España arrastra una paradoja laboral cada vez más visible. Hay millones de personas en desempleo y, al mismo tiempo, muchas empresas aseguran que no encuentran trabajadores. En ese escenario, un dato está ganando peso en el debate: las vacantes en el sector público concentran una parte muy alta de los puestos sin cubrir en España.
Según el análisis publicado a partir de datos de Eurostat, el sector público reúne en torno al 36% de las vacantes registradas en el país. Una proporción que sitúa a España entre los porcentajes más altos de la Unión Europea. La lectura es polémica, pero relevante: una parte importante de la tensión entre oferta y demanda de empleo no estaría solo en la empresa privada, sino también en las administraciones.
El debate no es menor porque afecta al diagnóstico de fondo. Si el mercado laboral sufre problemas de cobertura de puestos y una parte significativa de esas vacantes procede del sector público, la explicación de la falta de mano de obra cambia. Ya no se trataría solo de salarios, formación o desajustes sectoriales, sino también de competencia por el talento entre empresas y administraciones.
Un mercado laboral con vacantes y paro a la vez
La contradicción española se resume en dos cifras que conviven desde hace tiempo:
- Un volumen elevado de desempleo
- Un aumento de puestos sin cubrir
El Economista sitúa en 145.571 las vacantes a cierre de 2025 según Eurostat, con una tasa de vacantes del 0,8%, muy baja en comparación con otros países de la eurozona. Ese dato, precisamente, ha generado discusión en los últimos años.
Hay analistas que consideran que las estadísticas de vacantes no reflejan toda la realidad del mercado español. En especial, si se comparan con los portales de empleo o con el volumen mensual de contratación.
Aun así, se utilizan como indicador útil para medir la tensión entre puestos ofertados y trabajadores disponibles. Y ahí es donde aparece el papel de las vacantes en el sector público. Aunque la tasa general parezca baja, el peso del empleo público dentro de ese total es muy superior a lo que cabría esperar por su dimensión relativa en el conjunto del mercado laboral, según el análisis citado.
El peso de las vacantes en el sector público dispara la tensión
El dato más llamativo es ese 36% atribuido a las vacantes en el sector público. En términos absolutos, se habla de cerca de 54.000 puestos por cubrir en administraciones públicas (sin contar sanidad y educación, según la metodología señalada en el texto), incluyendo funcionarios y otros empleados públicos, además de cuerpos policiales y militares.
La comparación europea refuerza la idea de excepcionalidad. Solo unos pocos países presentan un porcentaje similar o superior de concentración de vacantes públicas. Esto no significa necesariamente que España tenga más empleo público que sus socios, sino que el peso de sus puestos sin cubrir en ese ámbito resulta especialmente elevado en proporción al total de vacantes.
Esa diferencia alimenta una hipótesis incómoda para muchas empresas: que parte de la crisis de cobertura se agrava porque las administraciones compiten por trabajadores en paralelo y con una capacidad de absorción notable, en un momento además de envejecimiento de plantillas y necesidad de reposición.
Temporalidad, rotación y “vacantes crónicas”
Una de las claves que se apuntan para explicar este fenómeno es la temporalidad. El análisis vincula el volumen de vacantes en el sector público a la alta rotación en las administraciones, donde una parte relevante de los puestos ofertados correspondería a empleo temporal.
La temporalidad pública sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales del mercado laboral español. Según los datos citados, la tasa de temporalidad en el sector público se situaba en el 26,8% al cierre de 2025, frente al 12,4% del sector privado. Esa brecha ayuda a entender por qué se generan más vacantes de forma recurrente: no siempre responden a expansión neta de empleo, sino también a sustituciones y rotación.
Aquí aparece otro elemento de fondo: la reforma laboral redujo la temporalidad en buena parte del tejido productivo, pero el ajuste ha sido más lento y complejo en las administraciones. El resultado es un mercado dual en el que la empresa privada compite con un actor que, en algunos segmentos, mantiene dinámicas de contratación distintas.
¿Qué hay detrás del repunte desde 2018?
La evolución histórica también importa. El Economista señala que el patrón de vacantes en el sector público cambia con fuerza en los últimos años. En particular, tras la pandemia y con la llegada de fondos europeos, en un contexto de refuerzo de servicios y reposición de plantillas.
No se trata solo de ofertas de empleo público tradicionales. También pesan contrataciones ligadas a comunidades autónomas y ayuntamientos, junto con necesidades de cobertura en servicios esenciales. Esa combinación puede aumentar el volumen de vacantes incluso cuando también crece el empleo público efectivo.
Al mismo tiempo, el Gobierno aprobó en 2025 una oferta pública de empleo de 36.588 plazas, todavía en niveles altos aunque inferior a la del año anterior. Eso muestra que la maquinaria de incorporación de personal público sigue activa.