El rechazo a la reforma de la financiación autonómica de Montero calienta el inicio del año

2026 coge ritmo. María Jesús Montero aprovechó los últimos compases del año pasado para advertir de que ya negocia los Presupuestos Generales del Estado y tiene avanzada su propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica. En ambos casos, los detalles se darían a conocer en las próximas semanas. La ministra de Hacienda quiere dejar atadas sendas iniciativas antes de volcarse plenamente en su campaña andaluza.

Procés, repeticiones electorales, pandemia, alta tensión política… Son muchos los factores por los que la esperada reforma del modelo de financiación sigue durmiendo el sueño de los justos. Lleva caducado más de una década (desde 2014) y ni con Mariano Rajoy ni con Pedro Sánchez ha encontrado camino.

Ahora, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, a la postre candidata socialista a la Junta de Andalucía, aspira a presentar una propuesta a la que incluso el PP pueda sumarse. Parece difícil, toda vez que al mismo tiempo buscará seducir a sus socios. ERC, sin ir más lejos, volvió a reivindicar estas Navidades la urgencia de la “financiación singular” para Cataluña.

El reloj está en marcha y las cartas repartidas. No hace ni un año, los barones del PP plantaban a la ministra en la reunión del Consejo de Política Fiscal de febrero, en la que se trató la condonación de deuda a las comunidades (cuyo proyecto legal se remitió al Congreso el mes pasado). En el último encuentro del grupo, ya en noviembre, la titular de Hacienda anunció a los consejeros autonómicos un plazo concreto para conocer los detalles de esta reforma. “Entre enero y febrero”.

10 años caducado

Y aunque ya habló de enero o febrero, la ministra concedía en una entrevista reciente que no tiene claro “en qué fecha” lanzará el órdago. Tiempo ha habido. La última vez que el Gobierno lanzó una propuesta fue en diciembre de 2021, hace cuatro años. Entonces se planteó un cálculo sobre la población ajustada, es decir, los recursos se repartirían en función de la demografía y otras variables sociales. La idea surgió del informe que elaboró un comité técnico. Hacienda abrió la puerta a que las autonomías aportasen ideas sobre ello ya en 2022. El debate no cristalizó y un año después terminó la legislatura.

Viene de largo. El modelo de financiación se ha convertido en un paisaje habitual de la batalla política. Apenas unos días después de tomar posesión tras la moción de censura a Rajoy, Sánchez reconocía en el Senado que la reforma no se podría acometer en aquella legislatura por falta de tiempo. Eso sí, el presidente volvió a prometerla un mes después de las primeras elecciones generales de 2019, en mayo de aquel año.

El vigente sistema de financiación autonómico caducó en realidad en 2014, hace más de una década. El por entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó su reforma inmediata por un clima político “regular”. Tres años después, con la tensión por las nubes y el artículo 155 de la Constitución a punto de estrenarse, Hacienda presentaba otro informe de un comité técnico de expertos. Fechado en julio de 2017, este documento planteaba que las comunidades pudiesen subir impuestos como el IVA de forma colegiada. No hubo más debate: tres meses después el procés se convirtió en el monotema.

El peaje del cupo catalán

Lo que presentará Hacienda en realidad no es un acuerdo, sino una propuesta. Una con pocos visos de prosperar: el diálogo con Junts sigue roto y la paciencia del resto de socios empieza a agotarse. El Gobierno retomó la urgencia de actualizar el modelo de financiación a raíz de la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Esta fue posible gracias al pacto entre el PSC y ERC en 2024. Fruto de aquello, el Gobierno hizo suya la propuesta de conceder más competencias a Cataluña para recaudar impuestos, exportando el modelo foral a la Generalitat.

La medida suscitó dudas. No solo entre la oposición, también entre algunos de los socios del Ejecutivo de coalición, e incluso en algunas federaciones del PSOE y expertos del ámbito económico. Por ello, el Gobierno ha tratado de ralentizar la ejecución de este acuerdo en los últimos meses, lo que está impacientando a los republicanos.

