1.755 millones menos para las regiones

Montero tendrá que ajustar los Presupuestos al marco fiscal remitido a Bruselas

El previsible rechazo del Congreso a la senda de déficit obligará al Gobierno a diseñar unas cuentas ajustadas al Plan Fiscal comprometido con la UE, un marco que reducirá el margen de gasto de las comunidades autónomas

EFE/Chema Moya

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer en el Congreso la senda de déficit en tono conciliador, pero advirtió de que, si no se aprueba, el Gobierno presentará igualmente los Presupuestos bajo un marco fiscal más restrictivo. “Les pido que abandonen los discursos electoralistas…”, dijo, antes de recordar a los territorios las consecuencias de un rechazo.

Sin la aprobación de los objetivos de estabilidad previstos para 2026, el proyecto de Ley de Presupuestos se acompasará a la senda de estabilidad establecida en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo. Este se envió a Bruselas en octubre de 2024 y sitúa a la regla de gasto como límite principal. Ese marco fija un crecimiento del gasto del 3,5% en 2026.

¿Qué implica esto? De momento, la titular de Hacienda ha trasladado un dato: los objetivos del Plan Fiscal Estructural sitúan la senda para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria.

Las regiones más afectadas

María Jesús Montero (c-fondo) junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (fondo), durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 18 de noviembre en Madrid.
EFE/ Zipi Aragon

Es decir, en un 0% de déficit para el subsector de las autonomías, frente al 0,1% aprobado por el Consejo de Ministros, tras pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ello supone una menor capacidad de gasto para las regiones. Y, en la práctica, como cuantificó ayer la ministra, las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026. La aplicación estricta del plan reduce el margen para ampliar gasto social, inversión o servicios públicos, según los cálculos del Ministerio. Si se tiene en cuenta todo el periodo (hasta el año 2028) perderán 5.485 millones en capacidad de gasto dentro del subsector comunidades autónomas. No afectará a los entes locales, que están en el equilibrio presupuestario.

Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos de Hacienda. Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones), Galicia (280,8 millones), Castilla y León (256,7 millones), Canarias (200,5 millones); mientras que en el resto el impacto es inferior a los 200 millones de euros. La única que no se ve afectada es País Vasco, al no estar incluida en el régimen común.

Regla de gasto y deuda pública

Más allá de la presión trasladada por el Ejecutivo a las comunidades autónomas, será la regla de gasto la guía del proyecto de presupuesto. “Lo que limita el presupuesto es la regla de gasto que ha venido para quedarse“, ha subrayado Montero en el pasado. Esta se sitúa en el 3,5% en 2026, en el 3,4% en 2027 y en el 3,2% en 2028. Este criterio es bien visto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es uno de los deberes que ha trasladado su presidenta, Cristina Herrero, a María Jesús Montero. Situarla en el centro del debate en el diseño de las cuentas pública y que, incluso, sea esta la guía que se vote en el Congreso de los Diputados. También acompasar la nueva regla de gasto europea, en vigor desde 2024, a la nacional.

A su vez, la senda de estabilidad remitida a la Comisión Europea refleja una reducción de la deuda pública sobre el PIB. En concreto, este documento prevé que se sitúe en el 100,1% en 2026, en el 98,4% un año después y en el 96,6% en 2028. Durante la presentación de los objetivos de estabilidad, María Jesús Montero destacó que la deuda se ha reducido en 22 puntos desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021. Y así, el Gobierno sitúa los objetivos de deuda pública en el 100,9% en 2026; en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028.

Techo de gasto

En cuanto al techo de gasto, que simplemente tiene que informarse al Congreso, el varapalo a la senda de déficit en el pleno no implicará su modificación, como así anticipó María Jesús Montero. “El techo de gasto seguirá siendo el mismo, porque el Gobierno de España utilizará su misma capacidad fiscal que tenía para desarrollarlo”, explicó. El pasado 18 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto histórico: 212.026 millones, un 8,5% más, sin contar con los fondos europeos. Si se tienen en cuenta los recursos del Plan de Recuperación, ascenderá a 216.177 millones. Esto implica un alza del 8,5% y 17.007 millones adicionales para el año 2026, último año en el que estarán disponibles.

Una de las dudas que surgen es si el techo de gasto cumple con la regla de gasto (tanto nacional como europea), que guiará las cuentas públicas. La AIReF ha dado también dos claves esta semana. En un ejercicio previo, al descontar el Plan de Recuperación, el techo solo aumentaba un 0,5%. Y por otra, ha advertido de que no dispone de información suficiente sobre ingresos, déficit y ajustes de contabilidad nacional para evaluar el cálculo actual. De ahí, la importancia para este organismo de que el Gobierno presente unas cuentas públicas, aun a sabiendas de que serán rechazadas.

Calendario

 

En este sentido, María Jesús Montero confirmó que volverá a presentar la senda de déficit para su votación en el Congreso de los Diputados lo antes posible. En un escenario optimista, algunas fuentes confían en poder hacerlo antes de que finalice el año. Ello obligará a convocar previamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera como requisito previo para que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros.

A partir de entonces, el Gobierno ya habrá cumplido el vía crucis al que esta obligado para poder presentar el proyecto de de Ley de Presupuestos al Congreso. La esperanza de Montero es llevarlos a la Cámara Baja a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas -un hito prácticamente imposible en el momento actual- a lo largo del mes de abril o mayo. Con todo, y pese a reconocer que no será “una tarea fácil”, Montero mantiene su propósito de dejarse “la piel” para que cada grupo pueda tener un motivo suficiente para apoyar los PGE de 2026.

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