La democracia española afrontará a sus casi 50 años un problema nunca antes visto, el de un diputado del Congreso que entra en prisión sin que exista la completa certeza de qué va a ocurrir ahora en el hemiciclo.
Aunque la Mesa del Congreso ya había valorado y estudiado la posibilidad de que José Luis Ábalos ingresara en prisión, no fue hasta ayer cuando se activaron los mecanismos. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió un oficio al Tribunal Supremo para recibir la formalidad sobre el encarcelamiento de un diputado y así poner en marcha el procedimiento para suspender los derechos que tiene como diputado del Grupo Mixto (incluyendo el sueldo y el voto).
La idea de la Mesa del Congreso es aplicar el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que prevé la suspensión de derechos y deberes parlamentarios en caso de prisión preventiva. Esta aplicación es automática, es decir, que no requiere un debate y una votación por parte de la Mesa del Congreso.
Con el acta, sin los derechos
La suspensión de derechos y deberes incluye la incapacidad de ejercer el voto telemático y delegado. Ábalos no pierde en ningún caso el acta de diputado, sino que todos sus derechos y deberes parlamentarios se restituirían de forma automática en caso de excarcelamiento.
Por tanto, mientras Ábalos permanezca en el centro penal no habrá 350 escaños operativos, sino 349. Al haber roto Junts su colaboración política con el PSOE y haber pasado a la oposición, la suspensión del escaño de Ábalos no tiene tanta trascendencia porque los socialistas seguirán afrontando las principales votaciones con derrota prácticamente garantizada.
El precedente del procés
Sea como fuere, al no haber 350 diputados operativos, sino 349, algún grupo parlamentario podría plantear la modificación de las mayorías en la Cámara, algo que tendrán que estudiar los letrados según los precedentes.
En 2019, la Mesa del Congreso suspendió de sus cargos a cuatro diputados independentistas (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) que ya estaban en prisión. Tras un informe de los letrados, la mayoría absoluta del Congreso se mantuvo en 176 escaños de un total de 350.
De no modificar el cómputo de la Cámara, la ausencia de Ábalos y su negativa a renunciar al acta de diputada introduciría una nueva incertidumbre. Una abstención de Junts —para desmarcarse de la oposición frontal a algún tema— acabaría desembocando en un empate de bloques: los 171 de PP (137), Vox (33) y UPN (1) frente a los 171 de PSOE (120), Sumar (31), ERC, (7), PNV (6), EH Bildu (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1). Un empate, según el reglamento del Congreso, obliga a una nueva votación y al tercer empate la iniciativa decae.
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