A mediados de diciembre, la diputada de ERC, Marta Vilalta, acusó a Illa de “incumplir” los pactos de investidura. Meses atrás, su partido presentó en el Congreso una proposición de ley para forzar al Gobierno a debatir el asunto. Ha ido posponiendo el debate, por lo que se espera que este se celebre en una de las primeras sesiones parlamentarias del año. También en cuestión de semanas.

La polémica por el cupo catalán y la posibilidad de que se transfieran más competencias a otras autonomías. Eso es lo poco que por ahora ha trascendido del proyecto de reforma. Más allá de eso, ni Montero ni Hacienda han dado más pistas sobre el nuevo modelo de financiación. Ni si se mantendrá la propuesta de 2021, con el cálculo sobre población ajustada, o qué competencias se plantearán transferir a otras comunidades, para tratar de apaciguar los ánimos. Lo que la vicepresidenta del Gobierno dará a conocer de forma inminente es eso, una propuesta. Y muchos barones autonómicos no tienen expectativas de ella por el momento.

La sospecha de la bilateralidad

A semanas de conocer todos los pormenores de la propuesta que ha venido cocinando Hacienda, la inquietud crece. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal, la ministra Montero deslizó “desincentivos” para evitar casos de “dumping fiscal”, en alusión a la Comunidad de Madrid. También constató que algunas comunidades, con competencias transferidas, necesitarán más recursos que otras autonomías. Cataluña, al tener asumida la red de centros penitenciarios, es un ejemplo recurrente.

Pero lo que más inquietud ha generado entre muchos partidos y expertos es el planteamiento que hace Hacienda de cara a la futura negociación del futuro modelo de financiación. Este se debatirá de manera multilateral, con todas las comunidades, como es de esperar y como suele ser. Sin embargo, el debate será “bilateral en algunas cuestiones”. De esta forma, ciertos flecos de la conversación estarán blindados para garantizar la comprometida “singularidad de Cataluña”, lo que preocupa incluso en autonomías gobernadas por los socialistas.

Esto, sumado a la difícil aritmética parlamentaria, hace difícil pensar en una propuesta que satisfaga a todo el mundo, que no cronifique ciertas desigualdades o amplíe brechas. La ecuación es sencilla: una propuesta gubernamental, con aspectos a debatir de forma bilateral, y un Ejecutivo que necesita apoyos. Todo esto hace asumir a muchos expertos que la propuesta no gozará de una tramitación sencilla toda vez que el diálogo la acabe transformando en un proyecto de ley.

El rechazo crece

Especialmente duros han sido algunos barones del PP. Jorge Azcón, presidente de Aragón, lo mencionó en su discurso de fin de año. Marga Prohens, presidenta de Baleares, aprovechó su reciente mensaje de Navidad para rechazar esa bilateralidad. También la presidenta cántabra cargó contra la condonación de deuda. Por su parte, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, rechazó en una entrevista la idea de que la financiación se convierta en una suerte de carta a los Reyes para las comunidades. “No se debe plantear un sistema en el que regiones consigan ventajas o les computen variables que les favorezcan… y que otras no tengan”.

El punto de partida ya genera disparidades. Lo refleja un análisis reciente de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que calcula la financiación autonómica atendiendo diversas variables. Una, por ejemplo, es la financiación efectiva por habitante ajustado. No solo tiene en cuenta el reparto ordinario de fondos; incluye transferencias por mecanismos extraordinarios. Así, entre 2011 y 2019, Cataluña mejoró su financiación relativa con respecto a otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia.

Justo después de la última reunión del Comité de Política Fiscal, De la Fuente lanzaba un comentario a través de Fedea. En él, analizaba cómo el Ejecutivo venía descafeinando el polémico cupo catalán y asumía que, “por lo visto hasta el momento”, “no está nada claro que lo que el Gobierno está cocinando pueda ser un punto de partida válido para una reforma del sistema de financiación consistente con el interés general del conjunto del país”. El economista, eso sí, admitía que habría que “esperar unas semanas” para verlo. Ahora sí: es cuestión de tiempo.