El presidente de la Xunrta, Alfonso Rueda, anuncio la aprobación de la modificación de la Ley de Salud de Galicia para reforzar la protección del personal sanitario frente a las agresiones, un problema creciente en los últimos años. El presidente subrayó que la administración autonómica tendrá “tolerancia cero con las conductas violentas que pongan en riesgo la integridad del personal en los centros sanitarios”.
La medida, aprobada por el Consello, convierte a Galicia en la primera comunidad autónoma de España que aplicará sanciones específicas por las agresiones a técnicos de emergencias y personal del 061, colectivos especialmente expuestos a ataques verbales o físicos durante su labor asistencial. Según explicó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la norma “pone los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud”.
Galicia eleva a rango de lei a protección do seu persoal sanitario. Seremos pioneiros en sancionar agresións a técnicos do 061 e en incorporar a violencia dixital. Protexer a quen nos coida é garantir unha sanidade segura e respectuosa para todos pic.twitter.com/7lMQKUSdg4
— Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) November 11, 2025
El nuevo texto amplía además la definición de “profesional sanitario” para incluir al personal de inspección, administración, admisión o gestión, que también son objeto frecuente de agresiones o amenazas. Otra novedad destacada es la inclusión de la violencia digital, es decir, los insultos, campañas de desprestigio o amenazas en redes sociales contra los trabajadores del sistema sanitario. También se extiende el concepto de agresión a hechos ocurridos fuera de los centros sanitarios cuando estén vinculados al ejercicio de las funciones profesionales.
La reforma introduce un tratamiento diferenciado en el régimen de sanciones, con medidas proporcionales a la gravedad de cada agresión. En los casos más graves, los infractores podrán ser trasladados a otro centro o asignados a un profesional distinto durante un máximo de cinco años. Asimismo, el personal agredido contará con apoyo psicológico y asesoría jurídica proporcionada por la Xunta, en caso de que desee emprender acciones legales.
Otro aspecto innovador de la ley es la regulación de las grabaciones sin consentimiento en consultas, que podrán considerarse una “quiebra de la confianza” entre paciente y profesional. En tales casos, el sanitario podrá suspender temporalmente la atención, dejando constancia de lo sucedido en la historia clínica del paciente, sin que ello afecte a su derecho a recibir asistencia médica.
Prevención y apoyo
La prevención constituye uno de los pilares de la reforma. El texto establece la creación de un Plan gallego de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que garantizará el derecho de todos los profesionales a recibir apoyo y protección de las administraciones públicas. Además, se habilitará un Registro gallego de actos de violencia externa, donde se inscribirán todos los incidentes sancionados, con el objetivo de contar con estadísticas actualizadas y diseñar políticas preventivas más eficaces.
En materia formativa, el proyecto contempla la puesta en marcha de programas de capacitación y autoformación sobre manejo de conflictos y actuación ante situaciones de riesgo. Se reforzará también la colaboración entre interlocutores policiales y sanitarios, con la realización de actividades conjuntas y cursos en línea.
La Xunta justifica esta reforma ante el aumento sostenido de agresiones a profesionales de la salud. Según los datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el último año se registraron más de 500 incidentes, de los cuales el 70% fueron de carácter verbal, aunque los casos físicos —menos frecuentes— han dejado secuelas psicológicas y afectado al clima laboral en los centros asistenciales.
Los episodios de violencia más recientes, como la agresión a una médica en O Porriño o el ataque a un celador en el CHUS de Santiago, han reavivado la preocupación en el sector y acelerado la tramitación de esta ley. “Con esta ley queremos proteger a quienes nos protegen”, afirmó el conselleiro Gómez Caamaño, quien destacó que el texto fue elaborado con aportaciones de asociaciones, sindicatos y representantes del personal sanitario.
El proyecto será remitido ahora al Parlamento de Galicia para su tramitación y aprobación definitiva, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Con esta iniciativa, el Gobierno gallego busca blindar legalmente al personal sanitario, reafirmando su compromiso con la seguridad, el respeto y la dignidad profesional de quienes sostienen el sistema público de salud.