual jefe del Ministerio Público, pero su consideración no es vinculante). Y aguardará, además, a que el futuro o futura fiscal comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, antes de oficializar el nombramiento.
El Ejecutivo guarda con celo los plazos con los que trabaja, así como los perfiles que ha sopesado para este cargo, que deben ser juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia. La trayectoria de la persona en cuestión puede dar pistas de la lectura que hace La Moncloa de la situación actual, después de un fallo que tiene que respetar, aunque no lo “comparte”.
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