El Gobierno afronta esta semana el primer examen a los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, sin tener todavía atados los votos necesarios. Y ve acercarse nuevas citas en los tribunales que le impedirán obviar las tramas de corrupción que supuestamente tienen a los últimos números tres del Partido Socialista como protagonistas.
Abre la semana escasas horas después de que Pedro Sánchez se pronunciara directamente, por primera vez, sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre García Ortiz le ha perseguido hasta la cumbre del G-20 en Johannesburgo (Sudáfrica), donde respondió a los medios de comunicación que lamenta el fallo. Y deslizó que confía en que el Tribunal Constitucional sí declare inocente al todavía fiscal general (sólo podrá recurrir cuando la sentencia esté redactada y le haya sido notificada).
La maquinaria para elegir a un nuevo fiscal general del Estado ya está en marcha, como confirmó Sánchez en rueda de prensa. García Ortiz aún debe dimitir, y de momento el Gobierno no ha desvelado quién le sustituirá.
Después de presentar su candidato o candidata, tendrá que esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valore si es o no idóneo (informó negativamente sobre el actual jefe del Ministerio Público, pero su consideración no es vinculante). Y aguardará, además, a que el futuro o futura fiscal comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, antes de oficializar el nombramiento.
El Ejecutivo guarda con celo los plazos con los que trabaja, así como los perfiles que ha sopesado para este cargo, que deben ser juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia. La trayectoria de la persona en cuestión puede dar pistas de la lectura que hace La Moncloa de la situación actual, después de un fallo que tiene que respetar, pero no “comparte”.
En el Consejo de Ministros están convencidos de que se trata de una condena injusta y de que el fiscal general es “inocente”, pero han medido el tono en su respuesta pública. Más allá de Óscar López, ministro de Transformación Digital y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y del socio minoritario de la coalición, Sumar, el Gobierno se ha mostrado algo más cauto que en anteriores ocasiones a la hora de criticar la actuación del Alto Tribunal.
López se ha servido de la sentencia para confrontar con Isabel Díaz Ayuso -pareja de Alberto González Amador, el empresario que fue quien se querelló contra el fiscal general. La ofensiva de González Amador, con dos causas abiertas ante la Justicia, llegó después de que la Fiscalía emitiera una nota de prensa en la que aclaró que fue la pareja de la presidenta de Madrid quien buscó un pacto tras reconocer que defraudó a Hacienda durante dos ejercicios consecutivos.
La lectura del Gobierno y del partido es que el fallo se traduce en una victoria para Ayuso y González Amador, que es profundamente “injusto” y que sólo se entiende como una decisión política de un tribunal que consideran conservador.
De hecho, sus aliados parlamentarios han cerrado filas tras el fallo, entre duras acusaciones al Supremo. Y la concentración del domingo ante el Alto Tribunal contra la condena al fiscal general, convocada por grupos de whatsapp, ayuda al Gobierno y al PSOE a vender que hay una parte importante de la ciudadanía indignada con esta decisión judicial. Apenas participaron algunos centenares de personas, pero ya hay otras protestas similares previstas en el horizonte inmediato. En Ferraz y en La Moncloa las tienen presentes.
Aitor Esteban: Sánchez está “emitiendo señales de convocatoria electoral”
Más allá del frente abierto con el fiscal general del Estado y su relevo, Moncloa tiene marcado en rojo en el calendario el próximo jueves. Será cuando la senda de déficit llegue a la Cámara Baja y sea sometida a votación. Lo previsto es que decaiga, y el procedimiento exige volver a presentarla en una segunda ocasión.
Sólo después de esta previsible nueva derrota podrán llevar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 al Congreso de los Diputados, no antes del primer trimestre de 2026, según los plazos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La derrota se da por hecha, y las dificultades para amarrar a su frágil mayoría serán especialmente evidentes si se cumple este guion. El domingo, en una entrevista en Eldiario.es, el presidente del PNV, Aitor Esteban, reconoció la conformación de una “mayoría negativa” en la Cámara Baja, y consideró que la ruptura de Junts per Catalunya es real, no un farol. También consideró que Sánchez está “emitiendo señales de convocatoria electoral”. “Vuelve a poner encima de la mesa banderas más ideológicas que políticas”, argumentó.
El Gobierno insiste en que agotará la legislatura, y suele presumir de las 47 normas que ha logrado aprobar pese a su debilidad parlamentaria. Sus socios no dan visos de dejarles caer, pese a las advertencias y los toques de atención que les dirigen.
Los últimos les llegaron la semana pasada, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que estrechó el círculo sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. En el Gobierno y el partido saben que la presunta corrupción de sus dos exsecretarios de Organización, Cerdán y José Luis Ábalos, está lejos de desaparecer de la agenda pública.
El jueves, Ábalos y su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, deben comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que revisará las medidas cautelares impuestas a ambos.
Lo hará a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares, después de que Anticorrupción reclamase 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente, por sus presuntos roles en la trama de las mascarillas.
Saben que tendrán que asumir preguntas sobre la posibilidad de que Ábalos y García puedan ser enviados a prisión provisional. La consigna es señalar que estas causas afectan únicamente a sus protagonistas; ni hay previstas nuevas medidas, ni se contempla que den más explicaciones. El jueves, entre la votación de la senda de déficit y las comparecencias de Ábalos y García, tendrán muy difícil retomar el control de la agenda pública.
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