El Gobierno rectifica y extiende los plazos para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, después de esquivar su obligación constitucional de llevar las cuentas al Congreso de los Diputados el 30 de septiembre, a más tardar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que no podrán cumplir con los plazos anunciados por Pedro Sánchez, que apostaba por llevar los Presupuestos a la Cámara Baja durante el mes de diciembre.
La previsión hoy, según la número dos del Ejecutivo, es que las cuentas podrán desembarcar en el Congreso a “principios o mediados” del primer trimestre, por lo que difícilmente podrán ser sometidos a votación antes de abril o mayo, como ella misma ha reconocido -requieren al menos de un mes y medio o dos meses de trámite, únicamente en la Cámara Baja-.
“Si mañana me dicen varios grupos que están dispuestos a aprobarlos ya, ya les digo que los presentamos antes de que acabe el año”, afirmó Montero. No cuentan con los votos necesarios siquiera para asegurarse la senda de déficit, la primera piedra del edificio presupuestario, que hoy han aprobado en el Consejo de Ministros.
Está previsto que la senda llegue al Congreso en el pleno de la próxima semana; si no hay cambios, será rechazada y la intención del Ejecutivo es que se vote por segunda vez durante diciembre. Están legalmente obligados a someterla a dos votaciones, y sólo entonces pueden seguir adelante con los trámites de las cuentas públicas. Diciembre será el mes de la senda de déficit, y no del proyecto de ley de Presupuestos, como se planteó inicialmente.
Junts per Catalunya y Podemos son los aliados de investidura que más reticencias han planteado, pero el Gobierno cree que jugar a medio y a largo plazo puede ayudarle a ganar argumentos para convencerles de que presten sus votos. En el Ejecutivo citan directamente a Junts, y no niegan que un futurible fallo del Tribunal de Justicia de la UE que permitiera el regreso a España de Carles Puigdemont podría ayudarles a granjearse estos apoyos.
Sin “fechas límite” para las cuentas públicas
Hasta que se produzca esta “ventana de oportunidad”, asumen fuentes de Moncloa, toca levantar el pie del acelerador, y aceptar que no habrá desembarco presupuestario hasta febrero o marzo. Estas fuentes insisten en que no trabajan con “fechas límite”. Incluso, contemplan la opción de volver a presentar las mismas cuentas, una vez rechazadas, si ven opciones reales de aprobarlas.
Sánchez ya ha dejado claro que su plan es resistir en el Gobierno con o sin nuevas cuentas públicas, y el Ejecutivo prepara el terreno para un fiasco presupuestario. Lo hace afinando su discurso sobre el buen funcionamiento de la economía en términos macro, y presumiendo de la gasolina de los fondos europeos Next Generation, que seguirán manando hasta finales de 2026.
De hecho, distintos socios parlamentarios han criticado al Ejecutivo por afirmar que, con o sin cuentas públicas, la legislatura seguirá su marcha. En el Gobierno sostienen que esto no necesariamente desincentiva a los potenciales aliados, y llegan a afirmar que puede ser exactamente lo contrario. Esto es, que la certeza sobre la continuidad de la legislatura puede “generar incentivos” para negociar sus apoyos.
La campaña de la candidata Montero: financiación, condonaciones y cuentas en tramitación
Por otro lado, Montero anunció el lunes que en apenas dos meses quiere presentar un nuevo sistema de financiación autonómico para sustituir al actual, caducado en 2014. Debe ser aprobado en el Congreso y la vicepresidenta reconoce que no cuenta con los apoyos precisos, pero fuentes de Moncloa deslizan que pueden lograrlos.
Como creen que pueden conseguir los votos para aprobar el mecanismo de condonación de deuda de las comunidades autónomas, con Andalucía como principal beneficiaria de este descargo, que pasaría a asumir la Administración General del Estado (AGE).
Esta última norma aún debe ser aprobada en segunda vuelta en Consejo de Ministros, y la previsión del Gobierno es que pueda hacerlo en las próximas semanas, con opción de que aterrice en el Congreso en diciembre. Es una de las grandes bazas de Montero de cara a la campaña en Andalucía, y los suyos confían en verla aprobada antes de que la candidata socialista abandone el Consejo de Ministros.
El nuevo modelo de financiación se les antoja algo más complejo, y de momento afirman no haber negociado con Junts sobre ello, aunque aspiran a “convencerlos”. La carpeta más difícil es la de las cuentas públicas, cuyo desembarco podría solaparse con la tramitación de la reforma del modelo de financiación.
En lo que toca a este último, Montero ha enfadado a los presidentes autonómicos del PP, el partido que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, al presentarles una propuesta por sorpresa, y sin dar margen a la negociación. “Cuando tocas una variable [de las que configuran el modelo] se derrumba todo”, argumentan en Moncloa.
La intención de la vicepresidenta es ver aprobada esta modificación durante este año, para su entrada en vigor en 2027. Encarrilarla es uno de sus grandes retos antes de partir camino a la Junta. Más complejo será poder colgarse la medalla de ver aprobados unos nuevos Presupuestos, aunque desde sus filas intenten desvincular este previsible fracaso de sus expectativas como candidata.
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