Sánchez intenta que no cunda el desánimo por la condena a García Ortiz y el cerco judicial a Cerdán

La condena al fiscal general del Estado cogió al Gobierno y al PSOE aún recuperándose de las últimas revelaciones de la investigación judicial a Santos Cerdán, que salió de prisión provisional horas antes de conocerse el fallo del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz. Y pocas horas después de que el segundo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permitiese estrechar el cerco sobre el exnúmero tres del PSOE.

Antes de conocerse el fallo, en el Ejecutivo y en el partido se empeñaban en marcar distancias, en reiterar que es Cerdán, como también su predecesor, José Luis Ábalos, quien deben dar cuentas. En el Gobierno no contemplan hoy nuevas medidas anticorrupción como pidieron, en genérico, algunos de sus socios -Podemos reclamó suspender los contratos vigentes con la constructora Acciona, supuestamente vinculada a la trama-.

Tampoco en el partido contemplaban la opción de dar más explicaciones, como reclamaban otros de sus aliados parlamentarios. Defienden que han actuado de forma contundente expulsando al exsecretario de Organización, esto es, recuerdan que le forzaron a dimitir como dirigente y a entregar su acta. Que no tienen más información sobre sus manejos, y por tanto que no tienen más que aportar: “Es cosa de Santos”.

De hecho, la inhabilitación especial por dos años al fiscal general llegó poco después de que desde Moncloa, pero también desde algunos escaños del Congreso, se esforzaran por vender que habían dejado atrás la etapa de desánimo y la sensación de zozobra que sí vivieron en junio, cuando se conoció el demoledor informe de la UCO sobre Cerdán. Algunos diputados intentaban encapsular la cuestión, y desde el Gobierno incidían en que lo habían pasado “peor”.

Lo pasaron mal, “no sólo políticamente”. “El presidente lo pasó muy mal personalmente, porque era alguien de su confianza”, aseguraron. Empeñados en mantener altos los ánimos, apenas reconocieron que la condena a García Ortiz les indignó profundamente. “No lo podíamos esperar”, aseguraban desde el PSOE. Días antes del fallo, en Moncloa reconocían que no podían descartar el escenario de una condena, aunque no querían contemplarlo.

En principio decidieron “morderse la lengua”, en palabras del ministro de Transformación Digital, Óscar López. El mismo que después consideraría “injusta” la sentencia. Tanto el titular de Presidencia, Política y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como la número dos del Gobierno y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, esquivaron los focos tras un acto público el viernes, en el Congreso de los Diputados.

El primero había comparecido el jueves, sin conceder preguntas, para afirmar que respetan la sentencia, aunque no la comparten. El presidente del Gobierno había pronunciado un discurso en la misma jornada, pero tampoco respondió preguntas de los medios.

Moncloa había decretado silencio, en público y en privado, y ensayó un esquema de comunicación particular. Ha sido el ministro de Transformación Digital quien ha seguido verbalizando la indignación que otros integrantes del Ejecutivo no quieren admitir públicamente. López, también candidato a la Comunidad de Madrid, ha aprovechado para señalar al empresario Alberto González Amador y contra su pareja, Isabel Díaz Ayuso.

Fue González Amador quien inició la causa contra el fiscal general por hacer público que él había intentado pactar con la Fiscalía, y no al revés, como se había publicado inicialmente, y López no ha dejado de destacarlo. Repitieron el mismo esquema el sábado.

Por parte del partido, fue Montse Mínguez, portavoz federal, quien canalizó las críticas al fallo del Tribunal Supremo ante cámaras y micrófonos. En TV3, el viernes, Mínguez expresó su “decepción” con el fallo, y reiteró su convicción sobre la inocencia del fiscal:  “En lugar de ganar la verdad, lo que está ganando es un dolor o una desinformación que todos han podido ver”. Como López, el sábado repetía este esquema.

En el ala de Sumar del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, salió a la palestra un día después que sus compañeros de filas, para acusar al Supremo de dictar una resolución “política”, que “no se dirige” contra García Ortiz, sino contra el Ejecutivo. Las reacciones anteriores entre el conjunto de los socios de investidura fueron similares o más dura. Particularmente en la izquierda, todos se mostraron cohesionados con la coalición y frente al Alto Tribunal.

El Gobierno ya ha activado la maquinaria para designar a un nuevo fiscal general, pero no ha detallado plazos ni ha dado pistas sobre su identidad. La discreción vuelve a ser consigna.

En el Gobierno y el partido saben que la presunta corrupción de sus dos exsecretarios de Organización está lejos de desaparecer de la agenda pública. El jueves, Ábalos y su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, deben comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que revisará las medidas cautelares impuestas a ambos.

Lo hará a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares, después de que Anticorrupción reclamase 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente, por sus presuntos roles en la trama de las mascarillas.

Saben que tendrán que asumir preguntas sobre la posibilidad de que Ábalos y García puedan ser enviados a prisión provisional. En privado, asumen que es una imagen dolorosa, que los casos de corrupción influyen en las convocatorias electorales. Pero la consigna es insistir en que ellos tomaron medidas, comparar su forma de actuar con la del PP, e insistir en que son los protagonistas de estas causas quienes deben tomar la palabra.