A punto de finalizar su mandato al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), su presidenta, Cristina Herrero, pone deberes al Gobierno. Ayer presentó la que será una de las penúltimas opiniones bajo su mandato y lanzó una firme llamada de atención a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. El organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas apostó por una profunda reforma del marco fiscal estructural, aprovechando la transposición de la Directiva de marcos presupuestarios nacionales.
Para la AIReF es necesario reformar el marco fiscal estructural con un claro objetivo: situar a la regla de gasto en el centro. “Los objetivos de estabilidad tienen que ser coherentes con la regla de gasto, el punto de arranque tiene que ser la regla de gasto”, afirmó Cristina Herrero. Cabe recordar que la regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este principio impide que el gasto público crezca por encima de la tasa de referencia del crecimiento del PIB. Para 2026, la regla de gasto nacional y europea coinciden en el 3,5% del PIB.
La institución avisa que ahora la multiplicidad de reglas nacionales dificulta la consecución de los objetivos europeos y destaca las diferencias entre las dos reglas de gasto. La nacional está concebida para países que se encuentran en equilibrio estructural, ya que establece que el gasto computable no puede crecer por encima del crecimiento potencial nominal de la economía. La europea, para economías que deben afrontar un proceso relevante de reducción de su deuda. Además, la regla de gasto nacional excluye a la Seguridad Social y, por tanto, al gasto en pensiones que representa casi un tercio del gasto público.
Tramitación parlamentaria
En la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la regla de gasto se somete a la aprobación en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja vota la senda de estabilidad (objetivo de déficit y de deuda pública). Es una condición sine qua non para poder presentar el proyecto de ley de presupuestos en el Parlamento. En este sentido, Herrero apostó por someter al control parlamentario la regla de gasto dado que es la variable de referencia y la que permite que la política fiscal tenga un carácter contra-cíclico y de estabilidad a medio plazo.
“Cuando se está en un buen momento económico, como el actual, [la regla de gasto] te obliga a tener superávit para acumular margen para cuando las cosas vengan mal dadas. Y así no haya que hacer recortes que, en ese momento, ninguno deseamos, porque además tienen ese carácter contra-cíclico. Cuando la regla de gasto ha empezado a ser más exigente, es cuando empieza a incumplirse“, señaló Herrero. Según explicó, se llega a una situación paradójica de exigencia de disciplina en el gasto, cuando los ingresos están creciendo. “Si la regla es la variable de control, la variable de referencia, probablemente lo que, a lo mejor hay que cambiar, es lo que se lleva al Parlamento”. En cualquier caso, sí apostó porque haya un pronunciamiento de las cortes en los objetivos del marco fiscal.
Cómo afecta la regla de gasto
Según advirtió la AIReF en su informe, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijan sin tener en cuenta la regla de gasto ni la situación de partida de cada administración. Ello conduce a una incoherencia en la aplicación en función de si se considera la regla de gasto nacional o la europea, que puede llevar a diagnósticos muy distintos. Así lo reflejó la institución en el informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas de 2026.
A su vez, una aplicación estricta de la regla de gasto hubiera supuesto una reducción de la deuda pública hasta el 69% del PIB, frente al 103% al que se encuentra actualmente o al 100,9% previsto por el Ejecutivo en 2026. El estudio de la AIReF recuerda que la regla de gasto ha sido cumplida por la Administración Central en tres de los ocho ejercicios que ha estado en vigor, es decir, un 37,5% de las veces. Por el contrario, el objetivo de deuda se ha cumplido en un 71% de las veces.
Reforma del marco fiscal nacional
Con este punto de partida, Cristina Herrero abogó por una reforma del marco fiscal estructural, que calificó de “poco realista, poco creíble; y que tiene problemas para exigir su cumplimiento“. Por todo ello, aprovechando que, a 31 de diciembre de 2025, España tiene que dar cumplimiento a la Directiva europea, planteó una reforma integral para corregir sus debilidades y alinearlo con el marco europeo. “No parece razonable que un marco fiscal nacional se acabe regulando a través de leyes ordinarias, reales decretos u órdenes ministeriales. Un marco fiscal nacional sólido, coherente y eficaz necesita estar regulado en una ley orgánica“, señaló Herrero.
No obstante, reconoció la dificultad actual en el Congreso de los Diputados para abordar una reforma integral de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y , en este sentido, cuestionó que el Gobierno haya limitado la transposición de la norma europea a actualizar cuestiones muy puntuales. Una relacionada con la labor de supervisión de la AIReF, para su evaluación externa. Y la segunda, orientada a incorporar el impacto de los riesgos climáticos a los riesgos macrofiscales. Ambas se desarrollarán tal y como avanzó María Jesús Montero a través de reales decretos.
La propuesta
Para la AIReF, uno de los problemas es la falta de credibilidad del modelo nacional por su incumplimiento. En concreto, identificó la falta de consistencia entre las múltiples reglas existentes, los problemas de coordinación entre administraciones y la existencia de un sistema excesivamente estricto de medidas correctoras que resulta inaplicable. En su propuesta, la AIReF defiende que la regla de gasto también debería aplicarse a los Fondos de la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las grandes corporaciones locales. Es decir que cada una de estas entidades o administraciones elaboren su propio plan de manera que se eviten -como así ocurre ahora- objetivos incumplibles.
Como explicó Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario del organismo, con el modelo actual, para algunas comunidades el objetivo de estabilidad es “irrelevante”, porque podrían cumplirlo y hasta incrementar el gasto por encima de la regla. Sin embargo, para otras -como Valencia o Murcia es inalcanzable-, y por lo tanto no tienen como meta poder cumplirlos. “Si objetivos fueran realistas no haría falta incumplirlos. Ningún Gobierno va a asumir el coste de fiscalizar una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Esto es algo que no se va a aplicar”, admitió Cristina Herrero, que abogó por una supervisión más rápida y con mucho más automatismo.