“La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no“. Esas fueron las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior a la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica. Que el sistema fuese a romper con el principio de solidaridad ya lo adelantó un día antes, y después de reunirse con Pedro Sánchez en el palacio de la Moncloa, el líder de ERC, Oriol Junqueras: “Si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir”. Lo que por el momento no había quedado claro, era si este criterio fuese a aplicarse en todas las comunidades autónomas por igual. Ahora, parece evidente que no.
Tal y como reconoció la propia Montero, el motivo radica en que en el momento que una autonomía decide mantener el ‘statu quo‘ vigente para conservar el volumen de recursos del actual sistema y no salir perjudicado con el nuevo reparto, “se alterará este principio”. Por ello, Junqueras asegura que “es inaplicable para todos”, aunque defiende que “sí que lo será en el caso de Cataluña”.
Así, será el estado quien, con 21.000 millones de euros en transferencias, compense las subidas de los más rezagados en el reparto y mantenga la posición de los sobrefinanciados. Es ahí donde “está la clave”, según apunta la profesora de economía financiera de la Universidad de Extremadura, Inmaculada Domínguez. Quien advierte que “con ello, Cataluña habrá logrado su propósito de dejar de ser solidario”.
Un 45% menos
Siguiendo el principio de ordinalidad, la Comunidad de Madrid, que es la que mayor cantidad de recursos por habitante aporta al sistema, debería ser la mayor beneficiada. En cambio, la dotación adicional asignada para esta comunidad es de 2.555 millones de euros. Alrededor de un 45% menos que el alza concedida a la tercera autonomía en términos de aportación: Cataluña, que elevaría su cifra en 4.686 millones de euros.
En la otra cara de la moneda: Extremadura y Cantabria. Estas comunidades, al haber estado sobrefinanciadas respecto a lo que aportan con el régimen actual -12,3 y 20,3 puntos porcentuales por encima de la media por habitante ajustado-, el nuevo sistema no les otorga financiación extra. Pero Montero avanzó ayer que serán favorecidas con 216 y 46 millones de euros respectivamente con el Fondo de Compensación Interterritorial.
Así, la comunidad con menor subida sería La Rioja, segunda mejor posicionada en dotación por ciudadano, con solo 25 millones de euros. Baleares y Canarias sí que recogerían alzas adicionales más elevadas pese a estar en posiciones también altas gracias a la variable de insularidad del nuevo cálculo de población ajustada.
La patata caliente
Cierto es que entre los mayores agraciados está Cataluña, pero la verdadera patata caliente la tienen la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Junta de Andalucía, todas ellas gobernadas por el Partido Popular (PP). Para que el nuevo esquema de financiación salga adelante tendrá que ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Es decir, deberá alcanzar los 176 escaños a favor. Y pese a que el Gobierno ha solicitado al PP un voto favorable, el mayor partido de la oposición, junto a sus barones, ya ha rechazado el plan.
El problema está en justificarlo en las tres autonomías previamente mencionadas. Históricamente, la Región y la Comunitat han sido los dos territorios con menor dotación por habitante ajustado. Con la nueva propuesta de Montero, Murcia aumentaría su asignación en 1.188 millones de euros. Y aunque sea la sexta mayor en términos absolutos, superaría en un 26% su fondo previo, registrando el mayor de los incrementos relativos por comunidad.
Para el recién nombrado president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el papel no es menor. Allí, la dotación adicional supondría 3.669 millones de euros más para las arcas valencianas. Es decir, un 25% más que las anteriores. Por su parte, Andalucía registraría la mayor de las subidas con 4.846 millones de euros, sorteando incluso a Cataluña y posicionándose como la autonomía con mayor partida suplementaria a percibir. En consecuencia, Domínguez reconoce que “aunque los ingresos de estas regiones han crecido y deberían percibir más, la propuesta del Ejecutivo es pura estrategia política”.
Pierde el Estado
Con todas las Comunidades manteniendo o recibiendo mayor financiación, podría parecer que no hay nadie que salga perdiendo. De hecho, el propio Junqueras a la salida de Moncloa ya declaró que bajo este acuerdo “todos ganan”. Y, aunque no de igual manera, es cierto. Todos ganan salvo uno: el Estado. Con una deuda casi 55 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas, según datos del Banco de España, el Ejecutivo tendrá que sufragar, de salir adelante la reforma, 21.000 millones en transferencias.
En este sentido, la profesora de economía financiera de la Universidad de Extremadura critica que “el dinero no se inventa”. Y alega que “como no sea emitiendo deuda o transfiriendo de otras partidas presupuestarias que recorten servicios, como se financian ahora las pensiones, no sé de dónde saldrá esa cuantía”. De ser así, zanja, “todos ganamos y todos perdemos”.